Tres semanas llevamos de enero, tras la decisión en diciembre de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA, por sus siglas en inglés) de otorgar una autorización de uso de emergencia para las vacunas experimentales de ARNm de Pfizer y Moderna, aproximadamente 14 millones de estadounidenses han recibido una o más dosis de vacuna contra el coronavirus.

Sin embargo, los 14 millones de adultos vacunados hasta ahora están significativamente por debajo del objetivo de la Operación Warp Speed de administrar 20 millones de pinchazos para finales de 2020. Los funcionarios ofrecen dos razones principales para el despliegue “perezoso” de la vacuna: los problemas logísticos (por el lado de la oferta) y el obstáculo de la negativa a la vacuna por el lado de la demanda.

Scott Gottlieb, el ex comisionado de la FDA que pasó por la puerta giratoria para unirse a la junta directiva de Pfizer en 2019, prediceque la demanda de los pinchazos se volverá “blanda” después de que sólo un tercio de la población estadounidense haya aceptado la inyección.

El hecho es que, a pesar de los mensajes omnipresentes a favor de las vacunas experimentales,el interés de muchos estadounidenses en la vacunación COVID-19 es tibio en el mejor de los casos. Este es particularmente el caso entre los trabajadores sanitarios y de residencias de ancianos a los que se les pide que sean los primeros en subirse la manga. Muchos están rechazando las inyecciones, esforzándose por explicar que no son “anti-vacunas” pero que se oponen a ser “conejillos de indias”.

Desde Los Angeles a Ohio y Maine,hasta el 60% de los trabajadores sanitarios de primera línea elegibles para vacunación están rechazando las vacunas de ARNm aún sin licencia. Los sistemas de salud, “con la clara intención de dar sus dosis a tantas personas como sea posible, lo más rápido posible”— informan que en algunos lugares, la vacuna está “literalmente sentada en congeladores” porque los trabajadores sanitarios no quieren ponérsela”. [do]

La situación es similar en los hogares de ancianosde la nación, donde “los trabajadores han sido más reacios que los residentes a ser vacunados”. Según un grupo que representa residencias de ancianos con fines de lucro, la mitad del personal de cuidado a largo plazo no está dispuesto a ponerse las vacunas COVID. Y con el tiempo, los empleados de residencias de ancianos que presencian cómo los residentes de edad avanzada mueren en cuestión de horas o días después de recibir sus inyecciones, pueden volverse aún más reacios a jugar a la ruleta de vacunas.

Analizando el tema de los mandatos, un ejecutivo de Yale declaró a principios de diciembre que es posible “lograrlo [vaccination] sin forzar a la gente”, citando como evidencia una ocasión en la que él recibió un pedazo de pastel a cambio de ponerse la vacuna contra la gripe. Reconociendo que la aceptación de las vacunas experimentales COVID-19 podría requerir “más que una trozo de bizcocho”, sugirió no obstante que los “pequeños incentivos financieros” podrían ser adecuados para la tarea.

Aparentemente, el sector privado de Estados Unidos ha llegado a conclusiones similares. Un número creciente de empresas (incluido, pero no sólo, el sector de la salud) están ofreciendo”a los miembros recelosos de su personal” incentivos financieros y no financieros destinados a cambiar la balanza de la decisión de los empleados a favor de la vacunación COVID.

La zanahoria

¿Cómo son estos incentivos?

En Nazaret, Pensilvania, el Hogar de Enfermería Gracedale está ofreciendo a los empleados que se ponen el pinchazo un pago único de $750,“usando el dinero recibido a través de la Ley federal CARES para el pago”.

Los funcionarios del condado que aprobaron los pagos admiten que “puede haber alguna reticencia por parte de algunos empleados para ser inoculado con la vacunación COVID-19 debido en parte a la rapidez de su desarrollo”.

En Texas, el sistema hospitalario metodista de Houston de 26,000 empleados ofrece un “bono de esperanza” de $500 a los trabajadores que aceptan la vacuna COVID. Pero el hospital espera “eventualmente” hacer que la inyección sea obligatoria para los empleados.

Otras instalaciones ofrecen una compensación más modesta. Por ejemplo, un asilo de ancianos de Wisconsin está proporcionando un bono de $150 para el personal que completa ambas dosis, lo que equivale a unas ocho horas de salario para la mayoría de los trabajadores. A.G. Rhodes de Atlanta, una compañía de cuidado a largo plazo, ofrece premios de rifa(televisores, bonos pagados de tiempo libre y cheques de pago por valor de hasta $500) al personal que se vacuna.

Los hogares de ancianos en Maine están explorando estrategias “como bonificaciones o tiempo libre para vacunarse”, pero también consideran fructíferas tácticas no monetarias como la presión de sus pares.

Deseosa de subirse al tren de las buenas acciones y “promover la importancia de la vacunación”, la Liga Nacional de Fútbol ha ofrecido entradas gratuitas para el Super Bowl y “experiencias de día de juego” a 7.500 trabajadores de la salud, siempre y cuando hayan recibido ambas dosis de la vacuna COVID.

En el comercio, la cadena mundial de supermercados Aldi planea dar a los trabajadores que paga por horas dos horas de tiempo libre pagado por dosis de vacuna (un total de cuatro horas), “garantizando que todos los que trabajan por horas que deseen ponerse la vacuna puedan hacerlo sin preocuparse por perder el sueldo o por quitar tiempo del trabajo”.

Trader Joe’s, propiedad de los herederos de los fundadores de Aldi, está haciendo la misma oferta,al igual que Dollar General, que dará a los empleados “un pago único equivalente a cuatro horas de salario después de recibir una vacunación completa”.

Instacart, la plataforma de comestibles en línea, ha anunciado unestipendio de apoyo a la vacunade $25 COVID-19 ” para los miembros del equipo de la tienda y los “shoppers” de la compañía (individuos a los que se les paga para comprar y entregar comestibles) “mientras se toman tiempo lejos de Instacart para vacunarse.”

Los laboratorios de ideas, ‘think tanks’, y los especialistas en ética intervienen

Los debates sobre los incentivos financieros para la vacunación también han estado circulando en los grupos de reflexión de alto perfil, y algunas de las propuestas hacen que el estipendio de 25 dólares de Instacart palidezca en comparación.

Por ejemplo, los ex aspirantes presidenciales John Delaney y Andrew Yang apoyan la idea de pagar $1500 a cualquier estadounidense que proporcione pruebas de vacunación. Mientras tanto, Robert Litan, de Brookings Institution, aboga por un pago de $1,000 (libre de impuestos), aunque este último propone inteligentemente retrasar la mayoría (80%) del pago a las personas vacunadas hasta que la nación alcance el nivel deseado de cobertura de vacunas (un objetivo móvil que los representantes el Dr. Peter Hotez y el Dr. Anthony Fauci han ido sin tregua “subiendo … lentamente”).

El 6 de enero, expertos médicos de Cornell y la Universidad de Pensilvania emitieron un artículo de opinión en el Journal of the American Medical Association (JAMA), criticando las “propuestas de pago por vacunación” como “moralmente sospechosas”, pero no por las razones que uno podría pensar. La principal objeción de los dos autores, basada en la histórica suposición que niega el código de Núremberg y es éticamente dudosa de que “la gente tiene el deber moral de ser vacunada” – es que el pago “robaría el acto [of being vaccinated] de su importancia moral. A lo sumo, los dos dicen que podrían aceptar reembolsar a los vacunados sus gastos, “algo análogo al modesto pago ofrecido a los ciudadanos convocados para el deber de jurado”.

Aunque no es su principal objeción, los dos autores reconocen preocupaciones éticas “auténticas” “sobre la influencia de ese incentivo en la toma de decisiones” y el riesgo de que los incentivos parezcan estar “comerciando con la inseguridad económica”. Afirman:

“Ofrecer el pago como un incentivo para la vacunación COVID-19 puede considerarse que se aprovecha injustamente de aquellos residentes estadounidenses que han perdido empleos, han experimentado la inseguridad alimentaria y de la vivienda, o se han colado en la pobreza durante la pandemia”.

El bioético Julian Savulescu, del Centro Oxford para la ética práctica del Reino Unido, tiene una solución para esta preocupación, descrita detalladamente en el Diario de ética médica de Gran Bretaña en noviembre. En su tratado, Savulescu propone benignamente un modelo de “pago en especie” en lugar de dinero en efectivo, argumentando que “mayor libertad para viajar, oportunidad de trabajar o socializar”, y “la libertad de no usar una mascarilla en lugares públicos … y no estar obligado a mantener la distancia social” representaría “beneficios atractivos” para los vacunados.

El palo

Tal como Savulescu lo ve, los mandatos de vacunas conllevan molestias, gastos y ataques a la libertad que exasperan a los ciudadanos. Por lo tanto, a corto plazo, y también porque las vacunas Pfizer y Moderna siguen siendo investigadas, la mayoría de los funcionarios que promueven la vacunación COVID-19 niegan la perspectiva de un mandato gubernamental.

En cambio, parecen de lo más felices de permitir que el sector privado establezca el tono para la coacción para ponerse las vacunas, utilizando incentivos monetarios que representan un primer paso, menos amenazante.

Varios acontecimientos en diciembre sugieren que la situación empeorará. En primer lugar, justo después de que la FDA otorgase a la vacuna Pfizer su autorización de uso de emergencia, una encuesta del 15 de diciembre realizada por Yale destacaba “una sorprendente cantidad de apertura a la idea de mandatos para vacunas” entre los directores ejecutivos actuales y recientes de las principales empresas estadounidenses, incluyendo Walmart, Goldman Sachs, eBay, American Airlines, MetLife y Pizza Hut. Aunque la mayoría aún no estaban listos para supeditar el empleo a la vacunación COVID, casi tres cuartas partes (72%) de los directores ejecutivos respaldaron la idea de mandatos en algún momento “en el futuro”.

Justo en el momento adecuado, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC, por sus siglas en inglés), presentó el 16 de diciembre una guía para la pandemia que establece que los empleadores “generalmente pueden exigir”que los empleados reciban una vacuna COVID-19 si la FDA autoriza o aprueba la vacuna, siempre sujeto a protecciones para los empleados que buscan exenciones médicas o religiosas.

Art Caplan, un amigo de la industria farmacéutica y celebridad de la bioética de la Universidad de Nueva York una vez acusado por la revista liberal Salon de estar tan dispuesto a dispensar breves citas como si fuesen “sólido pensamiento moral”, recientemente se jactaba de su papel anterior como instigador de “toda la idea de fomentar la vacunación obligatoria contra la gripe para los trabajadores de la salud” con la amenaza de perder su trabajo.

En respuesta al rechazo de los trabajadores de la salud a ponerse las vacunas de la gripe obligatorias en el lugar de trabajo ,Caplan sin la más mínima empatía escribió en 2009: “Ya basta de lloriqueos, quejas, manifestaciones y protestas de los trabajadores de la salud. Los médicos, las enfermeras, los terapeutas respiratorios, los auxiliares de enfermería y cualquier otra persona que tenga contacto regular con los pacientes van a tener que vacunarse contra la gripe o encontrar otra línea de trabajo”.

Los comentarios recientes de Caplan aclaran que él y otros se están preparando para defender los mismos planteamientos para las vacunas COVID-19. Aunque reconoce la dificultad de ordenar “algo que está con una autorización de uso experimental”, afirma que “una vez que las vacunas reciban una licencia, veremos mandatos [para los trabajadores de la salud y el personal de residencias de ancianos] antes de una semana”. [for healthcare workers and nursing home staff]

Caplan también predice la adopción de medidas similares de otros tipos de empleadores, que “insistirán en mandatos o le dirán que se quede en casa”.

Tomados por sorpresa

Los funcionarios de salud pública parecen haber sido pillados por sorpresa por el grado de rechazo a la vacuna COVID-19 entre los trabajadores de la salud, y seguramente deben estar preocupados por el hecho de que los trabajadores hayan perdido la fe “en grandes empresas farmacéuticas, ‘big phama’, e incluso en los CDC” [Centers for Disease Control and Prevention]puede hacer que los empleados sean impermeables a las cantidades relativamente modestas con las que se les tienta como incentivos financieros.

Sopesando los riesgos y beneficios (una actividad en la que se debe permitir que todos los trabajadores sanitarios, realmente todas las personas, participen), una enfermera embarazada que rechazó la inyección de ARNm le dijo a Los Angeles Times que estaba “eligiendo el riesgo de COVID”, observado durante muchos meses de cuidar a los pacientes con COVID, sobre “el riesgo de lo desconocido que viene con la vacuna”.

El Dr. Peter Hotez, que inicialmente expresó cautela sobre las vacunas contra el coronavirus, pero que ahora se ha convertido en uno de los animadoresmás fiables de las inyecciones, ha identificado inadvertidamente el verdadero problema: la obsesión por las vacunas como única solución. Como Hotez admitiórecientemente: “[P]onemos todos nuestros huevos en la cesta de la biotecnología. Ahora dependemos exclusivamente de las vacunas para controlar esto”.

Un problema aún más significativo es el mensaje de doble-pensar contradictorio que ahora está equiparando la vacunación con la “libertad”.