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El representante Chip Roy (republicano de Texas) presentó el martes un proyecto de ley que permitiría a los estadounidenses demandar a los fabricantes de vacunas COVID-19 por efectos adversos relacionados con las vacunas, incluidas las muertes, eliminando el blindaje frente a la responsabilidad del que disfrutan los fabricantes de vacunas.
Según un resumen del proyecto de ley publicado por Fox News, la ley LIABLE (siglas en inglés de “Let Injured Americans Be Legally Empowered Act”) “permitiría que los estadounidenses que se vacunaron contra vacunas promovidas de forma engañosa y obligada para muchos estadounidenses a través de mandatos federales pudiesen interponer una demanda civil por sus daños”.
“Estas vacunas recibieron autorización de uso de emergencia de forma unilateral y no pasaron por el proceso normal de aprobación de la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.]”, afirmaba el resumen.
La presidenta de “Children’s Health Defense” (CHD), Mary Holland, comentó la legislación propuesta:
“Los daños y muertes causados por la vacuna COVID-19 exigen responsabilidades. Esta legislación representa un hito fundamental para rectificar estas injusticias y allanar el camino hacia un futuro más responsable. Esta legislación es crucial para exigir responsabilidades a los fabricantes de vacunas.”
CHD es una de las organizaciones que apoyan la legislación.
Según la oficina de Roy, “las vacunas COVID-19 se consideran ‘contramedidas’ en virtud de la Ley de Preparación Pública (PREP siglas en inglés de “Public Readiness and Preparedness Act“), que protege ampliamente a sus fabricantes de la responsabilidad civil relacionada con las pérdidas derivadas de las vacunas”.
“En su lugar, los estadounidenses dañados deben buscar alivio bajo el oneroso Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (CICP) – pero sólo 11 reclamaciones relacionadas con COVID-19 han sido pagadas por el CICP.”
Holland dijo que el CICP es “totalmente inadecuado e incoherente con los principios constitucionales a la hora de proporcionar una reparación justa.”
La legislación propuesta eliminaría todas las protecciones federales de responsabilidad para la vacuna COVID-19, preservaría la capacidad de los estadounidenses dañados para acceder a programas de compensación preexistentes, como el Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP), y sería retroactiva, permitiendo presentar una demanda a los estadounidenses vacunados y dañados antes de la aprobación del proyecto de ley.
En una declaración, Roy dijo: “La larga cadena de abusos cometidos por el gobierno y el sistema de salud pública en respuesta a COVID-19 continuará afectando al pueblo estadounidense en los años venideros.”
Como resultado, Roy dijo que está “presentando la Ley LIABLE para empoderar a los estadounidenses con el fin de eliminar las protecciones federales de responsabilidad por amiguismo para los fabricantes de vacunas COVID-19 y empoderar a los estadounidenses dañados”. El pueblo estadounidense merece justicia por la violación de su libertad médica personal y los perjudicados médicamente merecen una restitución.”
React19, una organización sin ánimo de lucro que aboga en nombre de las víctimas de daños por vacunas, también acogió con satisfacción la legislación propuesta. El Dr. Joel Wallskog, cirujano ortopédico de Wisconsin que ya no ejerce debido a los daños que sufrió a causa de la vacuna Moderna COVID-19, es copresidente de la organización. Le dijo a “The Defender”:
“React19 apoya la Ley de Responsabilidad. La emergencia de salud pública COVID-19 finalizó en 2023. A pesar de ello, las empresas farmacéuticas, el gobierno y las organizaciones sanitarias siguen estando protegidas de toda responsabilidad por la Ley PREP hasta al menos el 31 de diciembre de 2024.
“Esta impunidad general proporcionada por la Ley PREP priva al público estadounidense perjudicado por los pinchazos de COVID-19 de su derecho al debido proceso y a un juicio con jurado. Nos relega al CICP, lo que es un fracaso evidente”.
En retrospectiva se verá que esto era absolutamente necesario”.
Según Fox News, la Ley PREP “limita la responsabilidad por la fabricación, desarrollo y distribución de contramedidas médicas relacionadas con una emergencia de salud pública”. Las vacunas COVID-19 se distribuyeron en EE.UU. sobre esta base.
A su vez, la Ley PREP creó el CICP, “que prescribe al año y sólo indemniza en caso de muerte o daños graves”, informó Fox News. Como resultado, los fabricantes de la vacuna COVID-19 “son en su mayoría inmunes a las demandas civiles, incluso si aquellos que buscan pago por daños monetarios tienen pruebas médicas de sus lesiones relacionadas con la vacuna.”
“Millones de estadounidenses se vieron obligados a vacunarse contra la COVID-19 por miedo a perder su medio de vida y bajo falsos pretextos”, declaró Roy a Fox News el martes, contrastando las 11 demandas indemnizadas por el CICP con los 700 millones de dosis de vacunas COVID-19 que se han administrado en Estados Unidos.
Wallskog dijo que el CICP “tiene una tasa de denegación del 98%” y que, desde el 1 de enero, ha emitido un total “de unos 41.000 dólares” por las 11 reclamaciones que ha indemnizado, una media aproximada de 3.700 dólares por reclamación.
Ray Flores, abogado externo principal de CHD, es experto en la Ley PREP y el CICP. Dijo a “The Defender” que “estaría encantado” de que se eliminara la protección que reciben los fabricantes por la Ley PREP. “Algún día, la visión retrospectiva demostrará que esto era absolutamente necesario”, dijo Flores.
Flores señaló que las garantías ofrecidas por el gobierno de EE.UU. a los fabricantes de vacunas a principios de la pandemia prohibían al gobierno “utilizar o autorizar la vacuna COVID-19” a menos que estuvieran “protegidos de responsabilidad en virtud de una declaración emitida bajo la Ley PREP, o una declaración sucesora de la Ley COVID-19 PREP de igual o mayor alcance”.
“Si este proyecto de ley sigue adelante, éste será el campo de batalla”, dijo Flores.
Las demandas ayudarán a determinar si las vacunas COVID eran tan “seguras y eficaces” como se afirmaba
Las grandes farmacéuticas no acogieron favorablemente la legislación propuesta. En una declaración compartida con Fox News, Andrew Powaleny, director senior de asuntos públicos de PhRMA [Pharmaceutical Research and Manufacturers of America], un grupo comercial de la industria, dijo:
“COVID-19 ha sido un recordatorio de por qué necesitamos vacunas seguras y eficaces. Todas las vacunas, incluidas las de COVID-19, se someten a un riguroso proceso de revisión de su seguridad y eficacia y a un seguimiento posterior a su comercialización.
“Al poner patas arriba el actual marco de responsabilidad en el que confían los fabricantes para ofrecer un desarrollo previsible de las vacunas, se pondrá en peligro nuestra capacidad para hacer frente a futuras amenazas para la salud pública”.
Pero otros expertos no estaban de acuerdo. En su artículo del martes en The Blaze, el comentarista y autor Daniel Horowitz se preguntaba: “¿Debería un producto completamente financiado, comercializado, monopolizado y luego impuesto por el gobierno ser menos responsable que Toyota por sus airbags?”.
Horowitz añadió: “Lo ideal sería derogar por completo la NCVIA [ Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986] y la Ley PREP.”
Aun así, acogió con satisfacción la legislación propuesta por Roy. “Dar a los consumidores su día en los tribunales será la forma perfecta de dilucidar si los productos de Pfizer y Moderna son tan seguros y eficaces como afirman”, escribió.
“Es muy probable que decenas de millones de personas carezcan actualmente de recursos para obtener una indemnización por un producto que estas empresas, en connivencia con el Gobierno federal, endilgaron fraudulentamente al pueblo estadounidense”, afirmó Horowitz. “Sabiendo eso, el proyecto de ley de Roy es un alivio bienvenido”.
Según Fox News, “Roy ha liderado la carga contra esos mandatos de vacunación, incluyendo los esfuerzos para revertir los mandatos de la vacuna COVID-19 en el ejército de EE.UU.”.
Los copatrocinadores del proyecto de ley incluyen a los representantes Lauren Boebert (republicana de Colorado), Josh Brecheen (republicano de Oklahoma), Eric Burlison (republicano de Misuri), Michael Cloud (republicano de Texas), Warren Davidson (republicano de Ohio), Bob Good (republicano de Virginia), Clay Higgins (republicano de Luisiana), Thomas Massie (republicano de Kentucky), Mary Miller (republicana de Illinois), Barry Moore (republicano de Utah), Ralph Norman (republicano de Carolina del Sur), Randy Weber (republicano de Texas), Troy Nehls (republicano de Texas), Andy Harris (republicano de Maryland), Paul Gosar (republicano de Arizona), Eli Crane (republicano de Arizona), Russ Fulcher (republicano de Idaho), Scott DesJarlais (republicano de Tennesse) and Andy Biggs (republicano de Arizona).
“Los estadounidenses dañados por los pinchazos de COVID-19 merecen algo mejor”, afirmó Wallskog. “Hicieron lo que pensaban que era lo correcto para ellos, sus familias y la nación. Ahora se encuentran abandonados. Esta legislación les da la oportunidad de una compensación justa y equitativa”.
“Ha llegado el momento de que nuestra nación reconozca estos daños y les permita recurrir legalmente”, añadió.