El 17 de septiembre, “Children’s Health Defense” (CHD) presentó una moción de suspensión enmendada como seguimiento de su demanda, presentada el 31 de agosto, contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés) por aprobar y autorizar simultáneamente la vacuna COVID-19 de Pfizer en un clásico ejemplo de “ofrecer una cosa y dar otra”.

La acción de la FDA creó una enorme confusión, desorden y engaño respecto a las diferencias entre las dos vacunas de Pfizer.

La aprobación de la FDA supuestamente permitió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a la administración de Biden y a otras empresas estadounidenses exhortar a la gente a tomar vacunas “autorizadas” cuando, de hecho, las vacunas disponibles de forma rutinaria y que se están administrando en Estados Unidos siguen siendo las vacunas con la Autorización de Uso de Emergencia (“Emergency Use Authorization”, EUA por sus siglas en inglés) de Pfizer-BioNTech.

“La argucia engañosa de la FDA embauca a los militares desprevenidos, así como a gran parte de Estados Unidos, haciéndoles creer que reciben una vacuna con ciertas protecciones legales las cuales no están disponibles para las vacunas con EUA, dijo Mary Holland, presidenta y consejera general de CHD.

Holland añadió:

“La aprobación ilegal por parte de la FDA de la vacuna COVID-19 de Pfizer ha ayudado al Departamento de Defensa de Estados Unidos a justificar los estrictos mandatos de la vacuna COVID-19 los cuales han permitido que los miembros del ejército estadounidense sean amenazados con duras consecuencias por negarse a recibir la vacuna de EUA-Pfizer.”

Holland dijo que en el memorando o comunicado presentado el 18 de septiembre, para acompañar la moción enmendada de suspensión, “los demandantes detallan con sorprendente claridad el impacto que el esquema de la FDA tiene en nuestros hombres y mujeres de uniforme. Esto no habría existido sin las acciones ilegales de la FDA”.

Los 16 anexos al memorando incluyen declaraciones de 14 militares, que también son miembros de CHD. Según Holland, las declaraciones son ilustrativas de la coacción a la que se enfrentan los hombres y mujeres de las distintas ramas del servicio.

“Estos 14 hombres y mujeres, con rangos que van desde hombres y mujeres alistados hasta oficiales superiores, han puesto sus carreras en riesgo para presentar sus declaraciones”, dijo Holland.

Las declaraciones fueron seleccionadas entre más de 100 propuestas que CHD recibió durante dos días. Las declaraciones detallan las preocupaciones documentadas de cada miembro del servicio militar con respecto a la seguridad y la eficacia de las vacunas no autorizadas.

“Sus carreras no deberían terminar simplemente porque ejercen sus derechos bajo la ley federal”, dijo Ray Flores, uno de los abogados de la demanda. “Aunque estos miembros del servicio tienen el derecho legal de rechazar las vacunas disponibles, que mayoritariamente tienen EUA, corren el riesgo de sufrir daños irreparables en sus carreras, educación, propiedades y libertades civiles, incluyendo la baja deshonrosa, el descenso de categoría, el fin de sus beneficios de la VA, las pensiones y el seguro médico. Como muchos de ellos son el único sostén de la familia, sus familias también sufren”, dijo Flores.

Los militares que solicitaron exenciones religiosas, médicas y serológicas informan que sus comandantes ya les han dicho que todas las exenciones serán denegadas.

Un reglamento militar existente incluye lo siguiente como base para las exenciones de inmunidad natural adquirida: “Prueba de inmunidad basada en pruebas serológicas, infección documentada o circunstancias similares”. [AR 40-562 Ch. 2-6a. (1)(b)].

Más de la mitad de las declaraciones demuestran que el miembro del servicio ya ha adquirido la inmunidad natural al COVID. Al igual que le ocurre al resto de la población que se enfrenta a los mandatos, no se está teniendo en cuenta la inmunidad natural.

“Aunque el Departamento de Defensa sabe que es contrario a la ley imponer vacunas experimentales a nuestros hombres y mujeres de uniforme, los engaña, discrimina y coacciona sin piedad para que participen en un experimento ilegal”, dijo Flores.

Agregó:

“En Doe # 1 v. Rumsfeld, 297 F. Supp. 2d 119, 135 (2003)el juez Sullivan concluyó: “Los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas arriesgan sus vidas cada día para preservar y salvaguardar las libertades que todos los estadounidenses aprecian y disfrutan. En ausencia de un consentimiento informado o de una exención presidencial, los Estados Unidos no pueden exigir que los miembros de las fuerzas armadas sirvan también de conejillos de indias para medicamentos experimentales”. Esta vez, la abyecta anarquía de la FDA allanó el camino para que los militares estadounidenses trataran a nuestros héroes de uniforme como conejillos de indias para medicamentos experimentales e impuso un castigo que puso fin a la carrera de cualquier miembro del servicio que se atreviera a defender sus derechos.”