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“Children’s Health Defense” (CHD) demandó el lunes a la ciudad de Los Ángeles (LA) por no responder a la solicitud de CHD de documentos relacionados con las iniciativas de la ciudad inteligente (“smart city”) de LA.
Según la queja, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, los departamentos clave del gobierno de la ciudad violaron la Ley de Registros Públicos de California (“California Public Records Act”, CPRA por sus siglas en inglés) al no responder rápidamente a la solicitud de CHD de producir registros electrónicos de 2019 a 2023 para comunicaciones, programas, comités y tecnologías relacionadas con la planificación de ciudades inteligentes.
La mayoría de los 20 departamentos de la ciudad implicados en la planificación de ciudades inteligentes facilitaron los documentos que CHD solicitó en abril.
Pero la Agencia de Tecnología de la Información, la Oficina de Alumbrado Público, LA World Airports, la Oficina de Servicios Urbanos, la Oficina de Ingeniería y el Departamento de Policía de Los Ángeles, que probablemente tienen la información más sensible sobre el despliegue de la ciudad inteligente, no han presentado los documentos solicitados.
CHD alega que dichos departamentos incumplieron los plazos legales para responder a las solicitudes de informes.
“Lo que la ciudad de Los Ángeles quiere hacer es [construir] una ciudad inteligente a gran escala, y todo esto se expone en los documentos de estrategia”, dijo a “The Defender” el abogado Gregory Glaser, que presentó la denuncia.
Sin embargo, según Glaser, la información que se comparte públicamente sobre la aplicación de esta estrategia es muy escasa.
CHD, junto con dos residentes de Los Ángeles preocupados por cómo las tecnologías de las ciudades inteligentes pueden estar violando sus derechos y los de sus hijos, buscan documentos que detallen los proyectos actuales y los planes futuros de la ciudad.
Glaser dijo que los peticionarios han esperado pacientemente durante meses a que la ciudad presentara los informes. “Pero el ayuntamiento no lo ha hecho”, dijo, “así que nos vemos obligados a demandarles”.
Todos los departamentos acusaron recibo de la solicitud y la mayoría indicó que atendería las peticiones.
La Oficina de Servicios de Calle informó a CHD de que la solicitud no era de su competencia. CHD rebatió esta afirmación, dado que los principales proyectos de ciudades inteligentes existentes y previstos son ejecutados directamente por esa oficina.
Glaser dijo que espera que los documentos incluyan las comunicaciones entre la ciudad y sus contratistas, como Amazon, sobre los despliegues tecnológicos. Esto incluye contratos y registros contables que mostrarán la naturaleza exacta de esas relaciones.
Basándose en los documentos ya recuperados de otras agencias de la ciudad, Glaser anticipa que la información “sorprenderá e incluso conmocionará a los residentes de Los Ángeles en cuanto a la cantidad de datos que la ciudad de Los Ángeles está recopilando y las formas en que se utiliza la inteligencia artificial (IA) para procesar los datos de las personas.”
CHD pidió al tribunal que ordenara a los demandados poner a disposición la información solicitada en un plazo de 14 a 60 días, dependiendo de los documentos solicitados.
Refuerzo del poder policial y represión de la disidencia política
En 2020, Los Ángeles puso en marcha su iniciativa SmartLA 2028, con la promesa de resolver una serie de “retos urbanos”, desde la injusticia racial a las catástrofes naturales o el cambio climático, utilizando tecnologías inteligentes para crear “una ciudad altamente digital y conectada” en 2028.
Se ha fijado 2028 como año objetivo porque Los Ángeles acogerá los Juegos Olímpicos de verano de 2028 y tiene previsto ofrecer a los turistas una “experiencia olímpica digital”, según el documento estratégico SmartLA 2028.
El documento esboza a grandes rasgos una visión de la ciudad que visitarán los consumidores de las Olimpiadas: una ciudad inteligente construida para que Los Ángeles compita en la economía digital.
El plan incluye una panoplia de infraestructuras digitales, entre ellas una red de cámaras de vigilancia que pueden captar firmas faciales y vocales individuales, y que pueden utilizarse para hacer cumplir la ley o podría comercializarse a terceros.
También incluye tecnologías como “Amazon Sidewalk”, que conecta señales inalámbricas privadas, plataformas digitales de pago para servicios urbanos, el uso de la IA para la contratación municipal y mucho más.
La utilización de los Juegos Olímpicos por parte de Los Ángeles como justificación para ampliar los poderes de vigilancia digital forma parte de una tendencia mundial.
“En las últimas décadas, los funcionarios locales y de seguridad nacional han utilizado los Juegos Olímpicos para generar enormes sumas de dinero y conseguir herramientas y leyes especiales que serían difíciles de adquirir en tiempos políticos normales”, escribió el profesor de ciencias políticas Jules Boykoff en “The Washington Post”.
“Estas nuevas leyes pueden permanecer en los libros y las tecnologías seguir en manos del Estado después de los Juegos, reforzando el poder policial y aplastando la disidencia política”, escribió.
En Francia, las cámaras de videovigilancia a gran escala y en tiempo real utilizarán IA para detectar actividades sospechosas en las calles de París durante los Juegos Olímpicos del próximo verano, por primera vez en Europa.
Politico informó el lunes de que los Juegos Olímpicos de París 2024 serán “una oportunidad de oro” para que la industria de la videovigilancia ponga a prueba sus productos y servicios y muestre lo que puede hacer en términos de vigilancia impulsada por IA.
“Los niños están viviendo en una distopía en la que están constantemente vigilados”.
Aprovechar esta “oportunidad de oro” también está en la mente de los responsables municipales de Los Ángeles.
Según actas de reunión, que CHD obtuvo a través de su solicitud de informes, de la Agencia de Tecnología de la Información de Los Ángeles en 2020, la ciudad podrá abrir los datos que recopila a aplicaciones de terceros, permitir la instalación de 5G y otras infraestructuras de telecomunicaciones en la propiedad de la ciudad, y monetizar los datos recopilados a través de las farolas inteligentes de la ciudad.
La Oficina de Alumbrado Público ya emitió una normativa que permite a las empresas de telecomunicaciones utilizar los postes de la luz como lugares de montaje de sus infraestructuras privadas.
Glaser dijo que la recopilación de datos que esto hace posible viola los derechos de los residentes de Los Ángeles. Derechos de la Cuarta Enmienda a la seguridad frente a registros e incautaciones no razonables de bienes y otro tipo de vigilancia por parte del gobierno, y suscita especial preocupación por lo que los socios de la ciudad, las grandes compañías tecnológicas, “Big Tech”, hacen con datos que afectan directamente a los niños y a su salud.
En estas “redes de arrastre” (“dragnets”) de recogida de datos, dijo, “la ciudad está recopilando información sobre los niños, vendiendo sus datos, y los niños viven en una distopía en la que están constantemente vigilados”.
“Sabemos que eso afecta negativamente a la salud de los niños y elimina su intimidad”, dijo Glaser. “Y esto preocupa profundamente a “Children’s Health Defense”,” y es el motivo de las peticiones de registros de CHD.
Infraestructura inteligente con redes de arrastre (“dragnet”): La red de alumbrado inteligente de Los Ángeles
Los documentos obtenidos hasta ahora por CHD muestran que la “Red de Alumbrado Inteligente” es un programa clave de la ciudad inteligente que ya se está aplicando.
Este programa convierte las farolas de la ciudad en “nodos inteligentes” mediante la instalación de unidades de monitorización remota en todas las farolas de la ciudad, creando una red interconectada con la tecnología del Internet de las Cosas (IoT).
El sitio web LA Lights de la ciudad indica que de las 223.000 farolas de la ciudad, 37.000 ya tienen nodos inteligentes operativos.
La Oficina de Alumbrado Público, que es el organismo que supervisa este programa, solicitó un aumento presupuestario de 125 millones en el año fiscal 2022-2023 para un total de 168 millones. El presupuesto para el ejercicio 2021-2022 sólo había sido de unos 43 millones de dólares.
Actualmente, la ciudad está realizando pruebas beta de las capacidades de estos nodos, que incluyen una amplia gama de funciones, desde cámaras de vigilancia para disuadir la delincuencia, pasando por células pequeñas 5G, hasta pancartas digitales que proporcionan información pública en tiempo real.
La ciudad también ha informado de la colocación de sensores de disparos en las farolas para “detectar de forma inalámbrica disparos y otros ruidos.”
Glaser dijo que esto le preocupaba profundamente porque, “En primer lugar, ‘otros ruidos’ incluye conversaciones. En segundo lugar, ‘farolas’ utiliza la palabra ‘calle’ para dar a entender que se limitan a las vías públicas, pero en realidad las farolas pueden vigilar un radio que incluye los domicilios particulares de la gente.”
“La palabra para esto es red de arrastre (“dragnet”)”, dijo Glaser. “Y nuestro litigio CHD CPRA está específicamente adaptado para atrapar a la ciudad involucrada en muchas redes de arrastre que están en violación de la Cuarta Enmienda”.