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Los legisladores de California asestaron la semana pasada un golpe definitivo a la polémica ley estatal de “información médica errónea”, que pretendía castigar a los médicos por difundir COVID-19 “información errónea” o “desinformación”.
El proyecto de ley de la Asamblea 2098 (AB 2098) silenciosamente se dejó a un lado el 14 de septiembre cuando los legisladores votaron 35-1 para aprobar otro proyecto de ley, Proyecto de ley del Senado 815 (SB 815), que incluía una cláusula que derogaba la AB 2098. SB 815 reformala forma en que la Junta Médica de California debe abordar las quejas de los pacientes.
Mary Holland, Presidenta de “Children’s Health Defense” (CHD), comentó la noticia:
“Es probable que la legislatura californiana se diera cuenta de que su ley iba a ser declarada inconstitucional, por lo que intentó hundirla discretamente. Este es un ejemplo de cómo las victorias legales pueden conducir a victorias legislativas, y esto es definitivamente una victoria cuando los médicos pueden practicar la medicina libremente.”
AB 2098, firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2022, entró en vigor el 1 de enero.
Sin embargo, menos de un mes después, un juez federal bloqueó el proyecto de ley al conceder una medida cautelar solicitado por CHD, en relación con la demanda de CHD que impugna el proyecto de ley.
Los abogados de CHD presentaron la demanda el 1 de diciembre de 2022 contra el fiscal general de California, Rob Bonta, y la ejecutiva de la Junta Médica Osteopática de California, Erika Calderon, en nombre del Dr. LeTrinh Hoang, “Médicos por el Consentimiento Informado”y CHD-Delegación de California.
Otra demanda, presentada por cinco médicos en enero de 2023 contra Newsom, alegaba que la ley violaba los derechos de la Primera Enmienda de los médicos.
Hasta la aprobación la semana pasada de la SB 815, la ley de “información médica errónea” estaba estancada en el “limbo jurídico.”
AB 2098 estableció que los médicos que den información “falsa” sobre COVID-19 a los pacientes use estaban involucrando en una conducta no profesionallo que podría someterlos a medidas disciplinarias por parte de la Junta Médica de California o la Junta Médica Osteopática de California.
“Información errónea” se definió en la ley como “información falsa que contradice el consenso científico contemporáneo contrario al tratamiento estándar”.
Según “Los Angeles Times”,aunque la ley afectaba directamente al discurso entre médicos y pacientes, “no se aplicaba a ninguna reivindicación marginal aireada en foros públicos como las redes sociales o la escalinata del Capitolio”. Un análisis legislativo determinó que “tales disposiciones probablemente no sobrevivirían a una impugnación de la 1ª Enmienda en los tribunales”, añadió el “L.A. Times”.
El abogado Richard Jaffe, que representó a CHD en su demanda, dijo que se espera que la derogación pronto se convertirá en ley por Newsom y probablemente entrará en vigor el 1 de enero de 2024.
Según Kim Mack Rosenberg, consejera general en funciones de CHD, “tengo entendido que el proyecto de ley fue enviado a la Oficina de incorporación y matriculación – un paso legislativo final antes de ir a la oficina del gobernador”.
Jaffe calificó la aprobación de la ley SB 815 de “gran victoria para los defensores de la libertad de expresión, especialmente para la gente que quiere poder recibir información y consejos sinceros de sus médicos, incluso si la información no coincide con la narrativa dominante de COVID”.
“Esta acción de la legislatura de California”, dijo Jaffe a “The Defender” “protege la relación médico-paciente, lo cual es algo muy bueno”. Sin embargo, dijo, esto no significa que los médicos que puedan desafiar la narrativa dominante estén completamente fuera de peligro todavía.
El abogado de California, Greg Glaser, estuvo de acuerdo:
“La buena noticia es que la ley de censura de los legisladores californianos ha terminado de forma efectiva, lo que supone una victoria para médicos y pacientes.
“La mala noticia es que esto dará a los tribunales una razón para decir que las demandas son discutibles, lo que significa que los precedentes legales pueden ser limitados en caso de una futura emergencia en la que los médicos podrían ser censurados de nuevo”.
Según “MedPageToday”las juntas de licencias médicas “aparentemente tenían autoridad todo el tiempo”.
Jaffe dijo que la junta médica de California “podría no haber captado el mensaje todavía, así que puede que aún tengamos trabajo por hacer”.
Una gran vergüenza para Newsom y la Supermayoría.
Su ley de censura médica COVID ha sido tan condenada en todo el espectro político y tan rotundamente rechazada por los tribunales que la Asamblea Legislativa está derogando su propia ley un año después de su aprobación. pic.twitter.com/7ZChvUSfIv
– Kevin Kiley (@KevinKileyCA) 11 de septiembre de 2023
La derogación de la ley AB 2098 “no tiene precedentes”
La cláusula añadida al SB 815 que derogaba la “información médica errónea” cogió por sorpresa a algunos, incluidos los demandantes y los abogados directamente implicados en las demandas contra el proyecto de ley de la asamblea.
Según “Just the News”El Comité de Apropiaciones de la Asamblea mencionó la disposición de derogación en el SB 815 en un audiencia del 1 de septiembre pero no en el análisis del proyecto de ley de fecha 21 de agosto.. La propia Junta Médica no mencionó ninguna disposición de este tipo en su reunión del 24 de agosto o en el orden del día.”
La cláusula se incluyó en el 5 de septiembre y el 11 de septiembre versiones del SB 815, y fue “mencionada en dos análisis de la Asamblea la semana pasada, sin más detalles”.
GRANDES NOTICIAS: Hace unos días, la SB815 fue modificado calladamente para incluir una disposición que derogará AB2098, la ley de censura médica. Supongo que el Estado no se siente bien acerca de sus posibilidades de prevalecer desde que obtuvimos una orden judicial preliminar contra esta ley inconstitucional. pic.twitter.com/cRxdx7QH2Z
– Laura Powell (@LauraPowellEsq) 11 de septiembre de 2023
Jenin Younes, abogada de la Nueva Alianza para las Libertades Civiles(“Nueva Alianza para las Libertades Civiles”) que representó a los demandantes en el caso Høeg contra Newsomdijo a “The Defender” que la abolición de la AB 2098 fue un acontecimiento inesperado.
“Ignorábamos hasta hace unos días que la legislatura estatal está dando el paso casi sin precedentes de derogar su propia ley menos de un año después de haber sido aprobada”, dijo.
“Esperamos que la legislatura estatal aprenda una lección de este episodio y tenga en cuenta los derechos de los californianos a la hora de redactar y aprobar leyes, en lugar de intentar ganar un concurso de popularidad con electores extremistas que creen que es apropiado censurar opiniones de oponentes ideológicos”, añadió Younes.
Otra victoria para la libertad médica en California. Es un honor haber sido demandante en el caso que forzó la derogación de esta terrible ley, que era una ley mordaza sobre los médicos que violaba nuestros derechos constitucionales. https://t.co/FCbR2jRALm
– Aaron Kheriaty (@AaronKheriatyMD) 12 de septiembre de 2023
“La libertad sanitaria está ganando”
El pediatra y ex senador del Estado de California, Richard Pan, (demócrata de Sacramento) fue coautor de AB 2098. En octubre de 2022 declaró al “L.A. Times” que el proyecto de ley se redactó pensando en ejemplos “extremos” de “información errónea”.
Según el “L.A. Times”, la AB 2098 “fue respaldada por la Asociación Médica de California que representa a casi 50.000 médicos de todo el estado”.
Sin embargo, según “Just the News”, el mismo grupo “ha estado en pie de guerra contra la SB 815,en parte porque aumentaría drásticamente las tasas de renovación de licencias de los médicos”. Sin embargo, el mismo informe señaló que “no está claro si el grupo se ha pronunciado en contra de la disposición de derogación.”
El “L.A. Times” señaló el 11 de septiembre que “incluso los más acérrimos detractores de la información médica errónea consideraron el proyecto de ley un arma defectuosa en la lucha contra las falsedades”, añadiendo que “la legislación de California ya prohíbe a los médicos mentir a sus pacientes o dispensar consejos médicos de mala calidad que no cumplan la norma de atención médica para todas las enfermedades, incluida la COVID-19”.
El mismo informe citaba al asambleísta californiano Evan Low (demócrata de Silicon Valley), coautor de la ley AB 2098, señalando que no parecía “preocupado” por la inminente derogación de la ley.
“Afortunadamente, con esta actualización, la Junta Médica de California seguirá manteniendo la autoridad para exigir responsabilidades a los licenciatarios médicos que se desvíen de la norma de atención e informen erróneamente a sus pacientes sobre los tratamientos con COVID-19”, declaró un portavoz de Low.
Newsom también expresó anteriormente algunas reservas sobre el proyecto de ley. En su declaración de firma de septiembre de 2022, escribió que le “preocupaba el efecto inhibitorio” de intentar legislar las conversaciones entre médicos y pacientes.
En declaraciones al programa “Meet the Press” de la NBC el 8 de septiembre, Newsom dijo: “Lo habríamos hecho todo de otra manera”, refiriéndose a la respuesta global de California al COVID-19.
Ray Flores, abogado principal de CHD, dijo que los comentarios de Newsom eran “muy reveladores”, y añadió: “Aunque puede que no sea indicativo de un momento de epifanía o una iluminación, sin duda indica una retirada y confirma que estamos ganando”, dijo Flores.
Glaser declaró a “The Defender”: “Leyendo entre líneas, la legislatura teme que los tribunales federales sigan criticando y anulando el intento de la legislatura de censurar a los médicos. Esto significa que la libertad sanitaria está ganando”.
“Incluso los constitucionalmente obtusos captan el mensaje”
“Just the News” informó de que un “factor potencial en la disposición de derogación” fue la oposición de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California, que presentó un amicus curiae en las cuatro demandas contra la AB 2098.
Aparte de Hoang contra Bonta y Høeg contra Newsom, las otras demandas que impugnaban la AB 2098 eran McDonald contra Lawson y Couris contra Lawson. Jaffe compartió con “The Defender” un resumen de la situación de las cuatro demandas.
Según Jaffe, McDonald contra Lawson, presentado en octubre de 2022, fue desestimado al mes siguiente por falta de legitimación, pero posteriormente se volvió a presentar en diciembre de 2022. Ese mismo mes se denegó una solicitud de medida cautelar de los demandantes, pero se recurrió y en julio se celebraron los alegatos orales, quedando pendiente la decisión.
Høeg contra Newsom se presentó en noviembre de 2022 y fue uno de los dos casos, junto con Hoang contra Bonta, para los que se dictó un requerimiento preliminar en enero. Según Jaffe, Bonta no recurrió la orden preliminar.
Y Couris contra Lawson se presentó en diciembre de 2022, pero posteriormente fue suspendido por un juez federal de San Diego a la espera del resultado de la apelación en McDonald contra Lawson. Según Jaffe, la suspensión fue recurrida por los demandantes y su recurso se consolidó posteriormente con el de McDonald contra Lawson.
Younes dijo a “The Defender” que, tras la votación del Senado, “estamos contemplando los próximos pasos en este momento, pero es poco probable que tomemos ninguna medida hasta que la derogación sea completa.”
El Tribunal de Apelación del 9º Circuito de EE.UU. escuchó posteriormente argumentos orales para McDonald contra Lawson y Couris contra Lawson el 17 de julio.
En su blog, Jaffe dijo: “Incluso los constitucionalmente obtusos entienden el mensaje”, y añadió: “Creo que la gota que colmó el vaso fue el hecho de que el panel del 9º Circuito golpeara al abogado del Fiscal General en la cabeza con información y preguntas extraídas directamente de la opinión del juez [William] Shubb sobre la orden preliminar“.
“Determinar que una ley está sujeta a un escrutinio estricto es el beso de la muerte en los litigios constitucionales”, escribió Jaffe.
Según el Instituto de Información Jurídica de la Facultad de Derecho de Cornell, “el escrutinio estricto es el más alto estándar de revisión que un tribunal utilizará para evaluar la constitucionalidad de la discriminación gubernamental”, bajo el cual las leyes deben estar “estrechamente adaptadas” para promover un “interés gubernamental imperioso”.
Jaffe señaló que una apelación está pendiente ante el Noveno Circuito, mientras que “las mociones cruzadas de juicio sumario sobre la constitucionalidad de la AB 2098 … están programadas para ser escuchadas” el 8 de enero de 2024, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de California, “siete días después de que la derogación de la ley entre en vigor.”
“Esta nueva derogación legislativa cambiará significativamente la dirección del caso”, dijo Glaser, refiriéndose al caso del Tribunal de Distrito Hoang contra Bonta y Høeg contra Newsom.
“Normalmente, a los jueces no les gusta decidir cuestiones constitucionales sobre leyes derogadas”, escribió Jaffe, señalando que la apelación del 9º Circuito puede considerarse ahora discutible como resultado. Sin embargo, en Hoang contra Bonta, Jaffe dijo: “Nuestra situación es un poco diferente”.
“Creo que somos partes vencedoras según la ley (a diferencia de los demandantes en el recurso McDonald pendiente ante la 9ª, que no consiguieron una orden judicial). Y eso significa que el Estado podría verse obligado a pagar el pato”, escribió Jaffe.
Jaffe dijo a “The Defender”: “Tendremos que esperar y ver. Teóricamente, el 9º Circuito podría emitir una opinión cualquier día, pero se sabe que se han dejado sin atender algunos casos durante más de un año después del argumento oral y sólo han pasado dos meses.”
“Puede ser difícil convencer a un tribunal de apelación de que tiene que emitir una decisión constitucional sobre un estatuto que se está derogando”, dijo.
Sin embargo, según Jaffe, “parece que la junta médica sigue pensando que tiene poder para sancionar a los médicos por información errónea sobre COVID-19 y ése es un problema sobre el que estamos reflexionando mucho”.
“Hay uno o dos casos pendientes relacionados con la información errónea sobre COVID a los pacientes, pero no ha habido ninguna resolución definitiva”, escribió en su blog.
Uno de los casos es el de la Dra. Ana Rebecca Reyna, internista. La Junta Médica de California presentó una acusación contra ella el 23 de junio alegando que hizo declaraciones “falsas” sobre las mascarillas y las vacunas COVID-19 a un paciente en abril de 2021, incluyendo que las vacunas contenían tejido fetal, dañaban el ADN y suponían un riesgo de aborto.
“MedPageToday” informó de que “una determinación final de la junta” está pendiente.
Según Rosenberg, “es posible que, incluso en ausencia de la ley, las juntas médicas sigan intentando controlar y castigar la expresión de los médicos, como han hecho en otros lugares. Pero la derogación de esta ley, cabría esperar, que al menos haría reflexionar a una junta médica”.
“Además, la derogación podría ser un argumento eficaz en cualquier procedimiento -ya sea ante una junta o iniciado por un médico ante un tribunal- de que es inconstitucional intentar limitar la expresión de los médicos, no sólo en el contexto de la relación médico-paciente, sino también en un discurso más público”, añadió.
Flores dijo a “The Defender” que tras “el argumento oral menos que estelar” del Estado ante el 9º Circuito, “creo que la Junta Médica de California, la Junta Médica Osteopática de California, el gobernador Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, han visto suficiente y están dispuestos a tirar la toalla.”
“Siempre he creído que la ‘pandemia’ no era más que un simulacro de lo que realmente tienen preparado: la tiranía. Para continuar esta racha de victorias será necesario ir siempre un paso por delante de ellos. Esa será la clave para preservar nuestras libertades constitucionalmente protegidas”, añadió.