“Children’s Health Defense” (CHD), junto con 18 estudiantes, presentó una demanda el lunes en un tribunal federal contra la Universidad de Rutgers, su junta de gobierno, el presidente de Rutgers, Jonathan Holloway, y otros, por la decisión de la universidad de imponer las vacunas COVID a los estudiantes que asistan a la escuela en otoño.

Según la demanda, la exigencia de vacunas de Rutgers “es una afrenta a la dignidad humana y a la libertad personal porque viola nuestro derecho básico a controlar nuestros cuerpos.”

La demanda afirma que, en una sociedad libre, “todas las personas tienen derecho a decidir su propio tratamiento médico, especialmente a decidir qué inyectarse en su cuerpo. Y toda persona tiene derecho a tomar esa decisión de forma voluntaria, libre de coacciones por parte de nadie, y a estar plenamente informada de los beneficios y especialmente de los riesgos de esa decisión.”

La demanda alega que la normativa de Rutgers constituye una violación del derecho al consentimiento informado y del derecho a rechazar tratamientos médicos no deseados.

La demanda también alega que la normativa es un incumplimiento de contrato porque en enero de 2021, la universidad aseguró a los estudiantes que las vacunas COVID no serían necesarias para asistir a la escuela. Apenas dos meses después, Rutgers dio un vuelco y emitió nuevos requisitos que incluían ponerse la vacuna antes de asistir a las clases.

Según los demandantes, Rutgers está trabajando con los tres fabricantes – Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson – para estudiar y desarrollar sus vacunas en los ensayos clínicos en curso, y se beneficiará económicamente si más personas están obligadas a ponerse las vacunas que, hasta que estén totalmente autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés), son definidas por la FDA como experimentales.

El requisito de Rutgers también constituye una negación de la igualdad de protección, ya que la administración, el profesorado y el personal no están obligados a vacunarse. También entra en conflicto con la legislación federal y estatal, ya que ninguna de ellas ha promulgado leyes que exijan las vacunas COVID a los ciudadanos.

“Este mandato socava nuestra Constitución y nuestra “Bill of Rights” (Carta de Derechos) al negar a los estudiantes la libertad de tomar sus propias decisiones médicas”, dijo la presidenta y consejera general de CHD, Mary Holland.

“Nadie debe ser obligado o coaccionado a aceptar un procedimiento médico en contra de su voluntad”, dijo Holland. “Cuando se tiene en cuenta el bajo riesgo de COVID para los adultos jóvenes y los riesgos conocidos y desconocidos de las vacunas, las acciones de Rutgers ponen en peligro de forma imprudente a sus estudiantes”.

Según confirman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los jóvenes tienen un riesgo mínimo de sufrir efectos a largo plazo o de morir a causa del COVID y tienen una tasa de supervivencia del 99,985% si se infectan con el virus.

Sin embargo, la más reciente actualización de los daños por vacunación COVID del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (“Vaccine Adverse Events Reporting System“, VAERS por sus siglas en inglés) -uno de los sistemas de seguimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.- muestra que entre mediados de diciembre de 2020 y el 6 de agosto de 2021, se notificaron 559.040 acontecimientos adversos al VAERS, entre ellos 12.791 informes de muertes, muchas de ellas en jóvenes de 12 a 25 años.

En comparación, en 1976 después de aproximadamente 50 muertes totales tras la vacunación contra la gripe porcina, esa campaña de vacunación fue inmediatamente abortada.

“El mandato de Rutgers se deriva de la relación financiera que la universidad tiene con los fabricantes de vacunas, lo que constituye claramente un conflicto de intereses”, dijo el abogado de Nueva Jersey, Julio Gómez, que representa a los estudiantes.

“El miedo injustificado y la codicia insaciable impulsan la industria de las vacunas, especialmente ahora, durante la pandemia”, dijo Gómez. “Esto ha creado una oportunidad para que los fabricantes introduzcan en el mercado medicamentos, vacunas, productos biológicos, tratamientos y dispositivos médicos caros, novedosos y patentables, que cosecharán enormes beneficios“.

Un estudiante de Rutgers, Peter Cordi, demandante en la causa, dijo que es “increíblemente desconcertante” que su propia escuela juegue a la ruleta rusa con las vidas de los estudiantes que dice proteger, “dando prioridad a la codicia y a los vínculos con las grandes industrias farmacéuticas, “Big Pharma” por encima de nuestra seguridad y libre albedrío.”

Además de Gómez, los demandantes están representados por la abogada de Nueva Jersey Susan Judge, de Scotch Plains, con el apoyo de los abogados Mary Holland y Ray Flores, asesores especiales de CHD.