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Al parecer, un centro de salud escolar (SBHC) de Maine, financiado con fondos federales, dio pastillas antidepresivas que deben ser recetadas por un médico en una bolsita de plástico a una chica de 17 años sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres, según ha declarado el padre de ésta a “The Maine Wire”.
Cuando el padre de la chica, Eric Sack, encontró las pastillas -que su hija le dijo que eran Zoloft- se quejó al colegio.
Zoloft lleva advertencias resaltadas con recuadro negro -que alerta de posibles reacciones adversas graves- en el que se indica que el fármaco puede causar ideación suicida, sobre todo en personas menores de 24 años, cuando empiezan a tomarlo por primera vez.
Sack dejó a su hija en casa la semana siguiente para que acudiera al médico y al terapeuta, una decisión que hizo que alguien del colegio o del centro de salud se pusiera en contacto con los Servicios de Protección de Menores, que investigaron a la familia.
El reciente impulso del gobierno federal de EE.UU. para ampliar rápidamente el número de SBHC en todo el país con el fin de mejorar la atención sanitaria a los niños ofreciendo “atención primaria, atención de salud mental y otros servicios sanitarios en las escuelas” -especialmente en las comunidades desatendidas- está levantando ampollas.
Los críticos dicen que les preocupa que los niños puedan recibir, o ser presionados para recibir, intervenciones médicas innecesarias o no deseadas sin el conocimiento o consentimiento de sus padres.
La abogada de Georgia, Nicole Johnson, codirectora de “Georgia Coalition for Vaccine Choice” y asesora del equipo jurídico de “Children’s Health Defense” (CHD), declaró a”The Defender”:
“Este caso de Maine es realmente todo lo que nos preocupaba. Es casi el peor ejemplo de caso. Un joven recibe un medicamento que tiene una advertencia resaltada con recuadro negro. Vuelven a casa con él. Ni siquiera tiene el prospecto con la advertencia. No se lo han dicho a los padres, y medicamento está en una bolsa de plástico a la que cualquiera -cualquier otro niño de la casa, o sus compañeros- podría tener acceso. Podría ser una situación muy peligrosa”.
Maine apuesta por los SBHC
El Centro de Salud Bulldog del instituto Lawrence de Fairfield (Maine), que supuestamente suministró el Zoloft a la hija de Sack, ofrece servicios de atención primaria a estudiantes de secundaria y bachillerato.
Está gestionado por “HealthReach Community Health Centers” de Maine, una organización sin ánimo de lucro financiada en gran parte por las cuotas de los pacientes y subvenciones. “HealthReach” informó de que también había recibido 4,8 millones de dólares de la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (“Health Resources and Services Administration”, HRSA por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (“Health and Human Services”, HHS por sus siglas en inglés), aunque no se dispone de más detalles sobre la subvención.
HRSA también concedió aproximadamente 25 millones de dólares en 2022 para ampliar 125 SBHC, incluidos 81.728 dólares a “HealthReach”. HRSA también concedió 5 millones de dólares a 27 centros en 2021.
Estas subvenciones se suman a los 50 millones de dólares en subvenciones del HHS autorizadas por la administración Biden y el Congreso en 2022 a los estados “con el fin de implementar, mejorar o ampliar la prestación” de asistencia sanitaria a través de los SBHC utilizando Medicaid o el Programa de Seguro Médico Infantil, informó “The Defender”.
En Maine, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (“Department of Health and Human Services”, DHHS por sus siglas en inglés) anunciaron en marzo de 2022 planes para ampliar los SBHC en todo el estado mediante el uso de financiación federal única del Plan de Rescate Americano por valor de 2,4 millones de dólares.
Los fondos se distribuyen en subvenciones de dos años durante 2021-24 para establecer entre 12 y 15 nuevos centros en Maine.
En 2022, había al menos 22 SBHC en el estado.
La financiación estatal cubre los costes de puesta en marcha más los costes de los estudiantes sin seguro o con seguro insuficiente, del tiempo adicional necesario durante las visitas y de la “atención confidencial que puede no facturarse al seguro”, según una presentación del DHHS.
En la asociación SBHC, el distrito escolar actúa como “anfitrión”, coordinando la inscripción en el programa SBHC, el consentimiento de los padres y los servicios. El proveedor de asistencia sanitaria es el “patrocinador”, que recibe la financiación y presta los servicios.
Una justificación clave para la expansión de los centros, en Maine y a nivel nacional, es una “mayor necesidad de atención de salud mental.” Según la presentación del DHHS, la demanda de servicios de salud mental para niños y jóvenes alcanzó “un máximo histórico”, y la pandemia de COVID-19 agravó las disparidades en el acceso a la atención sanitaria.
En el año escolar 2020-21, el 77% de las visitas notificadas al SBHC fueron para servicios de salud mental. El DHHS también indicó que el aumento del uso de los servicios de urgencias por parte de los jóvenes estaba motivado por la ideación suicida entre las mujeres adolescentes.
‘Busco lo mejor para mi hija’
“The Maine Wire” informó de que cuando Sack encontró una bolsa con cierre que contenía pequeñas pastillas azules en su domicilio familiar, su hija le dijo que se las había recetado el centro Bulldog SBHC.
Dijo que no solo le preocupaba que la prescripción dada a su hija violara sus derechos parentales, sino también que el centro enviara medicamentos sin etiquetar y sin envase a prueba de niños a casa con su hija, a un hogar donde también vivían dos niños más pequeños.
Sack dijo que se puso en contacto con el director de “Lawrence High School”, Dan Bowers, quien le dijo que la clínica era una entidad separada sobre la que no tenía ningún control.
Sack también dijo que un representante del” Bulldog Health Center” le dijo que podían recetar legalmente el medicamento a su hija sin informarle. No hicieron comentarios sobre la falta de prospecto o de envase de seguridad, dijo.
Preocupado, Sack sacó a su hija del colegio la semana siguiente.
“Busco lo mejor para mi hija. Por eso la saqué de la escuela”, dijo Sack a “The Maine Wire”. “Porque no creo que deba estar allí si van a empezar a darle pastillas, ¿sabes? Hasta que me siente con un médico que yo elija para mi hija, no a través de la escuela”.
“The Maine Wire” informó de lo que ocurrió a continuación:
“El jueves, un agente de los Servicios de Protección de Menores (SPM) llamó a Sack y le informó de que llegaría en breve para realizar una visita sorpresa a su domicilio con el fin de llevar a cabo una investigación sobre el bienestar infantil.
Llamaron y dijeron que había una situación de emergencia en mi casa, que estaba cerca de estar reteniendo a mi hija como un rehén, es lo que me dijo el caballero que vino ayer”, dijo Sack.
“‘Tenía información que sólo tenían la escuela y el “Bulldog Health Center”,’ dijo”.
Los miembros de la familia fueron interrogados individualmente y en grupo por el agente de la CPS Dylan Wood, quien finalmente indicó que la denuncia contra él era infundada, dijo Sack.
“The Defender” se puso en contacto con Sack, quien dijo que está buscando asesoramiento legal y se negó a ser entrevistado en este momento. El “Bulldog Health Center” y Bower no respondieron a la solicitud de comentarios.
Los formularios de consentimiento del SBHC pueden resultar confusos para los padres
Sack dijo a “The Maine Wire” que era posible que él o su esposa hubieran firmado un formulario de consentimiento al inicio del curso escolar, pero que seguía pensando que el incidente violaba sus derechos.
Justine Tanguay, abogada con casi 20 años de experiencia en la defensa de los niños en diversos ámbitos de la ley, dijo a “The Defender” que estos formularios de consentimiento son una cuestión clave que los padres deben tener en cuenta.
Al inicio de cada curso escolar, los padres reciben muchos formularios que deben firmar y probablemente no se dan cuenta de que están renunciando a sus derechos sobre la atención sanitaria de sus hijos, dijo.
La mayoría de los padres, dice, tienden a asumir que los formularios de consentimiento médico de la escuela permiten a una enfermera escolar administrar primeros auxilios, tratamiento para enfermedades leves o tratamiento de emergencia.
“Pero no se trata de eso”, dijo Tanguay. “Es algo mucho más perverso.”
A diferencia de las enfermeras escolares, los SBHC funcionan como clínicas de atención primaria. Al firmar los formularios de consentimiento, los padres pueden dar, sin saberlo, a quienes dirigen el SBHC la autorización legal para proporcionar “atención sanitaria integral.”
Esto podría incluir, pero no limitarse a, “la capacidad de proporcionar tratamiento preventivo, servicios de salud mental y conductual, asesoramiento reproductivo, servicios de laboratorio y prescripción, diversos exámenes médicos, vacunas y gestión de enfermedades”, dijo Tanguay.
Insistió en que los padres deberían saberlo:
“Un formulario que pueden recibir al inicio del curso escolar es un formulario de consentimiento general, y si lo firman, básicamente están abdicando de sus derechos parentales para tomar decisiones médicas por sus hijos.
“La escuela no tendrá que preguntar: ‘Oiga, ¿podemos hacerle a su hijo la prueba de lo que sea? No, ya han firmado el formulario, ya han dicho: ‘Haced lo que queráis'”.
Pero, dijo, los padres que firmaron ese formulario tienen derecho a revocarlo.
Tanguay añadió que los formularios de consentimiento pueden ser difíciles de entender y que no todos son iguales.
Sugirió a los padres cuyos hijos acuden a escuelas con SBHC que se informen de lo que dicen los formularios que firman y decidan de qué quieren excluirse.
Tanguay también dijo que la supuesta declaración de Bower de que la clínica no está bajo su control es cierta. Estas clínicas están dentro de la escuela, pero son entidades separadas no administradas por la escuela, dijo.
Sin embargo, la escuela es responsable de obtener los formularios de consentimiento firmados por los padres, lo que genera confusión.
Eso significa que los padres no están dando su consentimiento informado, dijo Tanguay.
“¿Sabía el padre en este caso lo que estaba firmando? ¿Había alguna advertencia en el documento que dijera ‘Usted renuncia a su patria potestad para tomar decisiones médicas’? ¿Comprendió las implicaciones del formulario? Lo dudo”, dijo.
La crisis de salud mental de los adolescentes impulsó la financiación federal de los SBHC
Al menos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las autoridades y organizaciones de salud pública han hecho sonar la alarma sobre una crisis de salud mental entre los niños.
La Asociación Americana de Pediatría (AAP) declaró declaró la crisis de salud mental infantil emergencia nacional en octubre de 2021 y el Director General de Salud Pública emitió en mayo de este año un aviso público advirtiendo de que las redes sociales pueden suponer un “profundo riesgo de daño para la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes”.
De hecho, las tasas de suicidio, especialmente entre las adolescentes, han ido en aumento desde 2008.
Esos anuncios públicos señalaban la pandemia de COVID-19, el racismo y las redes sociales como causas de las mayores tasas de enfermedades mentales entre los adolescentes.
Pero otros expertos, como el Dr. Vinay Prasad, MPH, han advertido contra esos supuestos vínculos, señalando en su lugar políticas como los confinamientos y los cierres de las escuelas que aislaban a niños y adolescentes y les obligaban a estar conectados a Internet durante largos periodos de tiempo, poniendo en peligro su educación y su vida social.
Grupos como la AAP, firme defensora de los SBHC, han aprovechado la crisis de salud mental para pedir al gobierno de Biden que financie la ampliación del acceso a la detección, el diagnóstico y el tratamiento de los niños, argumentando que el acceso a la “atención de salud mental en la escuela” debería ser una prioridad.
La administración respondió con nuevas medidas políticas, como la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras -que puso a disposición 11.000 millones de dólares para servicios de salud mental- y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Ambas ofrecen financiación explícita para servicios de salud mental en las escuelas para estudiantes, informó “KFF Health News”.
Muchos de estos recursos han financiado la expansión de los SBHC.
Asociaciones profesionales como la AAP y la Academia Americana de Médicos de Familia recomiendan los antidepresivos, a menudo combinados con terapia, para tratar problemas de salud mental de moderados a graves en los jóvenes.
Pero el uso de antidepresivos para los jóvenes -una de las herramientas de la industria sanitaria para abordar los problemas de salud mental- ha sido polémico, ya que muchos defensores de los niños han argumentado durante décadas que los “agentes alteradores de la mente fuertemente comercializados” se prescriben con demasiada frecuencia a los niños y que los efectos de los fármacos no están suficientemente estudiados.
Una revisión de 2016 de más de 70 ensayos publicada en “The BMJ” halló un aumento de las autolesiones y agresiones en niños y adolescentes que tomaban antidepresivos, pero no en adultos.
Debido a estas preocupaciones, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) incluyó en 2004 una advertencia resaltada con recuadro negro recuadro negro a muchos antidepresivos, advirtiendo de que aumentan el riesgo de suicidio (definido como pensamientos serios sobre quitarse la vida o planear o intentar suicidarse) entre niños, adolescentes y adultos jóvenes.
A pesar de estas preocupaciones, en la última década se ha producido un aumento constante del número de antidepresivos recetados a los niños.
Muchos investigadores médicos han pedido a la FDA que elimine estas advertencias, alegando que conducen a una reducción del número de jóvenes que toman antidepresivos. Otros han constatado que estas afirmaciones se basan en “pruebas débiles“.
Defensores de la salud mental de los niños, como Tom Madders, director de campañas de ‘YoungMinds’, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la salud mental de niños y jóvenes con sede en el Reino Unido, afirmaron que los antidepresivos podrían desempeñar un papel en la salud mental de algunos jóvenes, pero que es “crucial” que se combinen con otras terapias y que no se utilicen como sustituto de otros tratamientos.
Incluso quienes defienden firmemente el uso de antidepresivos en niños advierten de los efectos secundarios y de la importancia de la educación de los padres y del consentimiento informado.
Un artículo de 2019 en “Current Psychiatry” lo subraya:
“Es importante que los médicos y las familias estén informados sobre los posibles efectos adversos y su evolución temporal para anticiparse a las dificultades, garantizar un consentimiento informado adecuado y realizar un seguimiento apropiado”.
“Debe hablarse sobre la advertencia resaltada con recuadro negro relativa a pensamientos o conductas suicidas emergentes del tratamiento”.