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El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (republicano de Ohio), y el senador Rand Paul (republicano de Kentucky), miembro de mayor rango de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, presentaron el jueves la Ley de Protección de la Libertad de Expresión (“Free Speech Protection Act”).
Según un comunicado de prensa de la comisión, el proyecto de ley propone:
“Prohibir a los empleados y contratistas del poder ejecutivo que utilicen sus cargos para censurar y atacar de otro modo la expresión protegida por la Primera Enmienda. [La ley] también impondrá penas severas obligatorias a los empleados del poder ejecutivo que censuren la expresión”.
La legislación propuesta llega inmediatamente después de la polémica Audiencia en la Cámara de Representantes de EE.UU. mantenida el jueves ante el Subcomité sobre la Utilización como un Arma del Gobierno Federal, que se organizó para “examinar el papel del gobierno federal en la censura de los estadounidenses”, “la connivencia de las grandes empresas tecnológicas,“Big Tech”,con las agencias gubernamentales para silenciar la expresión” y la demanda en curso Misuri contra Biden, en la que se alega censura gubernamental..
Robert F. Kennedy Jr., presidente en excedencia de “Children’s Health Defense” (CHD), testificó durante la audiencia a pesar de los intentos de impedírselo.
Según Jordan:
“La censura es hoy una gran amenaza para la libertad. Está claro que el Gran Gobierno, “Big Government”, debe ser más transparente, y que a los burócratas se les debe pedir que rindan cuentas por la censura.
“La Ley de Protección de la Libertad de Expresión lo consigue y ofrece a las personas recursos contra la censura para proteger libertades vitales de la Primera Enmienda”.
Como parte de la protección de los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses, el proyecto de ley también permitirá:
- Exigir a los jefes de las agencias del poder ejecutivo que elaboren informes frecuentes y accesibles al público en los que se detallen las comunicaciones entre una agencia del poder ejecutivo y las grandes tecnológicas.
- Garantizar que el dinero de las subvenciones federales no se utilice indebidamente para etiquetar a los medios de comunicación como fuentes de información errónea o desinformación.
- Poner fin a varios programas y autoridades que amenazan la libertad de expresión y otros derechos protegidos por la Constitución.
La sección 7 del proyecto de ley propone el cese de la Junta de gobernanza de la desinformación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y prohíbe la creación o financiación de cualquier organización similar en el futuro.
El proyecto de ley también exigiría a los beneficiarios de subvenciones federales que certifiquen que los fondos no se utilizan para crear listas de medios de comunicación etiquetados como promotores de información errónea o desinformación.
Según Paul:
“Los estadounidenses somos personas libres y no nos tomamos a la ligera los atentados contra nuestras libertades. Ha llegado el momento de resistir y de reclamar el derecho que Dios nos ha concedido a la libertad de expresión.
“Con mi Ley de Protección de la Libertad de Expresión, el Gobierno ya no podrá cubrirse de secretismo para socavar los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses”.
El copatrocinador del proyecto de ley, el senador republicano Eric Schmitt, declaró a “Fox News” que el proyecto impediría al gobierno subcontratar las labores de censura a universidades como Stanford y la Universidad de Washington, ambas demandadas en un pleito por censura presentado en mayo.
La Ley de Protección de la Libertad de Expresión que copatrociné con @SenRandPaul garantizará que las personas en el poder no puedan censurar la expresión que no les gusta.
Esta es la lucha más importante de nuestra generación. pic.twitter.com/b588MUDI8A
– Senador Eric Schmitt (@SenEricSchmitt) 24 de julio de 2023
El juez de distrito Terry Doughty, que preside el caso Misuri contra Biden, escribió en su sentencia del 4 de julio que las acusaciones contra el gobierno, de ser ciertas, representaban el “ataque más enorme contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos”.
Doughty añadió: “Es probable que los demandantes tengan éxito en su alegación de que han demostrado un perjuicio irreparable que sea suficiente para satisfacer la norma para la emisión de un requerimiento judicial preliminar.”
Al opinar sobre la propuesta de ley, “The Daily Torch” escribió: “El trascendental alcance de esta legislación reconoce que la tentación de utilizar al gobierno federal para gritar y acallar a su oposición política es fuerte”.
Los participantes en la mesa redonda jurídica de CHD sobrecogidos por los intentos de censura de los cargos electos
Tras la audiencia, CHD organizó una mesa redonda jurídica sobre los derechos de la Primera Enmienda y la represión de la libertad de expresión por parte del gobierno. Los participantes en la mesa redonda criticaron el intento de la subcomisión de censurar una audiencia de censura.
Durante la mesa redonda, Rick Jaffe, un abogado que trabaja con CHD en casos relacionados con la censura, dijo:
“Nunca pensé que vería el día en que los demócratas hicieran un intento tan descarado no sólo de silenciar la expresión, sino simplemente de mentir. El nivel de los ataques ad hominem, me pareció… llamémoslo lamentable”.
Kim Mack Rosenberg, abogada general en funciones de CHD, dijo que era “realmente triste y algo doloroso observar estos ataques tan poco cívicos contra el Sr. Kennedy y contra otros”, y añadió que, a través de tales ataques, la Primera Enmienda “fue anulada … por parte de varios de los miembros del comité”.
La mesa redonda abordó la sentencia del 4 de julio en el caso Misuri contra Biden y la implicación de CHD en otros dos pleitos por censura: una demanda contra Facebook en el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de EE.UU. y una demanda antimonopolio que CHD presentó contra la “Trusted News Initiative”, un consorcio de empresas de medios de comunicación heredados.
Los participantes también debatieron la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley contra la censura, y el abogado Jed Rubenfeld pidió “un estatuto federal que impida a las grandes empresas de medios sociales discriminar por motivos de opinión política”.
Según Rubenfeld, Florida y Texas han aprobado recientemente leyes estatales con disposiciones de este tipo. Y aunque no está claro si los estados poseen tal autoridad, Rubenfeld dijo que “el gobierno federal sin duda la tendría” a través de una enmienda a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que da a los proveedores de Internet protecciones legales para alojar, moderar y eliminar la mayoría de los contenidos de los usuarios.
Esta legislación podría funcionar en tándem con propuestas como la Ley de Protección de la Libertad de Expresión (“Free Speech Protection Act”).