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Los funcionarios del condado de Los Ángeles deben cumplir la legislación medioambiental estatal a la hora de conceder permisos para nuevas infraestructuras inalámbricas, según ha dictaminado un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.
La sentencia es una victoria para “Children’s Health Defense” (CHD) y una coalición de grupos comunitarios y ecologistas en un caso histórico contra la acelerada proliferación de infraestructuras inalámbricas en el condado de Los Ángeles.
W. Scott McCollough, abogado principal de los demandantes, declaró en un comunicado de prensa: “La sentencia del tribunal es una gran victoria en la batalla contra la proliferación sin restricciones de la tecnología inalámbrica por los riesgos conocidos para el medio ambiente y la salud de las personas.”
McCollough, litigante principal de los casos de radiación electromagnética (REM) e inalámbrica de CHD, añadió: “Queda mucho por hacer, y trabajamos en ello todos los días, pero este es un paso significativo en la dirección correcta”.
La demanda alegaba que el condado de Los Ángeles infringió la ley medioambiental estatal de California -la Ley de Calidad Medioambiental de California (CEQA)- al aprobar dos ordenanzas que permitían a las empresas de telecomunicaciones instalar infraestructuras inalámbricas sin revisión medioambiental.
La CEQA exige a los organismos públicos que “miren antes de saltar” teniendo en cuenta las consecuencias medioambientales de las medidas que proponen.
El condado alegó que los proyectos inalámbricos estaban exentos de la revisión de la CEQA, pero el juez James C. Chalfant discrepó.
En su dictamen de 65 páginas, el juez Chalfant afirma que la legislación medioambiental estatal se aplica en general a los proyectos inalámbricos y sólo queda excluida por la legislación federal -en este caso, la Ley de Telecomunicaciones de 1996- cuando se trata de modificaciones menores y “colocaciones“, es decir, ampliaciones de torres existentes, mejoras o reparaciones.
El juez también señaló que es necesario un análisis de impacto ambiental para los proyectos inalámbricos propuestos, como las pequeñas células 5G o las torres celulares, a lo largo de carreteras panorámicas o lugares históricos.
Miriam Eckenfels-García, directora del programa “EMR & Wireless” de la CHD, calificó la sentencia del juez de “enormemente importante” porque establece el principio jurídico de que la legislación medioambiental estatal no está subordinada a la federal, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de colocar torres de telefonía móvil.
“Eckenfels-García declaró a “The Defender”: “Nuestra estrategia de litigios en materia de radiofrecuencias e inalámbricos está poniendo a prueba los límites de la competencia federal en este ámbito, ya que intentamos establecer y garantizar lo que los estados y las autoridades locales pueden hacer para proteger a la población y el medio ambiente de las nocivas radiaciones de radiofrecuencia.”
El nivel local es donde la gente tiene influencia, dijo, por lo que necesitamos preservar tantos derechos estatales y locales como sea posible.
“Saber que las leyes medioambientales estatales pueden utilizarse para frenar el descontrolado despliegue inalámbrico y detener algunas de estas torres es una gran victoria para nosotros y algo que capacitará a las comunidades de todo el país para contraatacar.”
El juez dio de plazo a ambas partes hasta el 7 de mayo para responder a su sentencia.
McCollough dijo a “The Defender” que el equipo legal está “considerando solicitar una nueva revisión de ciertas cuestiones.”
Además de CHD, entre los demandantes figuran “Fiber First LA“, Madres del Este de Los Ángeles, Socios comunitarios de Boyle Heights, “United Keetoowah Band of Cherokee Indians de Oklahoma”, Unión Binacional de Organizaciones de Trabajadores Mexicanos Ex Braceros 1942-1964, “California Fires & Firefighters”, “Malibu For Safe Tech”, “EMF Safety Network”, “California for Safe Technology” y “5G Free California”.