Una coalición de 80 grupos agrícolas, de consumidores, medioambientales, de salud pública y de trabajadores de Estados Unidos envió una carta el 29 de abril a figuras clave de la administración Biden en la que les pedía que “respetaran la soberanía de México y se abstuvieran de interferir en su derecho a promulgar políticas de protección de la salud”, en concreto, la eliminación gradual del herbicida glifosato y el cultivo de maíz modificado genéticamente.

“El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sacudió silenciosamente el mundo de los agronegocios con su decreto de fin de año”, señaló a principios de este año Timothy A. Wise, del Instituto de Política Agrícola y Comercial (‘Institute for Agriculture and Trade Policy’, ITAP por sus siglas en inglés). “Su administración envió una réplica aún más fuerte dos semanas más tarde, aclarando que el gobierno también eliminaría gradualmente las importaciones de maíz transgénico en tres años y que la prohibición incluiría no sólo el maíz para consumo humano, sino el maíz amarillo destinado principalmente al ganado.”

“México importa alrededor del 30% de su maíz cada año, en su gran mayoría de Estados Unidos”, añadió Wise. “Casi todo es maíz amarillo para alimentación animal y usos industriales. El compromiso de López Obrador de reducir y, para 2024, eliminar esas importaciones refleja el plan de su administración de aumentar la producción mexicana como parte de la campaña para incrementar la autosuficiencia en maíz y otros cultivos alimentarios clave.”

La carta de los grupos sobre las políticas mexicanas y la injerencia de Estados Unidos -publicada en inglés y español- está dirigida al recién confirmado Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, y a la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai. Su autora principal es Kristin Schafer, directora ejecutiva de ‘Pesticide Action Network North America’.

“Pedimos al secretario Vilsack y al representante comercial Tai, como líderes clave de la nueva administración, que respeten la decisión de México de proteger tanto la salud pública como la integridad de la agricultura mexicana”, dijo Schafer en un comunicado. “Es completamente inaceptable que las agencias públicas de Estados Unidos estén haciendo la oferta de las corporaciones de pesticidas como Bayer, que sólo se preocupan por mantener sus ganancias de fondo”.

Fernando Bejarano, director de la Red de Acción en Plaguicidas en México, explicó que “formamos parte de la Campaña Sin Maíz No Hay País, una amplia coalición de organizaciones campesinas, ONGs sin fines de lucro, académicos y consumidores que apoyan el decreto presidencial y luchan por la soberanía alimentaria con la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas que garanticen el derecho a producir y consumir alimentos sanos y nutritivos, libres de plaguicidas y transgénicos.”

“Rechazamos las presiones de empresas como Bayer-Monsanto -y su asociación comercial CropLife- que están trabajando tanto en Estados Unidos como en México para socavar el decreto presidencial que elimina el uso del glifosato y del maíz transgénico”, dijo Bejarano.

La carta destaca el reportaje de The Guardian sobre documentos del gobierno estadounidense obtenidos por el Centro para la Diversidad Biológica a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información. Los documentos revelaron que CropLife America y Bayer AG -que adquirió la empresa Monsanto, productora de herbicidas a base de glifosato, en 2018- trabajaron con funcionarios estadounidenses para presionar contra los planes de México.

Según el informe de mediados de febrero del periodista Carey Gillam:

“Los correos electrónicos revisados por The Guardian provienen de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (‘U.S. Trade Representative’, USTR por sus siglas en inglés) y de otras agencias estadounidenses. Detallan la preocupación y la frustración ante la posición de México. Un correo electrónico hace referencia al personal dentro de la administración de López Obrador como“activistas antibiotecnológicos que se expresan abiertamente“, y otro correo electrónico afirma que la agencia de salud de México (Cofepris) se está convirtiendo en un problema de primer nivel“.

“Los comunicados internos de la USTR exponen cómo la industria agroquímica está “presionando” para que Estados Unidos“incluya este tema” en el acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que entró en vigor el 1 de julio. Los registros muestran entonces que el USTR hace exactamente eso, diciéndole a México que sus acciones sobre el glifosato y los cultivos transgénicos plantean preocupaciones “con respecto al cumplimiento” del USMCA.

“Citando las discusiones con CropLife, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos se unió al esfuerzo, discutiendo en un correo electrónico interinstitucional ‘cómo podríamos utilizar el USMCA para resolver estas cuestiones'”.

The Guardian también señaló la correspondencia relacionada con el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (‘U.S. Department of Agriculture’, USDA por sus siglas en inglés).

Como señala la carta dirigida a Vilsack y Tai “Esta interferencia y presión de la industria agroquímica continúa. El 22 de marzo, los representantes de la industria enviaron una carta dirigida a su atención como líderes del USTR y del USDA, identificando el plan de eliminación gradual del glifosato y del maíz genéticamente modificado en México como la “preocupación principal” para los intereses de la agroindustria y la industria de los pesticidas (representada por el grupo comercial de la industria de los pesticidas, CropLife America).”

“Nos oponemos firmemente a cualquier injerencia de funcionarios del gobierno de Estados Unidos o de los intereses de la agroindustria en el derecho de un Estado soberano a promulgar medidas políticas para proteger la salud y el bienestar de su población”, señala la carta. “Instamos a sus organismos a resistir y rechazar estos esfuerzos en curso”.

“Acogemos con satisfacción el compromiso declarado de la administración de escuchar a la ciencia, mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente y limitar la exposición a productos químicos y pesticidas peligrosos, al tiempo que se responsabiliza a los contaminadores y se da prioridad a la justicia medioambiental, en particular para las comunidades de color y de bajos ingresos”, añade. “Confiamos en que estos compromisos declarados, así como su dedicación a la “equidad para los agricultores”, se extiendan igualmente a otros países e incluyan el respeto a los derechos de autodeterminación de otras naciones y pueblos”.

Otros firmantes de la carta son el American Sustainable Business Council, Beyond Pesticides, Center for Biological Diversity, Friends of the Earth, Greenpeace USA, Indigenous Environmental Network, ITAP y Organic Consumers Association.

Publicado originalmente por Common Dreams.