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“Children’s Health Defense” (CHD) y varios padres han presentado hoy una demanda ante un tribunal federal contra una ley de Filadelfia que permite a los menores consentir la vacunación sin el conocimiento de sus padres, alegando que la legislación viola la doctrina constitucionalmente protegida del consentimiento informado y los derechos fundamentales de los padres.
La demanda alega que el Ayuntamiento de Filadelfia ha llevado a cabo durante los últimos 15 años una práctica de “guiño de complicidad” consistente en vacunar a los niños a espaldas de los padres sin su consentimiento informado, amparándose en la Normativa General de Consentimiento de Menores de 2007.
Esa norma permite a los niños de 11 años o más consentir la vacunación sin el conocimiento de sus padres siempre que reciban una “declaración informativa sobre la vacuna” (“vaccine information statement”, VIS) para la inyección administrada.
También exime de responsabilidad al administrador de la vacuna si el menor da su consentimiento.
El 14 de mayo de 2021, el Departamento de Salud Pública de la ciudad también promulgó un Reglamento de Consentimiento de Menores COVID-19 adicional, que permite a los niños de 11 años en adelante dar su consentimiento para la vacuna COVID-19 disponible bajo la Autorización de Uso de Emergencia.
En virtud de esa normativa, los niños podían dar su consentimiento si recibían la hoja informativa de la U.S. “Food and Drug Administration”, ya que en aquel momento no existía el COVID-19 VIS.
Tricia Lindsay, abogada de los demandantes, declaró a “The Defender” que en este caso están en juego los derechos fundamentales de los padres para dirigir la educación de sus hijos:
“La única vez en la que un progenitor pierde los derechos sobre sus hijos es cuando se demuestra fehacientemente que no es capaz de hacerse cargo de su hijo.
“Pero aquí el gobierno de Filadelfia está emitiendo una declaración general y quitando los derechos de los padres sin el debido proceso, y esa es una de las mayores violaciones jamás cometidas”.
Están utilizando poderes de emergencia y la excusa de la preocupación por la “salud y la seguridad” para justificarlo. Pero es camuflaje. Es un caballo de Troya. Están utilizando estas palabras de moda para justificar su tiranía … que es la forma es que se verbaliza la actitud de eliminar los derechos fundamentales de una persona sin el debido proceso.”
Siete padres de Pensilvania se unieron a CHD para demandar a la ciudad de Filadelfia, a su Departamento de Salud Pública y a la Comisionada de Salud de la ciudad, Cheryl Bettigole, M.D., MPH, alegando que la normativa viola sus derechos.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Pensilvania, afirmaba que esas normativas también “plantean cuestiones preocupantes de consentimiento informado, libertad religiosa, derechos de los padres y garantías procesales, implicando tanto a la Constitución de Estados Unidos como a la Constitución de la Commonwealth de Pensilvania y otras leyes federales y de la Commonwealth”.
Los demandantes piden al tribunal que declare ilegales las normativas sobre consentimiento de menores de 2007 y 2021 de Filadelfia y que impida su aplicación.
La presidenta de CHD, Mary Holland, declaró a “The Defender”:
“Es absurdo imaginar que es seguro o deseable que los niños de 11 años tomen por sí solos decisiones médicas que pueden alterar sus vidas sin la orientación, el conocimiento o el consentimiento de sus padres. Las llamadas normativas de consentimiento de Filadelfia violan las leyes estatales, federales y constitucionales. Me alegra que CHD pueda ayudar a poner fin a estas normativas que en realidad ponen en peligro la salud de los niños.”
Ley Nacional de Lesiones Causadas por Vacunas Infantiles y VIS
Los demandantes alegan que la normativa de Filadelfia entra en conflicto con los requisitos de consentimiento de la Ley Nacional de Lesiones Causadas por Vacunas en la Infancia de 1986 (NCVIA, por sus siglas en inglés), la ley federal que tiene primacía sobre las leyes locales contradictorias en este tipo de asuntos, según la Constitución de Estados Unidos.
También argumentan que los complicados requisitos para solicitar una indemnización -si alguien resulta dañado por una vacuna protegida por la NCVIA- serían incomprensibles para la mayoría de los niños, si no para todos.
Según la NCVIA, los fabricantes de vacunas están protegidos de responsabilidad por los efectos adversos de una vacuna si éstos figuran en su “Tabla de daños por vacunas“. El cuadro enumera las vacunas cubiertas, sus daños reconocidos y los plazos en los que deben producirse dichos daños para ser considerados indemnizables.
La responsabilidad por daños causados por las vacunas enumeradas en el cuadro no puede perseguirse ante un tribunal ordinario, sino que se indemniza a través del Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP).
El VICP también puede indemnizar por un daño causado por una vacuna cubierta, aunque el daño no figure como indemnizable en el cuadro de daños causados por vacunas. Sin embargo, el proceso legal y administrativo es más complicado.
Incluso para los daños incluidos en la lista, puede ser difícil obtener una indemnización del VICP. La acumulación de casos es considerable y los procedimientos se alargan a menudo por polémicas batallas periciales.
La NCVIA ordena que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. cree y publique VIS que detallen los riesgos y posibles efectos adversos asociados a las vacunas cubiertas. Esas hojas deben presentarse a los padres o tutores legales de los niños antes de la administración de la vacuna.
El VIS es importante, dice la denuncia, para que los padres puedan reconocer los acontecimientos adversos si se producen y cuando se producen, y buscar el tratamiento médico necesario y también documentar dichos acontecimientos a tiempo, lo que es esencial para solicitar una indemnización a través del VICP.
“Si un padre no es consciente de lo que su hijo ha hecho”, dijo Lindsay, “entonces no saben qué buscar y no saben si el problema que están viendo está relacionado con una vacuna”.
La NCVIA exige específicamente que los VIS se presenten sin jerga y de forma sencilla que los padres puedan entender.
La NCVIA no menciona hacerlas comprensibles para los niños, porque sus redactores nunca imaginaron que los niños tendrían que entenderlas por sí mismos, alega la denuncia.
“La NCVIA simplemente no contempla que un niño pueda ser vacunado sin el consentimiento de sus padres”, afirma la demanda. “Todo lo contrario: el lenguaje de la NCVIA es claro en el sentido de que el VIS se proporciona al progenitor capaz de ofrecer un consentimiento informado en nombre de su hijo”.
Pero esta ley, alega la demanda, elimina por completo a los padres de la ecuación.
¿Qué ocurre con los daños causados por la vacuna COVID?
Las vacunas COVID-19 no están cubiertas por la NCVIA ni por el VICP.
En cambio, en virtud de la Ley de Preparación Pública y Preparación para Emergencias (PREP), las personas dañadas por una vacuna o “contramedida” COVID-19 sólo pueden solicitar una indemnización en el marco del Programa de Indemnización por Lesiones Causadas por Contramedidas (CICP).
Desde 2010, cuando el CICP aprobó su primera reclamación, el programa ha indemnizado un total de 36 reclamaciones por daños causados por vacunas; seis de esas indemnizaciones fueron por daños relacionados con la vacuna COVID-19.
La denuncia también señalaba que las vacunas COVID-19 disponibles para los niños de 11 años aún están en fase de investigación. “Los niños no son capaces de comprender los riesgos asociados a una vacuna novedosa y no pueden apreciar que no existen estudios a largo plazo sobre la seguridad o eficacia de estas vacunas”, afirma la denuncia.
Lindsay dijo que era especialmente preocupante que Filadelfia incluyera específicamente las vacunas COVID-19 en la normativa y que ésta siguiera vigente a pesar de que la administración Biden puso fin a la emergencia de salud pública de la COVID-19 en mayo.
Ella explicó:
“¿Por qué íbamos a extender aún más este riesgo a una vacuna novedosa, que ahora sabemos que tiene muchos más problemas? ¿Por qué íbamos a inscribir a niños en un experimento masivo y privarles de su tutor, la persona que está en primera línea, que está ahí para protegerlos, cubrirlos, guiarlos?
“No tiene nada que ver con los beneficios de los niños, porque, si así fuera, te dirigirías al tutor de ese niño, la persona a la que se le ha dado la autoridad y tiene la responsabilidad de ese niño para ver que ese niño está seguro y permitirle tomar una decisión informada sobre lo que considera mejor para su hijo”.
¿Pueden los niños de 11 años dar su consentimiento informado para intervenciones médicas?
La denuncia cita una larga lista de actividades que suelen estar restringidas para los menores o restringidas sin el consentimiento paterno en Pensilvania.
Por ejemplo, los menores de 21 años no pueden comprar alcohol ni tabaco ni entrar en un casino. Una persona debe tener 18 años para firmar un contrato o inscribirse en los servicios selectivos sin el consentimiento paterno. Hay que tener 16 años para donar sangre y 14 para consentir un tratamiento de salud mental.
También es ilegal, señala la denuncia, que los farmacéuticos administren vacunas a niños a partir de 5 años sin el consentimiento paterno.
Según la denuncia:
“El Reglamento de Consentimiento de Menores de Filadelfia da la vuelta a estos requisitos. En lugar de proteger a los niños, el Reglamento de Consentimiento de Menores de Filadelfia permite que cualquier niño entre en una ‘clínica emergente’ de vacunas temporal o en cualquier otro lugar por capricho, se suba la manga y reciba una vacuna sin el conocimiento de sus padres y, lo que es aún más importante, sin el velo protector del consentimiento de sus padres. …
“El Reglamento de Consentimiento de Menores es un castillo de naipes construido sobre la presunción sin fundamento, insostenible y absurda de que todo niño de Filadelfia a partir de los once años es capaz de dar un verdadero consentimiento informado, que todo niño conoce su propio historial médico, el de su familia, y puede determinar realmente los posibles riesgos graves y los supuestos beneficios de un tratamiento, y puede leer y comprender cualquier información escrita -escrita para adultos- que se le presente sin más explicaciones.”
La demanda alega que es probable que los niños no puedan comprender plenamente los VIS, y mucho menos dar su consentimiento para las vacunas. El informe señala que los niños de Filadelfia obtienen resultados muy bajos en lectura: sólo el 34% de los alumnos de primaria y el 43% de los de secundaria superan el nivel de competencia en lectura.
También suscita preocupación el hecho de que ni siquiera se exija una prueba concreta de que el niño ha dado su consentimiento.
Esto, dicen los demandantes, entra en conflicto tanto con la NCVIA federal como con la ley de Pensilvania. Esta última exige el consentimiento informado por escrito de los padres antes de que un médico pueda realizar procedimientos médicos o quirúrgicos a un niño.
La demanda citaba el caso Troxel contra Granville del Tribunal Supremo y una serie de otros casos que determinaron que “el interés de los padres en el cuidado, custodia y control de sus hijos” es un derecho protegido por la Constitución.
Otros pleitos y luchas menores por el consentimiento
Cuando comenzó la pandemia, la mayoría de los estados contaban con leyes que exigían el consentimiento paterno para la vacunación, con algunas excepciones limitadas. Pero una vez que las vacunas estuvieron disponibles, algunos estados y localidades intentaron rebajar la edad a la que los niños podían consentir la vacunación por su cuenta.
Durante la campaña de vacunación COVID-19 de Tennessee, el Departamento de Salud del estado invocó la “doctrina del menor maduro” para permitir que los menores de 14 años o más fueran vacunados sin el consentimiento de sus padres.
Pero en respuesta a la movilización popular y a los testimonios de CHD, los legisladores de Tennessee aprobaron en abril una ley que obliga a los profesionales sanitarios a obtener el consentimiento de los padres o tutores legales antes de vacunar a un menor.
En marzo de 2022, CHD se impuso en una demanda contra la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, el Departamento de Salud de Washington, D.C. (D.C. Health) y las escuelas públicas de Washington, D.C., después de que el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia (U.S. “District Court for the District of Columbia”) emitiera una orden para conceder un requerimiento preliminar que prohibía a las escuelas aplicar la Ley de Enmienda del Consentimiento de Menores para Vacunaciones de D.C. de 2020, una ley que habría permitido vacunar a niños de hasta 11 años sin el conocimiento o consentimiento de sus padres.
En esa demanda, el Tribunal de Distrito de D.C. falló a favor del argumento de CHD de que la NCVIA se adelantaba a la ley de D.C. que intentaba rebajar la edad de consentimiento para la vacunación a los 11 años, e impedía que el alcalde del Distrito de Columbia, el Departamento de Salud de D.C. y las escuelas públicas de D.C. aplicaran la ley.
El tribunal, en ese caso, comentó específicamente la función prevista del VIS:
“Si el Congreso no hubiera querido que el representante legal de un niño recibiera un VIS cuando su hijo recibiera una vacuna, entonces la frase ‘los representantes legales de cualquier niño’ sería superflua. Todo lo que el Congreso habría necesitado decir es que un proveedor de asistencia sanitaria debe entregar un VIS ‘a cualquier persona a la que dicho proveedor pretenda administrar dicha vacuna’. Pero no lo hizo”.
En junio, los legisladores neoyorquinos también intentaron aprobar el proyecto de ley S762A del Senado, que habría permitido vacunar a menores sin el conocimiento o consentimiento de los padres. Pero los esfuerzos populares, incluidos los emprendidos por CHD, impidieron que se codificara en la legislación del estado de Nueva York.