La Junta de Educación del Condado de Orange y “Children’s Health Defense” (CHD) presentaron el martes una petición de decreto de mandato en la Corte Suprema de California pidiendo al tribunal que declare el fin inmediato del estado de emergencia declarado por el gobernador Gavin Newsom.

Un decreto de mandato es una orden judicial dirigida a un organismo gubernamental, incluso a otro tribunal, para que cumpla la ley corrigiendo sus acciones anteriores o cesando los actos ilegales.

“Esta petición no tiene que ver con las mascarillas, las vacunas o cualquier otra cuestión política específica”, dijo Scott J. Street, abogado de la Junta de Educación del Condado de Orange.

“Esto concierne a cuestiones fundamentales de gobernanza que son la base del autogobierno estadounidense y que no pueden existir en un estado de emergencia indefinido”, dijo Street, que el año pasado litigó con éxito un caso similar contra el Estado, después de que las autoridades sanitarias estatales cerraran arbitrariamente los gimnasios.

La Ley de Servicios de Emergencia establece que se puede declarar una emergencia cuando existe “un peligro extremo para la seguridad de las personas y los bienes dentro del estado”.

La ley también establece que el gobernador debe poner fin al estado de emergencia “en la fecha más temprana posible que las condiciones lo justifiquen”.

La demanda alega que las propias palabras de Newsom establecieron que la emergencia había terminado cuando argumentó la semana pasada en el Condado de Ventura frente a “Godspeak Calvary Chapel” que:

” … el Estado ya no se enfrenta a la amenaza de que el sistema sanitario del Estado se vea desbordado. Por el contrario, todas las pruebas disponibles sugieren que es improbable que se produzca un resurgimiento de casos, hospitalizaciones y muertes al nivel que el pasado mes de agosto provocó el Blueprint [for a Safer Economy] y las otras directivas de salud pública ahora rescindidas en cuestión, es poco probable que ocurran a la luz del porcentaje de californianos elegibles que están completamente vacunados.”

“El gobernador no puede tener las dos cosas”, dijo Robert Tyler, abogado de la Junta de Educación del Condado de Orange. “No puede reclamar la victoria sobre la emergencia de la COVID-19 en un tribunal, e inmediatamente reclamar que existe una emergencia en otro sólo para poder mantener a la gente de California en un candado”.

El presidente de CHD, Robert F. Kennedy, Jr., dijo que el objetivo de la demanda es restablecer la democracia en California tras una suspensión de 17 meses.

Kennedy, que vive en California, dijo:

“Los californianos están cansados de ser gobernados por tecnócratas no elegidos que nos gobiernan con dictados arbitrarios sin base científica en violación de nuestros derechos constitucionales a la transparencia, la participación pública y el debido proceso.”

Kennedy dijo que “el gobierno sirve mejor a la salud pública” cuando los ciudadanos participan en el proceso de regulación para elaborar medidas políticas “recocidas en el caldero del debate tal como estipula el sistema regulador”.

Según Denise Young, directora ejecutiva de la sección californiana de CHD, el “interminable ‘estado de emergencia’ del estado y la falta de transparencia de la ciencia y los datos en los que se han basado estas medidas políticas” han provocado la “enorme alteración” de la educación de los niños.

“Es difícil cuantificar el daño perpetrado a nuestros niños por el Estado y sus escuelas como resultado del aprendizaje en línea, el uso de mascarillas, los exámenes y el hecho de vivir en un estado continuo de miedo”, dijo Young.