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Un juez federal ordenó el martes a altos funcionarios de la administración Biden -incluido el doctor Anthony Fauci y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre- que entregaran sus comunicaciones con cinco gigantes de las redes sociales en un plazo de 21 días.
La sentencia tiene su origen en una demanda presentada a principios de este año por el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeffrey Landry, en la que se alega que la administración Biden se confabuló con las grandes empresas tecnológicas Twitter, Meta (empresa matriz de Facebook), Youtube, Instagram y LinkedIn para censurar determinados puntos de vista con el pretexto de evitar la circulación de “información errónea” o “desinformación”.
El juez de distrito Terry Doughty ordenó a la administración Biden en julio que presentara rápidamente los registros solicitados por los demandantes como parte del proceso de descubrimiento.
El 2 de agosto, Schmitt y Landry presentaron solicitudes de presentación de pruebas para obtener documentos e información del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y de su director, Fauci; de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre; del cirujano general, Dr. Vivek Murthy, y de la antigua directora ejecutiva del Consejo de Desinformación, Nina Jankowicz.
Los abogados de los demandantes también enviaron solicitudes de presentación de pruebas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras y a su directora, Jen Easterly; al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos.
Las solicitudes dieron como resultado un paquete de documentos que revelaban que más de 50 trabajadores de la administración Biden y 12 agencias estadounidenses habían participado en una campaña de censura en las redes sociales.
Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno -incluido Fauci- se negaron a proporcionar los registros o a responder a las preguntas planteadas por los demandantes, alegando que las comunicaciones estaban protegidas por el privilegio ejecutivo.
El gobierno alegó que no se debía exigir a Fauci que respondiera a las preguntas del demandante ni que proporcionara los registros relacionados con su capacidad como director del NIAID o relacionados con su capacidad como jefe médico de Biden. Además, el gobierno trató de retener los registros y las respuestas de Jean-Pierre.
El martes, el juez Doughty rompió el estancamiento al dictaminar que tanto Fauci como Jean-Pierre deben cumplir con los interrogatorios y entregar los registros solicitados.
“En primer lugar”, el juez Doughty dijo en la sentenciala información solicitada es obviamente muy relevante para las reclamaciones de los demandantes. Las comunicaciones del Dr. Fauci serían relevantes para las alegaciones de los Demandantes en referencia a la supuesta represión de la expresión relacionada con la teoría de la fuga del laboratorio del origen de COVID-19, y a la supuesta represión de la expresión sobre la eficacia de las mascarillas y los confinamientos de COVID-19. Las comunicaciones de Jean-Pierre como Secretaria de Prensa de la Casa Blanca podrían ser relevantes para todos los ejemplos de los Demandantes”.
Según el juez Doughty:
“Los demandados del gobierno están haciendo una afirmación general de todas las comunicaciones a las plataformas sobre medios sociales por el Dr. Fauci, y Jean-Pierre basado en el privilegio ejecutivo y el privilegio de las comunicaciones presidenciales.
“Los demandantes admiten que no están pidiendo ninguna comunicación interna de la Casa Blanca, sino sólo las comunicaciones externas entre el Dr. Fauci y/o Jean-Pierre y las plataformas de medios sociales de terceros.
“Este Tribunal considera que los demandantes tienen derecho a las comunicaciones externas de Jean-Pierre y el Dr. Fauci en su calidad de Secretario de Prensa de la Casa Blanca y Asesor Médico Principal del Presidente a las plataformas de medios sociales de terceros.”
El juez Doughty ordenó a Fauci y a Jean-Pierre que obedecieran en un plazo de 21 días, y dijo que Fauci debe proporcionar respuestas completas a las preguntas sobre su papel como director del NIAID.
En respuesta a la sentencia, un funcionario de la administración Biden defendió las acciones de la administración, contando a Fox News: “Como hemos dicho una y otra vez desde el comienzo de la administración en nuestra batalla contra el COVID-19, ha sido fundamental que el pueblo estadounidense tenga acceso a información objetiva, precisa y con base científica.”
“Creemos y apoyamos la libertad de expresión, y también creemos que es importante que todas las plataformas de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, representen información científica objetiva y combatan la información errónea y la desinformación que pueden costar vidas”, concluyó el funcionario.
Sin embargo, Mary Holland, presidenta y consejera general de “Children’s Health Defense”, dijo a “The Defender” que el fallo es “una muy buena noticia”.
Dijo Holland:
“Hasta ahora, el Dr. Fauci ha operado bajo este manto de ‘intocabilidad’, pensando que ha estado por encima de la ley. Probablemente no esperaba que sus correos electrónicos se hicieran públicos.
“Sólo podemos imaginar lo que este tramo de correos electrónicos probablemente revelará sobre la censura a ultranza del Dr. Fauci: no será bonito”.
Holland dijo que el fallo del juez Doughty fue “imparcial” porque “concedió algunas de las peticiones de descubrimiento de los fiscales demandantes y denegó otras”.
Por ejemplo, Doughty denegó la petición de los demandantes de que el HHS realizara una búsqueda de registros relevantes entre sus 80.000 empleados porque sería “excesivamente gravoso”. Sin embargo, dijo que los empleados del HHS identificados en los documentos de Meta tenían que responder a las solicitudes de descubrimiento.
Holland añadió:
“Lo más importante es que el tribunal ordenó que los correos electrónicos externos del Dr. Fauci y de Karine Jean-Pierre a las plataformas de medios sociales deben ser presentados antes del 27 de septiembre, dentro de los 21 días de la sentencia.
“Permanezcan en sintonía y preparen sus palomitas. Esos correos electrónicos probablemente revelarán cómo ha funcionado la censura, y el camino para acabar con ella ahora”.
Jenin Younes, asesor jurídico de la “New Civil Liberties Alliance” y abogado de algunos de los demandantes, declaró a “The Epoch Times”:
“Sabemos, por la anterior ronda de descubrimientos, que los esfuerzos por censurar la expresión de quienes no están de acuerdo con el gobierno en la política del covid han venido de arriba.
“Los estadounidenses merecen conocer la participación de Anthony Fauci en esta empresa, sobre todo porque ha exigido públicamente que se censure a personas concretas, entre ellas dos de nuestros clientes, Jay Bhattacharya y Martin Kulldorff, en las redes sociales.”
“Es hora de que el Dr. Fauci responda por su flagrante desprecio de los derechos constitucionales y las libertades civiles de los estadounidenses”, añadió Younes.
La Alianza de nuevas libertades civiles (“New Civil Liberties Alliance“, NCLA por sus siglas en inglés) se unió en agosto a la demanda, indicando en su resumen del caso que la demanda también representa a los epidemiólogos y coautores de la Declaración de Great Barrington, los Dres. Jayanta Bhattacharya y Martin Kulldorff, así como el Dr. Aaron Kheriaty y Jill Hines.
Los demandantes presionan para interrogar a otros funcionarios de Biden y presentan una demanda modificada
Como parte de la sentencia del martes, el juez Doughty también accedió a la solicitud de los demandantes de interrogar a otros funcionarios del gobierno sobre la base de su revisión de los registros obtenidos de su anterior solicitud de descubrimiento.
Aunque Fauci y Jean-Pierre no cumplieron con la solicitud inicial de presentación de pruebas, los registros gubernamentales que se obtuvieron “revelaron un ejército de burócratas de la censura federalque incluye a funcionarios de la Casa Blanca, el HHS, el DHS, la CISA, el CDC, el NIAID, la Oficina del Cirujano General, la Oficina del Censo, la FDA, el FBI, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU.” declaró la NCLA en un comunicado de prensa del 1 de septiembre.
“Las comunicaciones muestran que estos funcionarios federales son plenamente conscientes de que la presión que ejercen es una forma eficaz y necesaria de inducir a las plataformas de medios sociales a aumentar la censura. El director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras incluso se quejó de la necesidad de superar las “dudas” de las empresas de redes sociales para trabajar con el gobierno”, dijo NCLA.
Los acusados identificaron a 45 funcionarios de cinco agencias federales como los que se comunicaron con las empresas de medios sociales sobre la información errónea y la censura.
Sin embargo, los correos electrónicos y otros documentos proporcionados por Meta, Twitter y Google mostraron que varios otros funcionarios -incluidos funcionarios de otras agencias federales y de la Casa Blanca- estaban involucrados en el esfuerzo.
Además, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reveló recientemente que el FBI se puso en contacto con él sobre la información errónea antes de las elecciones de 2020 – y que Facebook silenció la circulación de la primera historia del portátil de Hunder Biden.
“Con cada una de estas nuevas revelaciones, los demandantes se han puesto en contacto con los demandados y les han pedido que complementen sus respuestas de descubrimiento para incluir las comunicaciones que correspondan de los funcionarios federales recién revelados”, dijeron los demandantes en una presentación reciente.
“Los demandados se han negado a hacerlo, alegando que ninguno de estos funcionarios recién descubiertos ha sido demandado o notificado con el descubrimiento hasta el momento, y que sería excesivamente oneroso identificar y producir sus comunicaciones”.
Los demandantes pidieron presentar una demanda enmendada que les permitiera nombrar a todos los funcionarios adicionales como demandados para tratar los temas.
La demanda enmendada, dijeron, les permitirá solicitar registros e información de cada uno de los funcionarios que no fueron revelados inicialmente por la administración Biden.
El martes, el juez Doughty dio a los demandantes 30 días para presentar una demanda enmendada con las agencias y/o individuos adicionales.
CHD espera la decisión en una demanda similar contra Facebook
En agosto de 2020, “Children’s Health Defense”presentó una demanda similar contra Meta Platforms Inc, también conocida como Facebook, sus “verificadores de datos independientes” y Mark Zuckerberg por supuesta connivencia con el gobierno de Estados Unidos para censurar al público estadounidense.
La demanda de CHD alega que Facebook llegó a un acuerdo con la Casa Blanca para censurar toda una categoría de discurso, suspender la cuenta del presidente de CHD, Robert F. Kennedy Jr. y eliminar el botón de “donaciones” de CHD en Facebook, dirigiendo el tráfico en su lugar a una organización de verificación de datos externa que solicita donaciones.
CHD presentó una denuncia modificada en diciembre de 2020. El tribunal federal del distrito norte de California desestimó el caso el 29 de junio de 2021.
La jueza Susan Illston, en una decisión de 45 páginas, dijo que las alegaciones de CHD -que Facebook es efectivamente un “colaborador estatal” en nombre del gobierno federal y que participa en publicidad falsa y en chantaje- no lograban establecer reclamaciones legales.
CHD recurrió. Tras argumentar contra la moción de desestimación, CHD espera ahora una decisión.