La administración Biden comenzó la semana pasada a subastar una gran parte del Golfo de México -aproximadamente del tamaño de Italia- para la explotación de petróleo y gas, vendiendo los derechos de perforación de 1,6 millones de acres (cerca de 650.000 hectáreas) de una zona de 73 millones de acres (cerca de 30 millones de hectáreas) en el Golfo.

La subasta, que atrajo ofertas de aproximadamente 264 millones de dólares de grandes petroleras como Chevron, ExxonMobil, BP, Shell y Equinor, violó el espíritu de la promesa que en 2020 hizo el Presidente Biden a los votantes: “No más perforaciones en tierras federales, punto. Punto, punto, punto”.

La Ley de Reducción de la Inflación (“Inflation Reduction Act”, IRA por sus siglas en inglés), ley emblemática de Biden sobre el cambio climático, le obligaba a subastar las aguas del Golfo, ya que, según los términos de la ley IRAel Gobierno federal no puede arrendar aguas federales para el desarrollo de la energía eólica marina a menos que también ofrezca al menos 60 millones de acres (casi 25 millones de hectáreas) de aguas federales para el arrendamiento de petróleo y gas.

De hecho, la administración Biden ha ofrecido millones de acres de aguas federales para el arrendamiento eólico marino. Al menos tres de las compañías petroleras que pujaron por los derechos de perforación en el Golfo -Shell, BP y Equinor- también poseen arrendamientos eólicos frente a las costas de Nueva Jersey y Nueva York.

El gobierno de Biden está tramitando rápidamente este tipo de proyectos eólicos marinos a través del proceso regulador federal, a pesar de la creciente preocupación por sus repercusiones ecológicas, incluido un reciente aumento de muertes de ballenas y delfines que ha dado lugar a peticiones de investigación.

Demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes votaron la semana pasada a favor de investigar el impacto de la energía eólica marina sobre las ballenas y el medio ambiente oceánico. La investigación se incluyó en un proyecto de ley que preveía acelerar aún más la mayoría de los demás proyectos energéticos.

Biden, las empresas energéticas y sus aliados de las grandes organizaciones ecologistas -Sierra Club, National Resources Defense Council (“National Resources Defense Council”, NRDC por sus siglas en inglés) y Greenpeace- rechazan los llamamientos a frenar el desarrollo de la energía eólica marina para investigar la muerte de ballenas y delfines y las repercusiones ecológicas más generales.

La Administración y sus aliados afirman que la energía eólica marina es necesaria para eliminar la dependencia del petróleo y el gas. Sin embargo, la subasta de derechos de perforación petrolífera en el Golfo por parte del gobierno estadounidense contradice esta afirmación.

Lo mismo ocurre con la aprobación por Biden a mediados de marzo del enorme proyecto Willow en Alaska concedido a la empresa ConocoPhillips, que producirá unos 600 millones de barriles de petróleo a lo largo de su vida útil.

Estos grandes proyectos de combustibles fósiles hacen probable que Biden no cumpla los objetivos de emisiones que se ha fijado, especialmente mientras la producción y las exportaciones de petróleo de Estados Unidos alcanzan máximos históricos y las grandes petroleras, “Big Oil”, disfrutan de beneficios récord gracias a sus promesas de emisiones.

Como resultado, el medio ambiente, en particular el oceánico, se ve ahora amenazado por dos formas diferentes de energía industrial propiedad de las mismas grandes compañías -petróleo en alta mar y energía eólica- sin reducción concomitante de las emisiones de carbono.

Los impactos ecológicos acumulados en grandes extensiones del océano incluirán el ruido de la cartografía por sonar y los trabajos de prospección en alta mar, que se sabe que perturban a los mamíferos marinos, el aumento del tráfico de buques, el ruido y los sedimentos procedentes de la construcción y la perforación, el aumento de la contaminación y el riesgo de accidentes y otras perturbaciones del medio marino.

La ley IRA contiene contradicciones incorporadas

Cuando el Senado aprobó la ley IRA en agosto de 2022, el destacado ecologista Al Gore la calificó de “legislación climática transformadora”.

La mayoría de las organizaciones ecologistas y los políticos progresistas se hicieron eco del entusiasmo de Gore.

El ex presidente Barack Obama la calificó de “la ley climática más importante de la historia de Estados Unidos”. El NRDC habló de la ley como “la acción climática estadounidense más enérgica de la historia”.

Sin embargo, vincular las renovables a los combustibles fósiles negaba el objetivo declarado de la ley: reducir las emisiones de carbono poniendo fin a la dependencia del petróleo.

Aún así, prácticamente todas las organizaciones ecologistas importantes, a pesar de expresar su consternación por las disposiciones sobre el arrendamiento de petróleo añadidas por el senador Joe Manchin (demócrata de Virginia occidental), instaron a una rápida aprobación del proyecto de ley.

El destacado activista estadounidense Bill McKibben se quejó de que la ley estaba “profundamente comprometida”, pero no obstante la calificó de “gran victoria” para el movimiento por la protección del clima.

Los partidarios de la ley IRA señalaron que, aunque la ley obligaba al gobierno a “ofrecer” arrendamientos de tierras y aguas federales a los perforadores petrolíferos, no exigía que las empresas pujaran por ellos. La ley establece que una oferta dará lugar a la emisión de un contrato de arrendamiento sólo si la oferta es “aceptable”.

Algunos ecologistas se mostraron esperanzados en que la ley IRA redujera el coste de las energías renovables, lo que haría poco atractivo para las petroleras aceptar nuevos arrendamientos de petróleo y gas.

Pero la subasta del Golfo de la semana pasada echó por tierra esas esperanzas. De hecho, la ley IRA hizo más atractivo el arrendamiento de petróleo en alta mar.

Seis meses antes de que se aprobara la ley, un juez federal de Estados Unidos anuló la venta por parte del gobierno de importantes concesiones petrolíferas en alta mar en el Golfo de México a ExxonMobil, Chevron y BP, dictaminando que la administración Biden no había tenido debidamente en cuenta los efectos sobre el clima.

La IRA eliminó ese obstáculo, haciendo más probable, no menos, que las petroleras sigan comprando concesiones de perforación en alta mar y explotándolas.

Las energías renovables sólo pueden ayudar al planeta si sustituyen a los combustibles fósiles. La ley IRA dio la vuelta a esa lógica al vincular las energías renovables a la expansión del petróleo y el gas.

La ley IRA es buena en una cosa: “hacer más ricos a los multimillonarios

La ley IRA ejemplifica un enfoque fallido de la política medioambiental, que ha quedado en gran medida en manos de los intereses empresariales.

En virtud de la ley IRA, las grandes empresas que controlan tanto el lado “limpio” como el “sucio” de la industria están acaparando concesiones federales y haciendo que sus proyectos pasen por la vía rápida (“fast track”), a través del proceso regulador, con una revisión medioambiental mínima, mientras se atiborran de fondos públicos.

La ley IRA puso a disposición 400.000 millones de dólares para el desarrollo de energías “limpias” y lucrativos despilfarros empresariales, como las tecnologías no probadas de “captura de carbono“, con cientos de miles de millones más en créditos fiscales.

Según un análisis de Goldman Sachs, la ley IRA desembolsará un total de 1,2 billones de dólares, que se prevé generen otros 3 billones de inversión privada en empresas relacionadas con el clima.

Según Goldman Sachs, se invertirán 30 billones de dólares en la transición energética “verde” de aquí a 2040, que el NRDC califica de “la jugada económica de nuestra vida”.

Pero todavía no hay pruebas reales de que este “juego económico” multimillonario esté desplazando a los combustibles fósiles o reduciendo las emisiones de carbono.

Lo principal que se ha demostrado que hace la ley IRA en este momento es inyectar dinero a los bolsillos de grandes empresas. Según Forbes, “La Ley de Reducción de la Inflación es muy buena en una cosa: hacer más ricos a los multimillonarios”.

La teoría que subyace a la ley IRA es que esta generosidad empresarial acabará reduciendo la dependencia de la economía de los combustibles fósiles.

Sin embargo, hay una diferencia entre la teoría y la realidad, y esa diferencia puede apreciarse con mayor claridad en los océanos, no sólo frente a las costas de Estados Unidos, sino en todo el mundo.

El gigante petrolero mundial Equinor, propietario de proyectos eólicos frente a las costas de Nueva Jersey-Nueva York y que acaba de pujar por arrendamientos de petróleo y gas en el Golfo de México, intenta obtener la aprobación del gobierno británico para explotar el yacimiento petrolífero de Rosebank, en el Mar del Norte.

De seguir adelante, el proyecto Rosebank produciría 500 millones de barriles de petróleo y acabaría con el presupuesto de carbono del Reino Unido.

ConocoPhillips también está desarrollando petróleo y energía eólica marina en todo el mundo, incluidos proyectos eólicos frente a las costas de China y Noruega diseñados para alimentar yacimientos petrolíferos marinos.

El proyecto Willow de ConocoPhillips producirá unos 240 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, lo que hace prácticamente imposible alcanzar los objetivos de emisiones del Presidente y socava la lógica de la ley IRA.

¿Qué pueden hacer los ecologistas que realmente quieren proteger el planeta?

Los ecologistas que de verdad quieren proteger el mundo natural van más allá del enfoque profundamente erróneo que representa la ley IRA para adoptar una concepción mucho más amplia de la sostenibilidad y la ecología que no tiene nada que ver con los beneficios empresariales o los planes industriales lucrativos.

En su artículo “Cómo el movimiento ecologista puede volver a encontrar su alma”, el escritor medioambiental Charles Eisenstein afirmaba que el “núcleo” de la crisis ecológica mundial es el “ecocidio: la matanza de los ecosistemas, la matanza de la vida”.

Para detener este ecocidio, escribió: “Debemos proteger absolutamente cualquier ecosistema que todavía esté intacto del desarrollo, ya sea para petróleo y gas, minerales, madera, ganadería, suburbios, embalses de presas, pesca a escala industrial o biocombustibles”.

Esto significa proteger los ecosistemas oceánicos intactos de cualquier tipo de desarrollo industrial a gran escala en alta mar.

Significa proteger a ballenas y delfines y otras especies marinas, y no mirar hacia otro lado mientras las multinacionales de la energía destruyen su hábitat.

Para empezar a revertir el daño ecológico ya hecho, se requiere “regeneración: devolver la vida a los lugares donde se ha agotado”, escribió Eisenstein, mediante la agricultura regenerativa, las reservas marinas y la reintroducción de especies, y “revitalizar los órganos de la Tierra y volver a ponerlos en funcionamiento para estabilizar el clima”.

La obra de Eisenstein es un lugar, entre otros, para buscar formas de replantear los retos ecológicos del siglo XXI, de superar el pensamiento erróneo de un movimiento ecologista que se ha desviado mucho del camino.

La ley IRA -que se suponía que iba a proteger el planeta pero que, en cambio, ha acelerado la destrucción ecológica- revela con crudeza los fallos de ese movimiento, ahora alineado en gran medida con los intereses corporativos que buscan sacar provecho de una crisis.