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El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló la semana pasada una decisión que durante 40 años había dado ventaja a las agencias reguladoras federales cuando eran impugnadas ante los tribunales.
La decisión del tribunal por 6-3 -que según la CNN “transformará el funcionamiento del gobierno federal”- revocó la histórica decisión de 1984 en el caso Chevron contra el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, que dio lugar a lo que se conoce como la doctrina de deferencia Chevron.
En virtud de la doctrina Chevron, las agencias federales tienen potestad para interpretar una ley que administran cuando dicha ley está redactada de forma imprecisa, y los tribunales deben deferirse a la interpretación de una ley por parte de la agencia.
En una sentencia del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, los jueces rechazaron la doctrina de la deferencia Chevron, calificándola de “fundamentalmente errónea”. Dijeron que los tribunales deberían basarse en su propia interpretación de las leyes ambiguas en lugar de tener que aceptar la interpretación de la agencia.
W. Scott McCollough, litigante principal de los casos de Radiación Electromagnética (REM) e Inalámbrica de Children’s Health Defense(CHD) y profesional del derecho administrativo desde hace más de 40 años, declaró a The Defender que estaba “contento de ver desaparecer la doctrina de deferencia Chevron” porque “beneficiaba sobre todo a los poderosos”.
Se supone que organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Comisión Federal de Comunicaciones trabajan para el público, pero cuando están controlados por la industria, someterse a su “experiencia” puede significar someterse a las preferencias de la industria que se supone que deben regular, dijo McCollough.
“La conclusión es que la doctrina dio a los poderosos -las personas que controlan las agencias- un enorme pulgar en la balanza”, dijo McCollough, “haciendo casi imposible que la gente normal impugne el favoritismo de las agencias ante los tribunales”.
La Dra. Meryl Nass dijo en Substack que el quid de la cuestión es si deben tener más poder las agencias o los tribunales (y los demandantes).
“Hoy, las agencias han sido capturadas, así que prefiero quitarles su poder”, dijo Nass. “Pero algún día, si se les puede obligar a trabajar para el público, podría desear que tuvieran más”.
¿Quién tiene la última palabra en la interpretación de la ley?
Kim Mack Rosenberg, abogada general de la CHD, dijo a The Defender: “Esta sentencia responde a la pregunta: “Si una ley es ambigua, ¿quién tiene la última palabra al respecto?””.
La deferencia a la decisión Chevron permitió a las agencias ser esencialmente las responsables últimas de la interpretación de leyes ambiguas, dando un enorme poder a las agencias federales, dijo.
“Por desgracia”, continuó Mack Rosenberg, “muchas de estas agencias son ‘agencias cautivas’ con estrechos vínculos (incluso financieros) con las industrias que se encargan de regular. Así que carecen de objetividad con respecto a esas industrias”.
La sentencia significa que los jueces federales tienen ahora más autoridad para interpretar estas leyes, explicó.
Mack Rosenberg dijo que la sentencia es muy importante para la CHD, ya que “muchas de las demandas de la CHD pretenden responsabilizar a los organismos gubernamentales de su acción o inacción, y prevemos futuros litigios también en este ámbito.”
La sentencia del viernes no reabre decisiones antiguas, por lo que los casos anteriores que utilizaron la doctrina de la deferencia de Chevron para llegar a un resultado no serán de repente discutibles.
Eliminar la deferencia establecida por Chevron no significa que los tribunales vayan a ignorar sin más las interpretaciones de las agencias, dijo Mack Rosenberg, pero la sentencia da a los tribunales más autoridad potencial para interpretar leyes ambiguas sin estar obligados por las interpretaciones de las agencias.
“Sin embargo”, añadió, “también hay un inconveniente”.
Los tribunales muchas veces no tienen los conocimientos especializados necesarios para aclarar detalles ambiguos sobre determinadas leyes. Esto puede ser un problema, sobre todo en pleitos relativos a leyes y reglamentos muy densos o técnicos desde el punto de vista científico.
Cuando el Congreso aprueba leyes, a veces deja intencionadamente ambiguos los detalles técnicos, dijo Mack Rosenberg. “El Congreso no tiene la experiencia necesaria para redactarlo todo con todo detalle”, dijo. “La idea es que la agencia ejecutiva -con su personal experto- interprete y aplique esa ley. Para eso están las agencias federales y los ejecutivos”.
Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU contrata a personas con doctorados en ciencias medioambientales, dijo. “Un juez federal puede tener cero conocimientos sobre cuestiones medioambientales”.
McCollough también lo señaló.
“La mayoría de los jueces odian los casos de derecho administrativo”, dijo. “Los temas les hacen doler la cabeza porque no saben la diferencia entre óxido nitroso y óxidos de nitrógeno y prefieren no tener que averiguarlo”.
La magistrada discrepante Elena Kagan, a la que se unieron las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, expresó la misma preocupación.
En su opinión, Kagan subrayó que es más probable que las agencias tengan los conocimientos técnicos y científicos necesarios para tomar decisiones sobre la interpretación de normas técnicas y leyes que los tribunales.
Dijo que la doctrina de deferencia Chevron “se ha convertido en parte de la urdimbre y la trama del gobierno moderno, apoyando esfuerzos reguladores de todo tipo -por nombrar algunos, mantener limpios el aire y el agua, seguros los alimentos y los medicamentos, y honestos los mercados financieros”.
La sentencia podría causar una “conmoción en el sistema jurídico”.
Kagan predijo que la sentencia de la semana pasada “causará una conmoción masiva en el sistema jurídico”, posiblemente poniendo en duda las interpretaciones del derecho establecido, “amenazando los intereses de muchas partes que han confiado en ellas durante años”, dijo.
Amy Howe, en un artículo para SCOTUSblog, escribió que cuando el Tribunal Supremo emitió su decisión en el caso Chevron hace más de 40 años, la decisión no se consideró especialmente trascendente.
“Pero en los años transcurridos desde entonces”, escribió Howe, “se convirtió en una de las sentencias más importantes sobre derecho administrativo federal, citada por los tribunales federales más de 18.000 veces”.
Kent Barnett, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia especializado en derecho administrativo, declaró a la CNN: “No hay ámbito sustantivo que esta doctrina no toque”.
Algunos investigadores afirmaron que la revocación de la doctrina Chevron podría socavar el proceso de aprobación de fármacos y dispositivos de la FDA.
Actualmente, la FDA aprueba los fármacos y dispositivos basándose en las pruebas que las empresas presentan a partir de lo que la ley denomina investigaciones “adecuadas y bien controladas“, pero la definición de “adecuadas y bien controladas” se ha dejado a la interpretación de la FDA.
El suplente Matt Stoller dijo que la nueva sentencia “ha invitado al caos en el gobierno”.
“Miles y miles de reglamentos y leyes se elaboraron bajo la premisa de que los organismos podían interpretar sus estatutos por sí mismos y redactar normas que los ejecutaran”, afirmó. “Ahora los jueces nombrados de por vida y sin experiencia real van a tener la oportunidad de reescribirlos todos”.