El New York Times rechaza mi refutación del artículo difamatorio sobre vacunas COVID

El “derecho de respuesta” —la oportunidad de defenderse de las críticas públicas en el mismo lugar donde se publicó esa crítica— es un derecho constitucional en algunos países europeos y en Brasil. Las directrices editoriales de la BBC establecen:

“Cuando nuestra publicación hace acusaciones de maldad, inmoralidad o incompetencia o expresa una fuerte y perjudicial crítica de un individuo o institución, la presunción es que a los criticados se les debe dar un “derecho de respuesta”, es decir, se les da una oportunidad justa de responder a las acusaciones”.

Incluso cuando no hay un derecho legal, los medios periodísticos respetables, incluido el New York Times, tradicionalmente han considerado como su obligación moral, ética y profesional publicar las respuestas de personas que han sido criticadas en sus páginas.

The Times, que pretende fomentar la expresión de “una diversidad de puntos de vista” en su página de cartas, anteriormente extendió esta cortesía automáticamente a figuras públicas que sufrieron críticas en sus páginas. Pero el periódico pone el límite si se trata de alguien que cuestiona las ortodoxias promovidas por el Cartel Médico en alza. La práctica de informar sólo de hechos y opiniones que acatan las narrativas oficiales ha sido durante mucho tiempo de rigueur en los medios de comunicación electrónicos que dependen de los ingresos publicitarios de las grandes farmacéuticas.

El sábado, mi sobrina publicó un artículo lleno de errores y difamatorio sobre mí en la página editorial del Times. Inmediatamente presenté la carta meticulosamente documentada que aparece a continuación.

Ayer, el Times me hizo saber que declinaban imprimir mi respuesta.

La censura orwelliana y la desvalorización de la disidencia al servicio de los intereses de las grandes farmacéuticas (‘Big Pharma’) se ha vuelto más recientemente universal en las prensas liberales y de noticias en línea que una vez se asumía que eran el antídoto contra la subversión de la democracia que pretenden las grandes empresas.

En mayo de 2019, otros tres miembros de mi familia también me difamaron en un largo artículo en Politico. Politico también declinó imprimir mi respuesta meticulosamente documentada.

Ninguna de estas largas críticas de mis familiares citan un solo ejemplo de que haya un error en los datos por mi parte. Su queja es que cuestiono los pronunciamientos oficiales sobre la seguridad de las vacunas.

Es un mal augurio para la democracia cuando los ciudadanos ya no pueden llevar a cabo debates civilizados e informados sobre medidas políticas críticas que afectan a la vitalidad de nuestra economía, a la salud pública, a las libertades personales y a los derechos constitucionales. La censura es violencia y este amordazamiento sistemático del debate que sus partidarios justifican como medida para restringir la peligrosa polarización está alimentando esas divisiones.

Es muy irónico para mí que sean los que se llaman a sí mismos liberales y los diarios liberales, que alguna vez fueron los más enérgicos campeones de la primera enmienda, los que están propugnando más ferozmente la censura. Son los que se llaman a sí mismos defensores de los derechos humanos quienes apoyan las políticas gubernamentales que pisotean nuestros derechos constitucionales. Podríamos recordar, en este momento extraño de nuestra historia, al amigo de mi padre, Edward R. Murrow, y su advertencia de que: “El derecho a la discrepancia… es sin duda fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Ése es el derecho que se eliminó el primero en cada nación que bajó a trompicones por el camino hacia el totalitarismo”.

Como predijo Murrow, la censura de imposición ha enmascarado la demolición sistemática de nuestra constitución, incluidos los ataques a la libertad de culto (incluida la abolición de las exenciones religiosas y el cierre de las iglesias), la libertad de reunión, la propiedad privada (el derecho a operar un negocio), el debido proceso (incluida la imposición de restricciones de largo alcance contra la libertad de circulación, la educación, la asociación con la toma de reglas de notificación y comentarios) y el derecho de la 7ª enmienda a juicios con jurado (en caso de lesiones de vacunas causadas por negligencia corporativa).

Esas medidas políticas están destruyendo a la clase media, traspasando billones de dólares a multimillonarios,desmantelando todos los programas sociales creados por los demócratas desde el New Deal y barriendo los obstáculos contra el oscuro hundimiento de nuestro país en la plutocracia autoritaria anatema de todos los valores de la democracia, el liberalismo y la humanidad.