Altom Maglio dice que su bufete de abogados, Maglio Christopher & Toale, ha litigado más demandas por lesiones relacionadas con las vacunas en los últimos cinco años que cualquier otro bufete de abogados en los Estados Unidos.

Pero el bufete de 22 abogados tiene un mensaje decepcionante para los posibles clientes que hayan sufrido una lesión grave por una vacuna COVID.

“Nuestro bufete ha llegado a la conclusión de que no hay nada que nuestros abogados puedan hacer para ayudarle de forma significativa”, afirma el bufete en su página web.

Esto se debe a que el Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas (“National Vaccine Injury Compensation Program”, NVICP por sus siglas en inglés) -también conocido como “tribunal de vacunas”- no se ocupa actualmente de las reclamaciones por lesiones causadas por las vacunas COVID, aunque el bufete de abogados afirma que está liderando un esfuerzo nacional para que las vacunas COVID queden cubiertas por el NVICP.

“En el momento en el que las lesiones causadas por la vacuna COVID estén cubiertas, podemos iniciar el proceso de revisión de su reclamación para determinar si puede acogerse al VICP”, afirma la empresa.

Maglio dijo a Reuters que se han puesto en contacto con su empresa, con sede en Florida, al menos unos cientos de personas por sospechas de lesiones relacionadas con la vacuna COVID, incluyendo coágulos de sangre e inflamación del corazón.

Según un artículo de opinión de Jenna Greene en Reuters, no es que la empresa de Maglio no quiera ayudar. Representar a personas que han tenido reacciones adversas graves a las vacunas contra el tétanos, el sarampión, la hepatitis, la gripe y una docena de otras vacunas es su “pan de cada día”.

Pero el sistema actual de tramitación de las reclamaciones relacionadas con la COVID es diferente al de otras vacunas, y no es un cambio positivo. Si usted ha sufrido una lesión relacionada con las vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson (J&J), no tiene suerte.

Sólo hay dos programas en Estados Unidos que ayudan a las personas con reacciones a las vacunas, pero sólo uno de ellos acepta reclamaciones relacionadas con las vacunas COVID -el Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (“Countermeasures Injury Compensation Program” CICP, por sus siglas en inglés)- y casi nunca concede dinero, afirma el sitio web de Maglio.

Renée Gentry, directora de la Clínica de Litigios por Daños Causados por Vacunas de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, dijo quelos demandantes de la vacuna COVID tienen dos derechos: “Tienen derecho a presentar una demanda”, dijo. “Y tienen derecho a perder”.

“No sabíamos la buena situcación que teníamos”, dijo Maglio. El tribunal de vacunas “no está exento de problemas, pero funciona, y la gente llega a recibir compensación”. Pero no es ahí donde se resuelven las reclamaciones por la vacuna COVID.

El NVICP es un tribunal especial, sin culpa, ubicado en el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos, que se ocupa de las reclamaciones por lesiones de 16 vacunas comunes. Hasta la fecha, ha concedido más de 4.000 millones de dólares a miles de personas por lesiones causadas por vacunas.

Los pagos, incluidos los honorarios de los abogados, se financian con un impuesto de 75 céntimos por cada vacuna y hay un límite de 250.000 dólares para el dolor y el sufrimiento. Los procedimientos se convierten a menudo en prolongadas y polémicas batallas periciales y la acumulación de casos es considerable, informó Reuters.

La Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Infancia de 1986, que estableció el NVICP, y la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. Russell Bruesewitz y otros contra Wyeth y otros garantizan que los fabricantes de vacunas, los médicos y otros administradores de vacunas casi siempre no tengan responsabilidad legal o financiera en los tribunales civiles cuando una vacuna recomendada u ordenada por el gobierno causa lesiones permanentes o la muerte.

El CICP, gestionado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, es aún peor que el NVICP. Sólo un 8% de las personas que se presentaron al CICP con lesiones causadas por vacunas en el pasado han recibido alguna vez una indemnización, y no existe ninguna protección del sistema judicial estadounidense. El plazo de prescripción del CICP es de un año a partir del momento en que se produjo el daño. Una diferencia clave entre el CICP y el NVICP es que el NVICP paga los honorarios de los abogados; el CICP no.

“No hay transparencia, ni tribunal, ni juez, ni derecho de apelación”, dijo Gentry. “Las decisiones sobre la compensación son tomadas en un agujero negro por un administrador sin nombre”.

En la página web de la agencia se describen los parámetros del programa, autorizado por la Ley de Preparación para Situaciones de Emergencia (“Public Readiness and Emergency Preparedness”, PREP por sus siglas en inglés). La Ley PREP entró en vigor el 4 de febrero y declaró el COVID-19 como una emergencia de salud pública. La declaración de la Ley PREP tiene por objeto específico proporcionar inmunidad de responsabilidad, razón por la cual las personas que resultan lesionadas por las vacunas COVID no pueden recurrir al NVICP.

El programa ofrece una indemnización por gastos médicos, pérdida de ingresos laborales y prestaciones por superviviente del fallecido como “pagador de último recurso”, cubriendo únicamente lo que queda sin pagar o lo que no pueden pagar otros terceros, como el seguro médico.

Históricamente, casi nadie recibe compensación. Desde el inicio del programa en 2010, solo se han pagado 29 reclamaciones, con un pago medio de unos 200.000 dólares. Las otras 452 reclamaciones (91,4%) fueron denegadas. Diez reclamaciones obtuvieron la aprobación, pero fueron consideradas no aptas para la indemnización.

A 1 de junio, el programa notificó 869 casos pendientes, pero no ofrecía más información.

Greene señaló que, en un momento en que el gobierno está tratando de convencer urgentemente al 70% de la población elegible para que se vacune antes de que la variante Delta se afiance, no parece útil negar el debido proceso -sin juez, sin recurso judicial y sin transparencia- a quienes reaccionan mal a las vacunas.

Las personas dañadas por las vacunas COVID recurren a “GoFundMe”

Según una investigación recopilada por un grupo del condado de Mesa (Colorado), hasta el 25 de junio había 180 cuentas de “GoFundMe” que buscaban ayuda para personas que habían sufrido lesiones tras recibir la vacuna COVID y que se habían quedado con grandes facturas médicas y otros gastos.

Kelli, una joven que estaba cursando un máster en enfermería, sufre un caso grave de síndrome de Guillain Barre (SGB) desde que recibió su segunda dosis de la vacuna COVID de Pfizer. Una amiga recurrió a “GoFundMe” para recaudar dinero para sus facturas médicas, equipos y cuidados.

Según la Clínica Mayo, el SGB es un trastorno poco frecuente en el que el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los síntomas iniciales incluyen debilidad y hormigueo en las extremidades, que pueden extenderse rápidamente, llegando a paralizar todo el cuerpo.

Kelli no ha respondido bien a los tratamientos y su estado ha seguido empeorando. Sólo puede mover las manos, el cuello y encogerse de hombros. Es incapaz de agarrar o sostener cosas y no puede comer por la boca. Kelly, que en su día estaba sana y no padecía ninguna enfermedad, depende ahora de una sonda para comer y de un respirador artificial para respirar.

El 23 de abril, Virgil Brimley recibió su segunda dosis de Pfizer y “cayó boca abajo entre 10 y 12 horas después” tras sufrir un ataque. Fue hospitalizado e ingresado en la UCI. Su esposa inició un “GoFundMe” para recaudar dinero para sus gastos de manutención y facturas médicas.

Rachael Cecere, de 33 años, quedó paralizada tras sufrir una rara reacción del sistema nervioso central a su primera dosis de la vacuna COVID de Pfizer.

El 14 de abril, Cecere se despertó con una parálisis de todo el cuerpo a la 1:30 de la madrugada. Tuvo que pedir ayuda a su hija de 3 años. Fue trasladada a varios hospitales y finalmente acabó en la Clínica Cleveland.

Según su “GoFundMe”, la Clínica Cleveland confirmó que Cecere había sufrido una reacción de malestar por la vacuna que le provocó una parálisis del sistema nervioso. Durante su estancia en un centro de rehabilitación, Cecere recuperó la sensibilidad en los brazos, pero no tiene sensibilidad en las piernas.

“Es difícil creer que pasó de estar en forma y activa un día a no poder caminar ahora”, escribieron el hermano y el primo de Cecere.

“Uno de los verdaderos problemas que no se está analizando lo suficiente es el grado de lo que está sucediendo en estos casos de respuestas adversas a las vacunas”, dijo el Dr. Routhier, médico y ex ejecutivo de las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos.

“Normalmente pensamos que las reacciones a las vacunas son cosas como sarpullidos, fiebres u otros síntomas que acaban remitiendo. Lo que estamos viendo ahora es lo que puede describirse más adecuadamente como lesiones por vacunas”, dijo Routhier.

“La gente está siendo dañada físicamente por las vacunas y eso es hasta cierto punto atípico”. El Dr. Routhier dijo que el hecho de que se exijan las vacunas en el lugar de trabajo pueden estar contribuyendo a la necesidad de las solicitudes de “GoFundMe”.

Ella lo explicó:

“Si a alguien se le exige que se vacune para volver al trabajo, y luego sufre una lesión que le incapacita para trabajar, no es el tipo de lesión que reconoce el seguro de indemnización por accidente laboral. Esto significa que las personas tienen una lesión debilitante que está relacionada con el trabajo pero que no se reconoce como tal. Entonces podrían tener que recurrir a la caridad privada para reemplazar parte de sus ingresos perdidos”.

El 2 de junio, “The Defender” informó de que una mujer de 38 años, Kendra Lippy, sufrió graves coágulos sanguíneos y un fallo orgánico múltiple a causa de la vacuna COVID de J&J y se quedó con más de un millón de dólares en facturas médicas.

“Siempre voy a tener esta discapacidad… que va a limitar lo que puedo comer y limitar… algunas actividades que ya no puedo hacer”, dijo Lippy. “Ahora mismo, sé que me está impidiendo poder volver a trabajar, que es lo que quiero hacer. No soy una persona que se quede en casa. No soy alguien que vaya a quedarse sentado, simplemente no soy yo. Tengo que hacer algo”.

Lippy, quiere ver un sistema de compensación federal que sea justo para ella y otros que fueron perjudicados por las vacunas COVID. Como el gobierno ha protegido a los fabricantes de vacunas de toda responsabilidad, ahora ella no puede demandar a J&J. Lippy, como muchos otros, tampoco tiene una vía legal legítima para demandar al gobierno, salvo el CICP.

Los datos más recientes del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Vaccine Adverse Events Reporting System”,VAERS por sus siglas en inglés) mostró un total de 387.087 informes de eventos adversos de todos los grupos de edad después de las vacunas COVID, incluyendo 6.113 muertes y 31.240 lesiones graves entre el 14 de diciembre de 2020 y el 18 de junio de 2021.