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En una votación de 6-1 a última hora del martes, el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) anuló el requisito de vacunación COVID-19 del distrito para todos sus empleados.
Mary Holland, J.D., presidenta de “Children’s Health Defense” (CHD), comentó:
“La gente puede desanimarse con los pleitos -llevan mucho tiempo y dinero-, pero este es un ejemplo de la recompensa: el autoritario LAUSD se echó atrás. Que nadie piense ni por un minuto que sin HFDF [“Health Freedom Defense Fund”] esto habría ocurrido. No lo habría hecho. Es muy importante oponerse a los actos inconstitucionales y dictatoriales.
“Es un gran mérito del movimiento por la libertad sanitaria en su conjunto que no haya habido ni un solo mandato de vacunación contra la COVID de los que se habían impuesto en los distritos escolares públicos del país que se haya mantenido”. Esta hazaña no habría sido posible sin el activismo de base y las demandas judiciales”.
Leslie Manookian, presidenta y fundadora de HFDF, (siglas en inglés de “Health Freedom Defense Fund”, Fundación para la defensa de la libertad sanitaria), coincidió en que la votación fue “otra gran victoria” para el movimiento por la libertad sanitaria.
Sin embargo, dijo, la decisión del distrito de rescindir la orden ahora, más de dos años después de que fuera anunciada y después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades admitieran que las vacunas COVID-19 no previenen la infección ni la transmisión- es un “intento cínico de eludir la justicia, ya que los jueces señalaron que creían que el mandato de vacunación del LAUSD era irracional”.
La HFDF ofrece representación legal a los empleados del LAUSD afectados negativamente por el mandato de vacunación. El 2 de noviembre de 2021, el HFDF y empleados del LAUSD con “California Educators for Medical Freedom” demandaron a altos funcionarios del LAUSD, incluidos miembros de la junta, alegando que el mandato de vacunación del distrito violaba los “derechos de autonomía personal, autodeterminación, integridad corporal y el derecho a rechazar tratamiento médico” de los empleados según la 14ª Enmienda.
Después de que un juez de distrito estadounidense desestimara el caso el 2 de septiembre de 2022, los demandantes recurrieron.
El 14 de septiembre, los abogados del HFDF presentaron sus alegaciones orales ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., argumentando que el caso debería seguir adelante. La decisión del grupo de expertos sigue pendiente.
Según una declaración del HFDF relativa a la audiencia, uno de los tres jueces se mostró “conmocionado” y “estupefacto” por la normativa en curso del LAUSD sobre la vacuna COVID-19 para los empleados, y la justificación “irracional” del distrito para dicha normativa.
Manookian dijo a “The Defender” que “realmente dice mucho” que el LAUSD haya mantenido la normativa “en vista de toda la cobertura de los medios de comunicación no sólo del fracaso de la vacuna, sino de los daños posteriores a las inyecciones de COVID-19”.
“Se trata de autoritarismo, no de ciencia ni de política pública”, afirmó.
Manookian dijo que no le sorprendió la medida de la junta porque, después de que el tribunal levantara la vista del 14 de septiembre, la abogada del LAUSD, Connie Michaels, se volvió y preguntó a los abogados del HFDF: “¿Qué vais a hacer cuando rescindan la orden?”.
Según el HFDF, Michaels “sabía que la audiencia no había ido bien para el LAUSD y, en el calor del momento, se fue de la lengua“.
Kim Mack Rosenberg, abogada general de CHD, dijo que el momento de la votación de LAUSD “ciertamente hace que se levanten las cejas en cuanto a la motivación del distrito para anular el mandato”.
Rosenberg dijo a “The Defender”:
“Si bien nos complace que LAUSD finalmente eliminó este mandato injusto que nunca debería haber sido puesto en marcha para empezar, también esperamos que el tribunal se dé cuenta de la verdadera intención de este intento transparente de LAUSD para hacer que la demanda sea irrelevante, y el tribunal permita que el caso continúe.”
El LAUSD es el segundo distrito escolar público más grande de EE.UU., cuenta con casi 575.000 alumnos matriculados desde preescolar hasta duodécimo curso y unos 38.300 empleados. El distrito abarca 710 millas cuadradas e incluye Los Ángeles y secciones de 25 municipios más pequeños y secciones no incorporadas del condado de Los Ángeles.
El distrito anunció el 13 de agosto de 2021 que todos los empleados del LAUSD debían vacunarse contra COVID-19 antes del 15 de octubre de 2021. Desde entonces, el LAUSD ha despedido a unos 500 empleados y ha obligado a otros 500 a jubilarse o a solicitar permisos sin sueldo por incumplimiento del mandato, según Manookian.
Manookian, que produjo “The Greater Good“, un premiado documental sobre los daños causados por las vacunas, dijo que la normativa del LAUSD era “anticientífica”.
“No tiene sentido”, dijo. “[El hecho de que] han estado manteniendo esta normativa en vista de toda la cobertura mediática no sólo del fracaso de las vacunas, sino de los daños provocados por las vacunas tras las inyecciones de COVID-19 realmente dice mucho sobre lo que pasa de verdad”.
Y añadió: “Se trata de autoritarismo, no de ciencia ni de política pública”.
Laura Sextro, consejera delegada y directora de operaciones de “The Unity Project”, una organización sin ánimo de lucro centrada en la libertad médica y los derechos de los padres que cuenta con 200 socios estratégicos, entre ellos CHD, se mostró de acuerdo.
Sextro declaró a “The Defender” que California, junto con Nueva York, ha estado en la “punta de la lanza en términos de mala normativa y mala legislación” durante la pandemia de COVID-19.
Dijo que vio imágenes de la audiencia del 14 de septiembre en la que uno de los jueces dijo que estaba “honestamente sorprendido” por el argumento presentado por el abogado de LAUSD sobre por qué el personal debe ser vacunado contra COVID-19.
Sextro dijo: “El abogado del LAUSD citó el hecho de que tenían en mente la seguridad de sus empleados. Me parece una afirmación ridícula teniendo en cuenta que no protege contra la adquisición o transmisión del virus.”
“Además de eso, estamos viendo muchos datos ahora – están saliendo a la luz datos realmente, realmente graves – demostrando que las personas que han sido vacunadas varias veces con la vacuna COVID en realidad están experimentando una enfermedad más profunda”, dijo Sextro. “De hecho, la mayoría de las muertes por COVID se producen (…) entre personas que consideraríamos totalmente vacunadas“.
Michael Kane, fundador de “Teachers For Choice”, con sede en Nueva York, dijo: “Es sorprendente que Los Ángeles haya tardado tanto en abandonar este mandato”.
Kane fue uno de los principales demandantes en un pleito contra la ciudad de Nueva York tras denegársele una solicitud de exención religiosa para la vacuna COVID-19. Había sido despedido por las escuelas de Nueva York.
“El pasado mes de febrero, la ciudad de Nueva York retiró su mandato en la tarde de nuestra apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Nueva York”, dijo Kane.
Después de que Nueva York levantara el mandato, dijo Kane, la ciudad trató de argumentar que la demanda era discutible porque ya no había mandato.
“Esa es la tendencia que estamos viendo”, dijo, añadiendo que la demanda de la ciudad de Nueva York no fue declarada nula y sigue adelante.
Una situación similar se produjo este mes cuando el Estado de Nueva York puso fin a su obligación de vacunar contra la COVID-19 a los trabajadores sanitarios, mientras una demanda seguía su curso en los tribunales.
“Todo este calvario ha afectado gravemente a mi salud”.
La demanda de California contra el mandato de vacunación COVID-19 de los empleados del LAUSD va mucho más allá de la mera anulación de la orden, según Manookian, quien dijo que espera que el tribunal se dé cuenta de ello.
“Todavía hay unas mil personas que han perdido su trabajo, sus prestaciones y todo”, dijo. “No puedes argumentar que es discutible y descartar a esas personas como si fueran desechables”.
Soni Lloyd, profesor de estudios sociales del LAUSD, declaró a “The Defender” que el mandato “trastornó” su carrera y el lugar que ocupaba en su comunidad.
Lloyd, cofundador de “California Educators for Medical Freedom”, declaró:
“En octubre de 2021, después de 19 años en el aula como profesor de estudios sociales, me vi obligado a abandonar el campus y fui colocado en un tenue puesto de profesor virtual que terminó en junio de 2022.
“Sin un puesto, me colocaron en situación no remunerada sólo para ser llamado de nuevo a principios del año escolar 2022 a un puesto en línea diferente”.
La rescisión del mandato le asegurará el empleo, dijo, pero no en el instituto -a sólo tres manzanas de su casa- donde pasó 15 años enseñando.
“Todo este calvario ha pasado una factura tremenda a mi salud. Soy afortunado en comparación con cientos de mis compañeros que llevan más de un año sin cobrar”, añadió.
Los profesores y el personal como Lloyd, que “se mantuvieron firmes”, fueron fundamentales en los esfuerzos de Los Ángeles y Nueva York para rescindir las injustas normativas de vacunación, dijo Kane, añadiendo:
“Nada ocurre si nosotros no somos lo suficientemente valientes como para perder nuestros trabajos, perder nuestra pensión. Algunas personas han perdido sus casas. Algunas personas han abandonado sus ciudades, sus estados, su país… Conozco a gente que se ha ido de Estados Unidos por esto”.
Kane afirmó: “Todo empieza ahí, pero realmente no tendríamos nada en lo que apoyarnos sin organizaciones con principios como “Health Freedom Defense Fund” y “Children’s Health Defense”.”
“Nos enfrentamos a una máquina tan grande. Necesitamos nuestra propia máquina para ayudar a impulsarla y gracias a Dios por estas organizaciones sin ánimo de lucro que nos proporcionaron representación legal”, afirmó.
“La COVID no es la viruela”
Incluso ahora que el mandato ha sido derogado, Manookian dijo que la demanda contra el LAUSD busca hacer importantes puntos legales. En primer lugar, el caso trata de establecer que la inmunidad natural existe y, en lo que respecta a COVID-19, es superior a las vacunas.
En segundo lugar, el caso exige que se actualice la jurisprudencia sobre este tema. El LAUSD utilizó en su defensa un caso del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1905, Jacobson contra Massachusetts.
“Nuestro caso dice que Jacobson no sólo no se aplica aquí, sino que está obsoleto y debe actualizarse para reflejar la jurisprudencia más reciente, que dice que tú y sólo tú puedes decidir lo que entra en tu cuerpo”, dijo Manookian.
Añadió:
“Jacobson contra Massachusetts dijo que el Estado, en circunstancias extremas, podía imponer una inyección que se considerara segura y eficaz en una emergencia extrema.
“Bueno, COVID no es la viruela – que es de lo que Jacobson se trataba. La viruela tiene una tasa de mortalidad del 30 al 40% …
“En segundo lugar, sabemos, y lo sabíamos antes de que el LAUSD emitiera su mandato, que la inmunidad natural era robusta y es buena, si no mejor, que las vacunas. Así que, de nuevo, [Jacobson] no se aplica.
“En tercer lugar, ya sabíamos que las vacunas no detienen la transmisión ni la infección. Así que no son eficaces. La inmunidad natural es superior. Así que de nuevo, Jacobson no se aplica”.
Además, el caso Jacobson “nunca dijo que el Estado pudiera condicionar el empleo a una inyección o que el Estado pudiera clavarte una aguja en el brazo”. Más bien, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Jacobson que podría ser que una persona pagara una multa si se negaba a recibir la vacuna contra la viruela, explicó.
La demanda contra el LAUSD tiene ramificaciones nacionales, dijo Manookian, “porque de lo que se trata aquí es de si Jacobson debe o no seguir controlando nuestra conducta y nuestras normativas.”
Manookian calificó de “indignante” que un caso de 1905 se considere jurisprudencia apropiada en relación con la normativa de vacunación COVID-19.
Recordó que a principios del siglo XX las mujeres no podían votar, los afroamericanos estaban sometidos a Jim Crow y cuando el Tribunal Supremo “tuvo la osadía de dictaminar que una mujer joven era demasiado poco inteligente para tener hijos y que, por tanto, el Estado podía cortarle las trompas de Falopio”.
“No quiero volver a 1905 y no conozco a ningún estadounidense que quiera hacerlo”, añadió Manookian.