El Gobierno de Estados Unidos -y no Moderna, fabricante de la vacuna COVID-19- debería hacer frente a una demanda por violación de patente actualmente pendiente contra la empresa, según indicaron abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. (“Department of Justice”, DOJ por sus siglas en inglés) al Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Delaware en documentos presentados al tribunal el martes, informó Reuters.
Estos argumentos se produjeron en el marco del litigio en curso en el asunto Arbutus contra Moderna, relativo a una demanda interpuesta contra Moderna por dos empresas farmacéuticas: ‘Arbutus Biopharma’ y ‘Genevant Sciences’, una empresa conjunta entre Arbutus y Roivant Sciences Ltd. (Roivant), alegando infracción de patente.
La demanda alega que el gobierno estadounidense es responsable porque la vacuna COVID-19 de Moderna se desarrolló bajo los auspicios de la “Operación Warp Speed” en 2020, informa “Becker’s Hospital Review”.
Según un artículo de Reuters del 28 de febrero de 2022, “Arbutus dijo que había desarrollado las llamadas nanopartículas lipídicas (LNP) que encierran materiales genéticos conocidos como ARN mensajero o ARNm, cuyas patentes relacionadas fueron cedidas a ‘Genevant Sciences’.”
En su solicitud, citada en parte por “Becker’s Hospital Review”, el DOJ se apoyaba en la legislación sobre patentes de la época de la Segunda Guerra Mundial:
“La historia de las leyes de patentes de Estados Unidos y sus precedentes es casi tan antigua como la propia nación, pero durante la Segunda Guerra Mundial, una ley modificó un estatuto de patentes de modo que ‘el uso o fabricación de una invención descrita en o cubierta por una patente de Estados Unidos por un contratista, un subcontratista o cualquier persona, firma o corporación para el gobierno y con la autorización o consentimiento del gobierno, se interpretará como uso o fabricación para Estados Unidos'”.
En consecuencia, informa “Becker’s Hospital Review”, los abogados del DOJ argumentaron que empresas como Arbutus y Genevant están “limitadas a presentar una demanda contra Estados Unidos” en relación con los 8.200 millones de dólares del contrato federal adjudicado a Moderna para el desarrollo de su vacuna COVID-19, en el marco del programa ‘Warp Speed’.
Según Reuters, el DOJ declaró además que la responsabilidad del gobierno estadounidense se limita a la presunta actividad infractora cometida por Moderna en virtud de su contrato federal.
Notablemente, Moderna había utilizado el mismo argumento en mayo de 2022, en un intento de desestimar la demanda de Arbutus y Genevant. En aquel momento, según Reuters, Moderna argumentó que una demanda de este tipo “sólo podía interponerse contra el Gobierno en el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos.”
El esfuerzo de Moderna fue infructuoso, ya que en noviembre de 2022, el juez de distrito Mitchell Goldberg afirmó que no existía “ningún indicio claro” de que la empresa produjera su vacuna COVID-19 para el gobierno o con la autorización y el consentimiento de éste en virtud de la ley.
Como informó Reuters en noviembre de 2022, Genevant emitió un comunicado en el que se congratulaba de que el tribunal “rechazara el intento de Moderna de trasladar la responsabilidad de sus acciones a los contribuyentes estadounidenses.”
Moderna, por su parte, declaró tras esta sentencia en noviembre de 2022 que espera “demostrar no sólo que Arbutus y Genevant demandaron a la parte equivocada en el tribunal equivocado, sino también, en su momento, que aquí no hubo infracción de patente.”
Moderna también esgrimió el mismo argumento en otra demanda por violación de patentes interpuesta contra ella por ‘Alnylam Pharmaceuticals’. Alnylam, que también alega que Moderna violó sus patentes sobre tecnología de nanopartículas lipídicas, trató ayer de ampliar su demanda, que sigue pendiente.
Moderna está inmersa en otros litigios similares. Como informó “The Defender” en agosto de 2022, Moderna demandó a Pfizer y BioNTech, alegando que estas empresas infringían las patentes que Moderna tenía por una estructura de ARNm que desarrolló y por la codificación de la proteína de espiga o pico en el exterior del virus COVID-19.
La empresa también está inmersa en otro litigio con los Institutos Nacionales de la Salud sobre los derechos de la tecnología del ARNm.
Por otra parte, Moderna publicó ayer los resultados provisionales de la fase 3 de seguridad e inmunogenicidad de mRNA-1010, su principal candidato a vacuna antigripal.
El informe, redactado en un lenguaje denso, admite que su vacuna candidata no alcanzó la “no inferioridad” durante los ensayos clínicos con dos cepas clave de la gripe que son especialmente comunes entre los jóvenes, y causó un mayor índice de efectos secundarios.
A este respecto, el periodista de investigación Alex Berenson escribió en su blog:
“La falta de eficacia fue notable porque las vacunas antigripales casi no tienen eficacia en el mundo real, como reconoció el propio Dr. Anthony Fauci en un artículo el mes pasado.
“Con una demanda de inyecciones de ARNm Covid casi nula en todo el mundo, la empresa intenta desesperadamente encontrar nuevas enfermedades que sus inyecciones de ARNm puedan tratar.”
“El fracaso de ayer deja claras las dificultades a las que se enfrentarán las inyecciones de ARNm para obtener la aprobación en un entorno normativo más normal, especialmente si deben compararse con otros tratamientos, en lugar de con placebos”, añadió Berenson.
Las acciones de Moderna cayeron hoy casi un 5%. Según “Investor’s Business Daily”, esta caída se debió a los “resultados mixtos” demostrados por su vacuna candidata contra la gripe.
Como ya informó “The Defender”, Moderna intenta desarrollar vacunas y terapias de ARNm para una amplia gama de dolencias, entre ellas la insuficiencia cardiaca.