Una demanda que alega que el gobierno estadounidense censuró las opiniones de los científicos que escribieron la“Declaración de Great Barrington” ilustra “el propósito principal de la Primera Enmienda y la razón por la que los redactores de la Constitución no crearon una excepción para la “desinformación”, según Jenin Younes,el abogado de litigios de la Nueva Alianza por las Libertades Civiles (“New Civil Liberties Alliance”, NCLA por sus siglas en inglés), que representa a los científicos.

En un artículo publicado el mes pasado en Tablet, una revista online de noticias, ideas y cultura judías, Younes afirmó que la censura de las “ideas erróneas” por parte de las grandes empresas tecnológicas a instancias del gobierno es una censura gubernamental que viola la Primera Enmienda.

Según Younes, en octubre de 2020, tres “epidemiólogos con credenciales impecables”– Jayanta Bhattacharya Profesor de medicina en Standford, Martin Kulldorff Profesor de medicina en Harvard y Sunetra Gupta, Profesor de epidemiología en Oxford (Reino Unido), se reunieron para resumir públicamente sus puntos de vista críticos sobre las emergentes restricciones COVID-19 impuestas por el gobierno.

Younes dijo que los tres expertos, tras realizar su propia investigación, escribieron que los confinamientos crean más daños que beneficios, y que los recursos deberían dedicarse a proteger a los vulnerables en lugar de a cerrar la sociedad.

Llamaron a su declaración con el nombre de Great Barrington, Massachusetts, la ciudad donde se reunían.

Pero su declaración -y su llamamiento a un sólido debate científico público sobre las respuestas gubernamentales apropiadas al COVID-19- se vio frustrada por la censura del gobierno estadounidense.

“Los doctores Anthony Fauci y Francis Collins, enamorados de su nueva fama y regodeándose en la autojustificación, se encargaron de silenciar el debate sobre el tema más importante del momento”, dijo Younes.

Aunque los tribunales federales de distrito recientemente han desestimado casos similares con el argumento de que los demandantes no podían probar la acción del Estado, Younes dijo que el juez en la demanda de Missouri contra Biden “llegó a una conclusión diferente” y determinó que “había suficientes pruebas en el expediente para inferir que el gobierno estaba involucrado en la censura de las redes sociales”, por lo que “accedió a la petición de descubrimiento por parte de los demandantes en la fase de requerimiento preliminar”.

Documentos obtenidos hasta ahora, junto con otros obtenidos a través de un caso relacionado y una Ley de Libertad de Información (FOIA) solicitada por “America First Legal,” han puesto de manifiesto el alcance de la apropiación por parte de la administración de las grandes tecnologías para crear “un régimen vasto y sin precedentes de censura basada en el punto de vista sobre la información que la mayoría de los estadounidenses ven, escuchan y consumen de otra manera”, dijo Younes.

La NCLA representa a Bhattacharya, Kulldorff y a otras dos personas, el Dr. Aaron Kheriaty y Jill Hines, en el caso, que fue presentado por los fiscales generales de Missouri y Luisiana.

En la demanda se afirma que George Washington, en un discurso del 15 de marzo de 1783 a los oficiales del ejército, advirtió que si “se nos quita la libertad de expresión”, entonces “mudos y silenciosos podemos ser llevados, como ovejas, al matadero” y que “la libertad de expresión en los Estados Unidos se enfrenta ahora a uno de sus mayores asaltos por parte de los funcionarios del gobierno federal en la historia de la nación”.

Las comunicaciones entre Fauci y Collins mostraron que los dos funcionarios trabajaron juntos y con medios de comunicación tan diversos como Wired y The Nation para orquestar una “eliminación” de la declaración”, según Younes, que predijo más descubrimientos de este tipo a medida que se desarrolla el caso.

El gobierno de Estados Unidos orquestó la “eliminación” de la “Declaración de Great Barrington”

Cuando la “Declaración de Great Barrington” empezó a circular por las redes sociales y a acumular firmas -incluidas las de otros científicos con grandes credenciales-, la mayoría de los medios de comunicación dominantes denunciaron la declaración, dijo Younes.

Fauci y Collins “repudiaron pública y ruidosamente la ‘peligrosa’ declaración, desprestigiando a los científicos -todos ellos generalmente considerados en la cima de sus campos- como ‘epidemiólogos marginales'”, añadió.

Los correos electrónicos obtenidos a través de la FOIA por el Instituto Americano de Investigación Económica revelaron que los ataques “no eran producto de un proceso de recopilación de noticias objetivo e independiente del tipo que a publicaciones como “The Times” y “The Guardian” todavía les gusta anunciar”, dijo Younes.

“Más bien, fueron el fruto de un intento agresivo de dar forma a las noticias por parte de los mismos funcionarios del gobierno cuyas normativas habían criticado los epidemiólogos”, añadió.

Por ejemplo, un mensaje de texto intercambiado entre Jen Easterly, directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), y otro empleado de CISA que ahora trabaja en Microsoft, decía: “Las plataformas tienen que sentirse más cómodas con el gobierno. Es realmente interesante lo indecisos que siguen siendo”.

Younes dijo que la declaración mostraba que las empresas de medios sociales están censurando contenidos bajo la coacción del gobierno, y no debido a las propias ideas de sus directores sobre el bien corporativo o común.

Además, los correos electrónicos mostraron que las empresas de redes sociales intensificaron los esfuerzos de censura y eliminaron a determinadas personas de sus plataformas en respuesta a las demandas del gobierno, dijo Younes.

Una semana después de que el presidente Biden acusara a las empresas de redes sociales de “matar a la gente”, un ejecutivo de Meta escribió al director general de Sanidad de EE.UU. Dr. Vivek Murthy un correo electrónico diciéndole: “Quería asegurarme de que viera las medidas que hemos tomado esta semana pasada para ajustar las normativas sobre lo que estamos eliminando con respecto a la desinformación, así como las medidas tomadas además para abordar la ‘docena de desinformación“: hemos eliminado otras 17 páginas, grupos y cuentas de Instagram vinculadas a [ellos]. Aproximadamente un mes después, el mismo ejecutivo informó a Murthy de que Meta estaba planeando ampliar sus normativas de COVID-19 para “reducir aún más la difusión de contenidos potencialmente dañinos” y que la empresa estaba “aumentando la fuerza de nuestras limitaciones para los contenidos sobre la COVID y los relacionados con las vacunas.”

Los agentes gubernamentales “son tan propensos a la parcialidad, la arrogancia y el error como el resto de nosotros”

Younes también explicó cómo Alex Berenson, antiguo reportero de “The New York Times” y destacado crítico de las restricciones impuestas por el gobierno a la COVID-19, hizo públicas las comunicaciones internas de Twitter que obtuvo a través del descubrimiento en su propia demanda.

Las comunicaciones mostraban que miembros de alto rango de la administración Biden -incluido el asesor principal de la Casa Blanca, Andrew Slavitt- habían presionado a Twitter para que cancelara permanentemente a Berenson de la plataforma.

“Si esto no se puede calificar como censura gubernamental de un individuo basada en la desaprobación oficial de sus puntos de vista, sería difícil decir qué se podría calificar de ello”, dijo Younes.

Señaló que Berenson fue reincorporado a Twitter en julio, como parte del acuerdo en su demanda.

Al igual que Berenson, Kulldorff y Bhattacharya también sufrieron casos de censura directa, dijo Younes. Algunos ejemplos son:

  • La censura de Google de su Declaración al dirigir a muchos usuarios de países de habla inglesa que buscaron en Google “Great Barrington Declaration” no a la Declaración en sí, sino a artículos que la criticaban.
  • La eliminación en Twitter de tuits de Kulldorff como: “Pensar que todo el mundo debe vacunarse es tan científicamente erróneo como pensar que nadie debe hacerlo. Las vacunas COVID son importantes para las personas mayores y de mayor riesgo y sus cuidadores. Los que tienen una infección natural previa no la necesitan. Los niños no”.
  • La eliminación por parte de LinkedIn de las publicaciones de Kulldorff sobre COVID-19.
  • La retirada de YouTube de un vídeo que mostraba una mesa redonda del gobernador de Florida, Ron DeSantis, con Bhattacharya, Kulldorff, Gupta y el Dr. Scott Atlas, en la que los participantes criticaban los mandatos de las mascarillas y las vacunas.

El gobierno de Biden -al menos 11 agencias federales y unos 80 funcionarios del gobierno identificados hasta ahora- estuvo involucrado en la coacción de las plataformas de medios sociales para que censuraran a los autores de la declaración y a otros por criticar las normativas COVID-19 del gobierno.

“Como el Tribunal Supremo ha reconocido desde hace tiempo y el juez Thomas explicó en una opinión concurrente el año pasado, ‘el gobierno no puede lograr a través de amenazas de acciones gubernamentales adversas lo que la Constitución le prohíbe hacer directamente'”, dijo Younes.

Younes también señaló que el Tribunal Supremo reconoce que un corolario de la Primera Enmienda del derecho a hablar libremente “es el derecho a recibir información porque ‘el derecho a recibir ideas se deriva ineludiblemente del derecho de la Primera Enmienda del emisor a enviarlas'”.

Añadió:

“Todos los estadounidenses han sido privados -por el gobierno de los Estados Unidos- de sus derechos de la Primera Enmienda para escuchar las opiniones de Alex Berenson, así como de los doctores Bhattacharya y Kulldorff, y un sinfín de personas más, como los reporteros que sacaron a la luz la historia del portátil de Hunter Biden para el “New York Post” y se vieron denunciados como agentes de la desinformación rusa, que han sido censurados por las plataformas de medios sociales a instancias del gobierno de Estados Unidos.

“Esa privación estranguló el debate público sobre múltiples cuestiones de innegable importancia pública. Permitió que Fauci, Collins, y varios otros agentes y agencias gubernamentales, engañaran a la población haciéndole creer que alguna vez hubo un consenso científico sobre los confinamientos, los mandatos de mascarillas y los mandatos de vacunas.”

Aunque aún está por ver si Bhattacharya y Kulldorff podrán demostrar que Fauci y Collins ordenaron explícitamente a las empresas tecnológicas que los censuraran a ellos y a su Declaración de Great Barrington, es innegable que a ellos -y a “innumerables usuarios de las redes sociales”- se les han violado los derechos de la Primera Enmienda”, dijo Younes.

“Los fundadores de nuestro país comprendieron que poner límites se hace prácticamente imposible una vez que comienza la censura y que las opiniones personales y los prejuicios de quienes realizan la censura entrarán inevitablemente en juego”, dijo Younes.

Añadió:

“Reconocieron que la luz del sol es el mejor desinfectante: La cura para el mal discurso es el buen discurso. La cura para las mentiras, la verdad. Silenciar a la gente no significa que las ideas problemáticas desaparezcan; sólo lleva a sus adherentes a cámaras de eco.”

Younes dijo que los agentes gubernamentales son “tan propensos a la parcialidad, la arrogancia y el error como el resto de nosotros”, y que si los estadounidenses hubieran tenido la oportunidad de contemplar las ideas esbozadas en la “Declaración de Great Barrington”, la era de la pandemia “podría haberse desarrollado con mucha menos tragedia y con mucho menos daño a las instituciones que se supone que protegen la salud pública”.