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Los empleados despedidos por el Ayuntamiento de Nueva York y el Departamento de Educación (“Department of Education”, DOE por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York (NYC) por negarse a recibir la vacuna COVID-19 sabrán el 6 de septiembre -el día antes de que empiecen las clases en los colegios públicos de la ciudad- si su demanda será aceptada como demanda colectiva.
El juez Ralph J. Porzio del Tribunal Supremo del Estado ha escuchado hoy los argumentos de ambas partes en el caso DiCapua contra la ciudad de Nueva York, presentado en febrero por “Teachers For Choice” y otros empleados despedidos del Departamento de Educación de Nueva York. “Children’s Health Defense” (CHD) y “CHD-Nueva York” apoyan la demanda.
Cerca de 300 personas se han reunido hoy a las puertas de los tribunales para apoyar a los demandantes que en abril presentaron una moción para la certificación de acción colectiva, citando que todos los miembros de la colectividad se vieron afectados por los mismos errores de derecho y que “las denegaciones autogeneradas, vagas y concluyentes” de exenciones religiosas fueron todas “arbitrarias y caprichosas”.
Los demandantes argumentaron que la ciudad nunca evaluó de forma justa los casos individualizados, y en su lugar emitió una denegación autogenerada de exenciones religiosas para casi todos los empleados.
Además de decidir si acepta la acción colectiva, el juez Porzio se pronunciará sobre la cuestión del artículo 78, es decir, si anula la decisión del DOE sobre las exenciones religiosas y ofrece reparación a los demandantes.
Si los demandantes obtienen el estatus de colectividad y consiguen una reparación, todos los miembros de la colectividad serían readmitidos, según había declarado a “The Defender” anteriormente Sujata Gibson, abogada de los demandantes.
“Todas las denegaciones se anularían como si nunca se hubieran producido, y serían readmitidos con plena antigüedad y sin interrupción en el servicio, con salarios atrasados y honorarios de abogados”, dijo Gibson.
La presidenta de CHD, Mary Holland, que asistió hoy a los alegatos orales, declaró a “The Defender”:
“Se trata de un caso importante. El Tribunal de Apelación del 2º Circuito ya ha declarado inconstitucionales los paneles de exención religiosa del Departamento de Educación.
“El Ayuntamiento actuó de forma deshonrosa hacia sus propios empleados. Estos demandantes merecen con creces lo que han exigido: reincorporación, salarios atrasados, indemnización por daño moral y honorarios de abogados.
“Los demandantes han esperado más de dos años para que se haga justicia: esperamos con impaciencia la decisión del juez Porzio del 6 de septiembre”.
Gibson ha declarado hoy a “The Defender”: “La ley está claramente de nuestro lado. Llegados a este punto, creo que todos tendremos que rezar para que el tribunal haga la justicia que tanto tiempo lleva pendiente.”
DiCapua contra la ciudad de Nueva York alega que los demandados, la ciudad de Nueva York y el DOE, denegaron ajustes religiosos razonables a los trabajadores en virtud de normativas discriminatorias al aplicar el mandato de la vacuna COVID-19.
Al hacerlo, los demandados participaron en un patrón continuo de discriminación generalizada contra los trabajadores del DOE, en violación de la Constitución del Estado de Nueva York, la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York y el Artículo 78 de la Ley y Reglamento de Práctica Civil de Nueva York..
Los demandantes pretenden que se les restituyan los puestos de trabajo, los salarios y prestaciones atrasados, la antigüedad y los créditos de pensión para ellos y para todos los empleados del DOE afectados por las normativas discriminatorias, lo que convertiría esta demanda en una acción colectiva.
El juez Porzio el mes pasado denegó la petición de los demandados de desestimar la demanda.
“Una señal” de que las cosas “nos van a ir bien”
El demandante Michael Kane dijo a The Defender que el juez estaba impresionado con el número de personas que acudieron hoy a escuchar el caso.
“El juez trabajó durante 20 minutos para que entraran 20 personas más en la sala”, dijo Kane, haciendo que el personal de seguridad cambiara de sitio los asientos y trasladando a algunos peticionarios a la tribuna del jurado.
Kane dijo ser optimista sobre el resultado y que pensaba que la elección para el momento de la declaración era “una señal de que las cosas nos van a ir bien”.
“Podemos demostrar por qué el ayuntamiento debería ser responsable no sólo de los salarios atrasados, sino también de las costas”, declaró Gibson a “The Defender” en julio.
Gibson dijo que muchos miembros de la colectividad habían sufrido “enormes daños colaterales”, perdiendo sus hogares, su salud y sus carreras, y sufriendo el ostracismo social.
En Kane v. de Blasio, un caso presentado por muchos de los mismos demandantes y también representado por Gibson y apoyado por CHD en el tribunal federal, el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EE.UU. ya sostuvo que las normativas de acomodación religiosa del DOE eran inconstitucionales.
Mientras la resolución de las demandas constitucionales está pendiente en los tribunales de apelación, se autorizó a los demandantes a presentar sus demandas estatutarias y a solicitar la certificación como colectividad en el tribunal del Estado de Nueva York después de que el tribunal de distrito declinara ejercer su jurisdicción sobre sus demandas estatales.
“Los hechos son espantosos”
Los demandantes presentaron un escrito el 7 de abril en apoyo de su demanda en virtud del artículo 78 y exponiendo la denegación casi total de exenciones religiosas por parte del DOE. “Los hechos”, se lee, “son espantosos”.
En agosto de 2021, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, anunció un mandato de vacuna COVID-19 para los empleados del DOE para el próximo año escolar.
NYC indicó inicialmente que no consideraría las exenciones religiosas, a pesar de su obligación legal de hacerlo. Después de que un tribunal local dictara una orden de restricción temporal contra el mandato, la ciudad accedió a adoptar una política de adaptación.
La política de adaptación, sin embargo, era “facialmente discriminatoria“, según Gibson, porque establecía explícitamente que las solicitudes de adaptación religiosa debían denegarse a cualquiera que no fuera miembro de una organización religiosa “reconocida” y “establecida” cuyo líder estuviera en contra de la vacunación, como los Científicos Cristianos.
A continuación, el DOE se basó en esa normativa para denegar exenciones religiosas a cristianos, judíos, budistas y otros, afirmando que, aunque creían que las objeciones religiosas de la gente eran sinceras, esas creencias no cumplían los criterios para la exención.
Inicialmente denegó las solicitudes de exención de los 7.000 peticionarios mediante el mismo correo electrónico autogenerado.
“A continuación, el DOE participó en lo que sólo puede describirse como inquisiciones de herejía para garantizar que los árbitros confirmaran el mayor número posible de denegaciones en apelación”, según el escrito.
Finalmente, sólo concedió 162 de las aproximadamente 7.000 solicitudes.
El resto de los empleados que no fueron vacunados se les puso de baja involuntariamente sin sueldo y finalmente despedidos, con códigos de “persona problemática” adjuntos a sus registros permanentes de empleados y obstáculos para conseguir empleo en cualquier lugar, no sólo en el DOE.
En diciembre de 2021, el 2º Circuito ya había dictaminado -en otro caso federal sobre el asunto, Kane contra de Blasio- que la adaptación religiosa tal y como estaba redactada es inconstitucional y que es ilegal denegar a una persona una adaptación religiosa “basándose en las opiniones religiosas expresadas públicamente por otra persona -incluso por el líder de su fe-.”
La ciudad se comprometió a convocar un “Panel de toda la ciudad” para realizar una “nueva revisión” de las solicitudes de exención y reincorporar a los empleados despedidos injustamente con salarios atrasados.
Pero se negó siquiera a revisar más de 6.000 de las peticiones y, de las 600 que revisó, el panel mantuvo casi universalmente la decisión original y emitió un correo electrónico genérico de denegación a los peticionarios afirmando que su petición “no cumple los criterios”.
El mandato continuó siendo mantenido por el actual alcalde Eric Adams, hasta el 10 de febrero de 2023, dos días antes de que CHD argumentara Kane v. de Blasio en el 2º Circuito, impugnando el mandato.
Los demandados alegan ahora que, dado que el mandato ya no está en vigor, la demanda original es “discutible”, o ya no es pertinente.
Sin embargo, los trabajadores municipales que fueron despedidos por no recibir la vacuna COVID-19 no fueron readmitidos automáticamente. En cambio, se les ha dicho que pueden volver a solicitar empleo en la ciudad.
Gibson dijo a “The Defender” que la retirada del mandato de vacunación de la ciudad no cambia nada para los profesores y empleados del DOE que fueron despedidos debido a su condición de no vacunados, y por lo tanto el caso no es discutible.
“No cambia nada”, dijo. “Las normativas discriminatorias de la ciudad de Nueva York arruinaron muchas vidas y tienen que rectificar y entender que esto no puede volver a ocurrir”.
Gibson también escribió en un memorando de respuesta al Tribunal Supremo el 12 de agosto que un caso no es discutible cuando los demandantes han sufrido daños.
Kane destacó los daños sufridos por los miembros del grupo en un comunicado de prensa.
Explicó:
“Este mandato ilegal ha destruido las vidas de educadores muy trabajadores que se preocupaban por sus alumnos, pero en última instancia a NYC apenas le importaba eso. La justicia para aquellos cuyas vidas fueron trastornadas, afectando negativamente a innumerables miembros de la familia en el proceso, está pendiente desde hace mucho tiempo.”