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Un hombre de Idaho que alega que la radiación de radiofrecuencia emitida por una torre de telefonía móvil instalada junto a su casa le provocó más de 15 episodios de fibrilación auricular ha demandado hoy a Verizon y a otras empresas implicadas en la explotación de la torre.
Henry “Hank” Allen, de 53 años, dijo que su sensibilidad electromagnética (“electromagnetic sensitivity”, EMS por sus siglas en inglés) le hace vulnerable a episodios cardíacos potencialmente mortales, que comenzaron en abril de 2021, cuando Verizon activó la torre.
La demanda, financiada por “Children’s Health Defense” (CHD) y presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. de la División Sur del Distrito de Idaho, podría sentar un importante precedente jurídico que ayudaría a otras personas con EMS que quieran oponerse a la colocación de una torre de telefonía móvil cerca de donde viven.
W. Scott McCollough, litigante principal de los casos de radiación electromagnética (REM) e inalámbrica de CHD, declaró a “The Defender”:
“Cada vez está más claro que este enorme despliegue de tecnología inalámbrica por todas partes está prohibiendo funcionalmente a un gran número de personas poder participar en la sociedad o incluso vivir con seguridad en sus propios hogares.
“Este caso está diseñado para reconocer el hecho de que la tecnología inalámbrica realmente enferma a mucha gente, y también para darles un alivio muy necesario”.
Además de Verizon, entre los demandados figuran “Horizon Tower LLC”, propietaria y operadora de la torre, y los proveedores de telecomunicaciones AT&T y “Dish Wireless”, que también poseen y operan equipos en el emplazamiento de la torre.
Según la demanda, Allen afirmó que los elevados niveles de radiación de radiofrecuencia (RF) emitidos por la torre también exacerbaron otros síntomas del EMS, como acúfenos, fatiga extrema, alteraciones de la memoria y la visión, trastornos del sueño y síntomas similares a los de la gripe.
EMS, a veces llamado hipersensibilidad electromagnética (“electromagnetic hypersensitivity”, EHS por sus siglas en inglés) o síndrome de microondas, es el “término médico” para una condición reconocida federalmente -protegida por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (“Americans with Disabilities Act”, ADA por sus siglas en inglés) – en la que las personas sufren efectos adversos para la salud debido a la exposición a campos electromagnéticos (CEM).
Hasta el 30% de la población estadounidense experimenta un EHS leve, entre el 1,5% y el 5% padece casos moderados de la enfermedad, aproximadamente el 1,5% sufre casos graves como el de Allen, y aproximadamente el 0,65% no puede trabajar en absoluto debido a su discapacidad.
Según la demanda, Allen “vive y trabaja temiendo constantemente por su salud y su propia vida” debido a la constante exposición a radiofrecuencias a la que está sometido y los demandados “se niegan a reconocer las leyes federales sobre discapacidad que resolverían el conflicto.”
McCollough señaló en un comunicado de prensa que la demanda es un caso de derechos civiles que ofrece “una nueva teoría jurídica” en el marco de la ADA:
“Los tribunales federales deben aplicar las leyes federales sobre discapacidad para proteger a las personas discapacitadas por las radiaciones de radiofrecuencia procedentes de las torres de telefonía móvil.
“Si el caso de Hank prospera, el tribunal retirará la torre u ordenará de otro modo a los demandados de telecomunicaciones que modifiquen sus operaciones para no emitir tan intensamente radiaciones de radiofrecuencia a través de la casa de Hank, de modo que pueda vivir en paz”.
Se avecinan más demandas como ésta
El caso de Allen es el primero de una serie de casos estratégicos que CHD financiará a finales de este año y en 2024 en nombre de personas con EMS, según Miriam Eckenfels-García, directora del programa de EMS de CHD.
“En estas demandas, estamos aprovechando las leyes federales sobre discapacidad para solicitar ajustes razonables para los clientes que han quedado discapacitados por la radiación de radiofrecuencia procedente de una torre de telefonía móvil cercana a ellos”, dijo Eckenfels-García a “The Defender”.
Además de proteger individualmente a las personas discapacitadas, dijo, los casos ponen a prueba si la ADA puede utilizarse “como medio eficaz para oponerse al despliegue incontrolado de infraestructuras inalámbricas”.
“Estamos muy ilusionados con el lanzamiento de esta nueva línea estratégica de casos, que esperamos cambie el paradigma de las personas gravemente perjudicadas y discapacitadas por las radiaciones de radiofrecuencia”, afirmó.
McCollough dijo que estos casos son significativos porque el número de personas afectadas por EHS es considerable. “Hablamos de millones de personas, y de cientos de miles a las que les arruina la vida por completo”.
“Las cifras son tales que, francamente, esperamos encontrarnos con que abruma a las personas que ya están discapacitadas por otras causas”, añadió, y a las personas discapacitadas por EHS también se les deben proporcionar soluciones en virtud de la ADA.
Un hombre se muda a una zona rural de Idaho para escapar de la radiación de radiofrecuencia
A Allen le diagnosticaron EMS en 2014 mientras trabajaba como contratista general con licencia en California en obras con alta radiación de radiofrecuencia.
Tras darse cuenta de que la exposición a la radiación de radiofrecuencia estaba agravando sus síntomas de SME, él y su familia decidieron trasladarse a una pequeña granja en Idaho, a unos tres kilómetros de una torre de telefonía móvil.
Allen también cambió de profesión para minimizar su exposición a las radiaciones de radiofrecuencia: se licenció como agente inmobiliario y trabajaba desde su casa, donde se conectaba por cable para tener acceso a Internet.
Con estos cambios, Allen pudo “vivir y trabajar con normalidad desde casa a pesar de su discapacidad”, hasta abril de 2021, cuando Verizon construyó una torre de telefonía móvil junto a su propiedad.
Poco después de que Verizon encendiera la torre, la salud de Allen “empeoró drásticamente”, ya que sufrió una fibrilación auricular y fue trasladado a urgencias “sin saber si viviría”, según la denuncia.
Un médico le hizo un ecocardiograma, un análisis de sangre completo, una cardioversión para restablecer un ritmo cardiaco regular y le administró fármacos por vía intravenosa para ralentizar su ritmo cardiaco.
Dos días después, volvió a ocurrir.
En marzo de 2022, Allen se sometió a una cirugía cardiaca invasiva -ablación cardiaca- para tratar los problemas recurrentes de ritmo cardiaco.
Sin embargo, Verizon, AT&T y Dish añadieron antenas adicionales a la torre en 2022.
“Este equipo… también desencadena los síntomas graves y, en algunos casos, potencialmente mortales del Sr. Allen asociados con su discapacidad recurrente y continua”, declararon los abogados de Allen en una carta de agosto de 2023 a Verizon, AT&T y Dish en la que pedían a las empresas que proporcionaran adaptaciones/modificaciones por discapacidad.
Allen ha “agotado todas las opciones de autoayuda disponibles”, según la demanda, incluida pintar su casa con pintura que bloquea las radiofrecuencias, el tintado de las ventanas con tinte que bloquea las radiofrecuencias, la utilización de pantallas metálicas y el uso de ropa especial que bloquea las radiofrecuencias.
La radiofrecuencia emitida por el equipo transmisor amenaza la vida del demandante. “Su estado es tal que puede morir como consecuencia del próximo episodio cardiaco causado por la exposición a radiofrecuencias”, alega la denuncia.
Las empresas de telefonía móvil respondieron a la solicitud de Allen de un ajuste/modificación razonable alegando que las leyes federales sobre discapacidad no se aplican a sus operaciones de torre porque no cumplen los criterios de un “lugar de alojamiento público”.
Los “Tribunales de Apelación” están divididos, según la demanda, sobre si un “lugar” se refiere a una estructura física real o si también se aplica a bienes, servicios y privilegios que también se ofrecen “virtualmente”.
La demanda sostiene que el espacio de la torre alquilado a las empresas de telecomunicaciones y la infraestructura asociada necesaria para acceder a Internet constituyen un “lugar” físico sujeto al cumplimiento de la ADA. Añade que, dado que el acceso al ámbito virtual es esencial para la vida moderna, también debe considerarse un “lugar”, según la ADA.
Aunque Allen está abonado a servicios inalámbricos, no puede utilizarlos sin adaptaciones porque exarcerban gravemente su discapacidad.
Los residentes locales no querían la torre
Una comisión de planificación en el condado de Ada, Idaho, concedió a Horizon un permiso de uso condicional para construir la torre en 2018, dice la denuncia.
Sin embargo, después de que los residentes locales dijeran a sus representantes que no era necesaria una infraestructura de comunicaciones adicional, los representantes electos del condado de Ada votaron a favor de desautorizar a la comisión y denegar la solicitud de permiso de Horizon.
La torre era muy impopular en la comunidad de Eagle (Idaho), según la denuncia, que ya contaba con una amplia cobertura de banda ancha que la ciudad había pagado para que se instalara y no dependía de la torre ni de las antenas.
En cambio, la torre y las antenas eran útiles y lucrativas para que las empresas de telefonía móvil ampliaran el servicio privado de datos móviles.
Horizon recurrió y el condado de Ada resolvió el litigio restituyendo el permiso de uso condicional. La torre y sus primeras antenas se construyeron en 2020 y 2021 y la radiofrecuencia empezó a transmitir desde la torre en marzo de 2021.
Los síntomas del demandante comenzaron poco después.
Esto es lo que Allen quiere de la demanda
Allen espera que el tribunal se pronuncie al menos sobre tres cosas.
En primer lugar, pide al tribunal que dictamine que las disposiciones de la ADA se aplican a las torres de telefonía móvil cuando transmiten radiaciones de radiofrecuencia a través de los hogares y los cuerpos de las personas con discapacidad por el EMS.
A su vez, Allen espera que el tribunal concluya que Horizon, Verizon, AT&T y Dish violaron la ADA al negarse a emprender un proceso de buena fe para adaptarse a su discapacidad y que tiene derecho a una reparación que le permita acceder a los servicios sin verse sustancialmente perjudicado por ellos.
En segundo lugar, pedía al tribunal que pusiera fin a la discriminación de la que era objeto por parte de los demandados, ordenando que la torre se trasladara “a una nueva ubicación razonablemente calculada para no perjudicar a la población discapacitada“, lo que significa que no se instalaría justo al lado de otros ciudadanos con EMS.
Alternativamente, pide que se obligue a las empresas a utilizar sus capacidades tecnológicas existentes para reducir adecuadamente la cantidad de energía de radiofrecuencia dirigida a su casa y a su cuerpo.
En tercer lugar, pide al tribunal que obligue a las empresas a dejar de discriminarle y a realizar ajustes razonables para que pueda acceder a sus servicios.
Allen solicita un juicio con jurado, en el que éste pueda concederle la reparación solicitada, así como los honorarios de abogado y las costas.
Los demandados podrían encontrar soluciones “fácilmente” frente a la discapacidad de Allen pero se niegan
Según McCollough, Allen ha hecho “todo lo que ha podido” para mitigar los niveles de radiación de radiofrecuencia en su casa, pero la torre cercana “sigue evocando síntomas graves.”
McCollough en la denuncia dijo:
“Los Demandados [Verizon, AT&T y Dish] podrían fácilmente y con un coste mínimo tomar medidas que pusieran fin a estos síntomas debilitantes y permitieran al Demandante disfrutar plenamente del uso de los servicios de telecomunicaciones del Demandado, pero se han negado a hacerlo, a pesar de la solicitud del Demandante de adaptaciones y/o modificaciones razonables.”
El demandante ha adaptado su petición de forma que permita a los demandados seguir cumpliendo las leyes federales de comunicaciones sin “alterar fundamentalmente” sus productos y servicios.
Sin embargo, los representantes de las empresas “insisten” en que la empresa no tiene ninguna obligación con Allen y “se han negado incluso a considerar cualquier adaptación/modificación.”
Según McCollough, las empresas se han negado porque les preocupa que cumplir con la solicitud de adaptación/modificación por discapacidad “abriría la puerta” a que “tuvieran que entablar un diálogo sobre adaptaciones/modificaciones razonables con todos los demás estadounidenses con discapacidades similares”.
La resistencia de las empresas de telefonía móvil a hacerlo se basa en lo que les conviene, no en lo que exige la ley, argumentó McCollough.
Si son no les afecta la normativa de la ADA, se ahorrarían el “tiempo y los gastos” de tener que cumplir la ley federal sobre discapacidad.
Pero no hay precedentes legales para ello, dijo McCollough. “Nunca se ha considerado que los proveedores de comunicaciones estén exentos de la ley federal sobre discapacidad”, añadió.
Vea al abogado W. Scott McCollough hablar del caso en CHD.TV: