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Nueve congresistas neoyorquinos exigen al representante del Departamento de Educación de Nueva York (NYC DOE), el canciller David Banks, una investigación exhaustiva sobre los “códigos de persona problemática” que se asignaban en secreto en los expedientes de los profesores que se negaron a vacunarse contra la COVID-19.
El NYC DOE asignó los códigos de persona problemática, que son los mismos que se asignan a las personas acusadas de molestar, violar o dañar físicamente a un niño, a los educadores colocados en licencia no remunerada por negarse a ser vacunados contra la COVID-19, según un correo electrónico interno enviado en 2022.
La carta se redactó en respuesta al llamamiento realizado en marzo por “Children’s Health Defense” (CHD) para que el Congreso realizara una investigación bipartidista sobre los códigos de persona problemática.
La “falta de voluntad de la ciudad para ser transparente sobre cómo y cuándo se utilizan estos códigos y en qué circunstancias requiere una investigación exhaustiva y completa”, dijo Mary Holland, entonces presidenta de CHD y autora principal de una carta enviada a los líderes del Congreso y a la delegación de Nueva York.
Kim Mack Rosenberg, consejera general en funciones de CHD, declaró a “The Defender” que los legisladores exigen una investigación:
“‘Children’s Health Defense’ aprecia que estos miembros del Congreso, tal y como CHD solicitó, exijan respuestas al Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York sobre su uso de señales de alarma en los expedientes de los educadores que intentan proteger sus libertades religiosas y decisiones sanitarias utilizando ‘códigos de persona problemática’.
“Estos códigos disciplinarios fueron concebidos para su uso en relación con graves acusaciones de mala conducta, no para los profesores que intentan legalmente proteger sus derechos.
“Las acciones del Departamento de educación en torno a sus mandatos COVID-19 y la negativa casi universal a aceptar exenciones religiosas genuinas y sinceras han dañado a miles de educadores dedicados y han perjudicado no sólo a estos maestros, sino a los estudiantes de la ciudad de Nueva York.”
Un portavoz del Ayuntamiento de Nueva York afirmó que las organizaciones externas no pueden ver los códigos.
Sin embargo, en su carta a Banks, publicada la semana pasada, los legisladores escribieron: “A pesar de las recientes afirmaciones del Departamento, estos Códigos de Persona Problemática han tenido graves consecuencias externas para los empleados actuales y anteriores.”
El autor principal de la carta, el diputado Nicholas Langworthy (Republicano de Nueva York 23), dijo:
“Las declaraciones falsas y engañosas del Ayuntamiento sobre la existencia, naturaleza, utilización e impacto de los Códigos de Persona Problemática en los medios de vida de los profesores no pueden aceptarse al pie de la letra. El Ayuntamiento ha sido poco comunicativo sobre los Códigos de Persona Problemática emitidos a los educadores”.
Los legisladores pidieron a Banks que respondiera a preguntas sobre la finalidad y el uso de los códigos, cómo se determinaban, sus consecuencias, si esta información se enviaba a las fuerzas del orden y en qué forma se plantea la ciudad rectificar la situación.
Michael Kane, organizador nacional de base de CHD y fundador de “Teachers For Choice”, explicó la importancia de los códigos a “The Defender”:
“Estos códigos eran una letra escarlata. Conocemos a personas a las que se les negó el empleo. Y a algunos les dijeron, mira, queremos contratarte pero no podemos, estás marcado. Y esto ocurría incluso fuera de Nueva York”.
Los códigos de persona problemática “no cuadran” con la legislación vigente
La existencia de los códigos de persona problemática se reveló por primera vez en una declaración jurada presentada ante un tribunal federal en febrero.
En una vista de apelación de tres casos que impugnan el ahora anulado mandato de vacunación de los empleados municipales, el abogado de los demandantes, John Bursch, informó al tribunal sobre los códigos.
Las acusaciones se basaban en una declaración jurada de junio de 2022 redactada por Betsy Combier, Asistente jurídico y presidenta del grupo de defensa de las garantías procesales Advocatz en el que se detalla cómo el NYC DOE puso la marca a profesores no vacunados sin pruebas de mala conducta y envió su información, incluidas las huellas dactilares “a las bases de datos nacionales tanto de la Oficina Federal de Investigación como a la de la División Estatal de Servicios de Justicia Penal [de Nueva York]”, informó “The Defender”.
Según la carta que CHD envió en marzo a la delegación de Nueva York, Combier está implicada en 11 casos ante la Oficina de Relaciones Laborales Públicas (“Public Employment Relations Bureau”, PERB por sus siglas en inglés) en los que solicita que se eliminen los códigos de persona problemática de los expedientes de los profesores.
Según una resolución del PERB de junio de 2022, un código de persona problemática sólo puede incluirse en el expediente personal de un educador sobre la base de un informe justificado de disciplina o mala conducta, y el educador debe ser informado de dicha medida disciplinaria o de mala conducta.
“Imponer en secreto un Código de Persona Problemática a los educadores no vacunados, sin previo aviso, no se ajusta a esta sentencia”, escribió Holland en la carta, añadiendo:
“Es casi imposible conseguir que se elimine un Código de Persona Problemática, incluso con asistencia jurídica, y la mayoría de los educadores no son conscientes de que se ha colocado un código de este tipo en sus expedientes personales hasta que se les deniega el empleo en otro lugar.”
Tampoco están claros los protocolos y procedimientos de la ciudad para enviar las huellas dactilares y los códigos de los educadores a las fuerzas de seguridad, como se alega en la declaración jurada. Los legisladores exigieron respuestas sobre cómo, cuándo y por qué ocurre esto.
Los litigios sobre la exención religiosa siguen pendientes en los tribunales federales
La ciudad de Nueva York implementó el mandato de la vacuna COVID-19 para los maestros y el personal en agosto de 2021. Los empleados podían solicitar una exención religiosa, pero la ciudad denegó inicialmente todas ellas y sólo concedió el 10% de las solicitudes en apelación, informó “The Defender”.
En noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación del 2º Circuito de los EE.UU. de Nueva York dictaminó que la mayoría de los empleados del Departamento de Educación de Nueva York a los que se denegó una exención religiosa y se les concedió un permiso sin sueldo deben poder volver a solicitar una exención en el marco de un nuevo proceso.
La sentencia de noviembre amplió la decisión anterior del tribunal de que los 15 demandantes que interpusieron una demanda contra el ex alcalde de Nueva York Bill de Blasio (Kane contra de Blasio) y el Ayuntamiento de Nueva York (Keil contra el Ayuntamiento de Nueva York) deben poder volver a solicitar una exención religiosa a la vacunación.
En febrero, algunos de esos mismos profesores presentaron una nueva demanda contra la ciudad, esta vez alegando que se había violado la Constitución estatal en base a los derechos de libertad religiosa.
La demanda se presentó después de que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunciara el 6 de febrero que las vacunas dejarían de ser obligatorias para los empleados municipales a partir del 10 de febrero.
Con arreglo a la nueva normativa, los empleados despedidos por negarse a recibir la vacuna COVID-19 no son readmitidos automáticamente y no tienen derecho a percibir atrasos salariales.
“New Yorkers for Religious Liberty” presentó un caso similar.
El anuncio de Adams se produjo en vísperas de una audiencia programada para el 7 de febrero en el 2º Circuito sobre las múltiples demandas consolidadas, incluidas dos patrocinadas por CHD, que impugnan la negativa casi total de la ciudad a las solicitudes de exención religiosa al mandato.
Las demandas siguen pendientes de resolución.