El 2 de marzo, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Paul G. Gardephe, denegó la moción de requerimiento preliminar para poner fin a las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) obligatorias para COVID-19 y reabrir las escuelas de la ciudad de Nueva York (NYC).

Los demandantes en el caso Avilés contra de Blasio son ‘Children’s Health Defense’ (CHD) y padres de alumnos. La demanda impugna la política de NYC según la cual los niños cuyos padres no consienten la realización de pruebas en la escuela no pueden asistir a ella y sólo pueden acceder a la enseñanza a distancia.

El juez dijo que la cuestión de la reapertura es discutible porque a estas alturas todas las escuelas primarias y secundarias de Nueva York han reabierto, al menos parcialmente. Los demandantes no están de acuerdo, ya que sus hijos siguen sin poder ir a la escuela.

Además, declaró (en la nota 13) que, dado que el programa de pruebas aleatorias se basa en el consentimiento de los padres, es legal.

Las pruebas de PCR con hisopo nasal, que están clasificadas como productos sanitarios, cuentan con una “autorización de uso de emergencia” (’emergency use authorization’, EUA por sus siglas en inglés). Según la ley federal, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. concede la EUA, significa que el dispositivo médico sigue siendo experimental, sin garantía de su eficacia.

De hecho, aunque el juez y las autoridades de la ciudad de Nueva York reconocen que las pruebas de PCR no detectan la infección por COVID, afirman, no obstante, que es la mejor herramienta que tienen.

Los padres y CHD se oponen a la obligatoriedad de las pruebas de PCR con hisopo nasal porque son ineficaces y susceptibles de abuso. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es poco ético e ilegal imponer esta intervención médica experimental a menos que haya consentimiento. Como dice el Código de Nuremberg, incorporado a la legislación de Nueva York, el consentimiento verdaderamente libre es “absolutamente esencial”.

En nuestra opinión, el juez parece haber adoptado la ficción legal de que “separado es igual”, es decir, que la instrucción en persona es igual al “aprendizaje a distancia”, a pesar de la evidencia de lo contrario. El juez Gardephe da a entender que relegar a los niños a la instrucción a distancia es aceptable y que el consentimiento de los padres es libre, incluso cuando no lo es.

Plessy v. Ferguson, la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. que proclamaba “separados pero iguales” con respecto a la segregación racial en la educación, dio paso finalmente a Brown v. Board of Education, reconociendo que separados no significa que sean iguales. Tras décadas de abusos educativos y discriminación contra los niños de color, los tribunales comenzaron a poner fin a la segregación en la educación.

No es el momento de que los tribunales de EE.UU. vuelvan a dar vigor a “separados pero iguales”, bajo un nuevo disfraz, segregando a los que se someten a pruebas ilegales de EUA de los que no lo hacen.

CHD y los demandantes, con los abogados James Mermigis y Ray Flores, están considerando todas las opciones legales. Manténganse al tanto.