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06-07-2023 News

Big Tech

El gobierno de Biden recurrirá una histórica sentencia contra la censura enfocada a limitar la difusión en las redes sociales

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el miércoles que apelará la sentencia dictada el martes por el juez Terry Doughty que prohíbe a varios funcionarios clave de la administración Biden y a agencias federales mantener conversaciones con plataformas de medios sociales con el fin de “alentar, presionar o inducir de cualquier modo la retirada, eliminación, cancelación o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida.”

white house social media censor appeal feature

Menos de 24 horas después de que un juez federal prohibiera temporalmente a varios funcionarios clave de la administración Biden y a agencias federales comunicarse con plataformas de medios sociales, la administración Biden dijo que apelará el fallo.

La sentencia dictada el 4 de julio por el juez Terry Doughty del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Luisiana, División Monroe, afirma que existen “pruebas sustanciales” de que el gobierno violó la Primera Enmienda al emprender una campaña de censura a gran escala contra los contenidos que cuestionaban las narrativas del establishment sobre COVID-19.

La medida cautelar se produjo en el marco de una demanda interpuesta en mayo de 2022 por los fiscales generales de Misuri y Luisiana, junto con varios expertos médicos y periodistas, que alegaban que las plataformas de medios sociales censuraban sus opiniones, cuando eran contrarias a la versión oficial del gobierno.

En respuesta, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó el miércoles un recurso de apelación.

Según The Hill, “la apelación del DOJ irá al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans. Está formado principalmente por jueces nombrados por el Partido Republicano”.

The Hill citó a un funcionario anónimo del DOJ que dijo que la agencia “espera solicitar una cancelación de la decisión del tribunal de distrito”.

En respuesta a la pregunta de un periodista durante la rueda de prensa del miércoles en la Casa Blanca, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo: “Mire, no estamos de acuerdo con la decisión. Lo dejaré ahí”.

Según “The Washington Post”, Jean-Pierre afirmó que la administración Biden ha sido “coherente” en sus interacciones con las plataformas de las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, y añadió que “seguirá promoviendo acciones responsables para fomentar la salud pública, la seguridad y la protección ante retos como una pandemia mortal y ataques extranjeros a nuestras elecciones”.

“Nuestra opinión sigue siendo que las plataformas de medios sociales tienen una responsabilidad crítica a la hora de tomar medidas o tener en cuenta los efectos que sus plataformas están teniendo [sobre] el pueblo estadounidense, pero ellas toman decisiones independientes sobre la información que presentan”, añadió Jean-Pierre.

El Post criticó la decisión del martes, afirmando que “la orden está a punto de tener un efecto amedrentador sobre los esfuerzos de las empresas para protegerse contra la información errónea mientras trabajan para resolver qué tipos de asociaciones están permitidas”.

Yoel Roth, ex jefe de Confianza y Seguridad de Twitter, también criticó el fallo del martes, diciendo al Post “Hay muchas cosas mal con esta decisión, y no es la menos importante el hecho de que nos hará menos seguros de cara a las elecciones de 2024.”

Roth ha sido objeto de varios Archivos de Twitter, “Twitter files“, incluyendo documentación que muestra que intercambió más de 150 correos electrónicos con el FBI, y en particular con el agente del buró en San Francisco, Elvis Chan, entre enero de 2020 y noviembre de 2022, en referencia a las peticiones del FBI de “tomar medidas” sobre los posts alojados en esa plataforma.

Chan, uno de los acusados nombrados en Missouri contra Biden, prestó declaración jurada en el caso, testificando bajo juramento que el FBI desarrolló un puesto de mando antes de las elecciones de 2020 y 2022, enviando mensajes relacionados con las elecciones a Twitter y otras plataformas de medios sociales.

El Post, junto con otros medios como “The Associated Press,” Reuters y la BBC, son demandados en un procedimiento antimonopolio interpuesto por “Children’s Health Defense“, por su presunto papel en la censura de las narrativas no establecidas sobre el COVID-19 y otros temas, a través de su participación en la “Trusted News Initiative”, una autodenominada “asociación de la industria”.

La demanda, presentada ante el mismo tribunal que dictó la sentencia del martes en el caso Missouri contra Biden, también fue asignada a Doughty.

El analista jurídico de la CNN, Elie Honig, también criticó el requerimiento judicial del martes, afirmando que la libertad de expresión es “una ideología política conservadora” y que las referencias del fallo a “cuestionar las vacunas, cuestionar las mascarillas” eran “argumentos conservadores”.

Honig calificó la decisión de Doughty de “lo contrario del conservadurismo judicial”, que en su lugar pretende “microgestionar todo el poder ejecutivo… y las principales empresas de medios sociales”.

“Se trata de una opinión judicial muy activista”, añadió Honig.

No obstante, según el Post, algunas agencias federales cancelaron reuniones programadas con empresas de medios sociales tras la orden judicial del martes.

El Post informó de que funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. informaron a Facebook de que las reuniones mensuales entre ambos han sido “canceladas a la espera de nuevas orientaciones”, y añadió que la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras podría tomar la misma medida.

Según “The Post”, “la cancelación de las reuniones periódicas entre Meta, la empresa matriz de Facebook, que es la mayor empresa de medios sociales del mundo-, y las agencias gubernamentales estadounidenses muestra el impacto inmediato de la orden del martes”.

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