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octubre 05, 2020

El primer ministro británico Boris Johnson, abuso sistémico de los pacientes y represión del Estado

Comentario como invitado por John Stone, Editor del Reino Unido, Age of Autism

En estos días, cada país parece haber desarrollado sus propios métodos burocráticos para infligir  dolor a sus ciudadanos. Este artículo documenta la complicidad del estado y los políticos británicos en la práctica deliberada y continua del abuso médico. Es el resultado del informe reciente realizado por Julia (baronesa) Cumberlege, política conservadora veterana, sobre casos de daño iatrogénico (médico) y abuso de pacientes. A pesar de que el informe, First Do No Harm encargado por el exsecretario de salud Jeremy Hunt, era excelente en sí mismo, solo analizó tres áreas: la prueba de embarazo hormonal (abandonada hace mucho tiempo a fines de la década de 1970), el medicamento para la epilepsia, valproato de sodio, y los implantes de malla vaginal. En el momento de encargar el informe, Hunt ya había declarado:

“Es un principio esencial de la seguridad del paciente que el marco regulatorio dé suficiente voz a las preocupaciones legítimas notificadas por pacientes, familias y activistas, que trabaje junto a ellos y que responda de una manera rápida, abierta y compasiva para resolver los problemas cuando se plantean. Mi opinión es que en estos tres casos eso no sucedió del modo que yo esperaría”.

Más bien parece que bajo el lema de “primero no hacer daño”, el imperativo real es ver cuánto daño se puede cometer a escala industrial, sin tener que rendir cuentas.

Estas son intenciones excelentes, pero la pregunta sigue siendo si el gobierno británico está preparado para investigar el abuso en áreas distintas a éstas. Parece poco probable que los asuntos involucrados, como la falta de identificación de daños graves y el hecho de ignorar a los pacientes o sus representantes cuando hablan sobre efectos secundarios horribles, solo hayan ocurrido en relación con estos tres grupos de productos. Al respecto, Julia Cumberlege me ha escrito:

“Nuestra revisión se centró en 3 intervenciones médicas particulares, según nuestros términos de referencia, y como tal, no podemos comentar nada fuera de este ámbito. Sin embargo, esperamos que nuestras recomendaciones, en el caso de que se implementen, tengan un impacto de gran alcance en muchas áreas del Servicio de Salud”.

Se podría pensar que si el gobierno quiere alentar la aceptación de la nueva colección de vacunas COVID-19 que se están preparando para desplegar en la población, querría tranquilizar a la gente sobre sus preocupaciones sobre cualquier daño resultante. Pero, obviamente, esta no es la forma que están utilizando, sino que se está en proceso de tomar medidas para proteger al gobierno, a los fabricantes y al ejército irregular de médicos semimédicos que se están contratando para administrar los productos. E incluso en el contexto habitual de negligencia médica del gobierno, la retórica del primer ministro Boris Johnson es excepcionalmente dura y grosera. Más bien parece que bajo el lema de “primero no hacer daño”, el imperativo real es ver cuánto daño se puede cometer a escala industrial, sin tener que rendir cuentas.

Recientemente, recopilé una colección de citas de expresiones que incitan al odio realizadas por el primer ministro Boris Johnson sobre los críticos de la vacunación en una carta al British Medical Journal en línea. Esto es una forma de volver loca a la gente y es grotesco que un político moderno se rebaje tanto:

Con respecto al uso del término “Anti-vacunas”

Gracias Karyse Day por llamar la atención sobre el problema del prejuicio y la intimidación inherentes al término “anti-vacunas”. El término ha existido quizás desde el siglo XIX, pero ha evolucionado en un nuevo contexto. Hace tres años llamé la atención sobre las declaraciones de Seth Berkley, director de la organización del lobby de vacunas GAVI, en el Spectator proponiendo que los “anti-vacunas” fueran excluidos de las redes sociales, lo que significaba en efecto no solo que a determinadas personas se les niegue el uso de las redes sociales, sino también que las críticas a las vacunas no deberían permitirse de forma genérica, un asunto extremadamente serio.

Desafortunadamente, esto también ha sido un caballo de batalla del actual Primer Ministro. En agosto del año pasado, Reuter registró a Boris Johnson diciendo:

“Me temo que la gente ha estado escuchando esas supercherías supersticiosas en Internet, todas esas cosas anti-vacunas…”

El 24 de septiembre de 2020 dijo a la ONU:

“En la actualidad, hay personas que todavía están en contra de la ciencia, todo un movimiento llamado ‘los anti-vacunas’ que se niegan a reconocer la evidencia de que las vacunas han erradicado la viruela y que con sus prejuicios están poniendo en peligro a los mismos niños que quieren proteger.”

En febrero de este año, el Sunday Telegraph informaba:

“Publicar propaganda contra las vacunas en las redes sociales podría convertirse en un delito, dice el Comisionado de la Ley …

La nueva Comisionada de la Ley, Penney Lewis, está dirigiendo una amplia revisión sobre si las leyes de delitos y abusos del Reino Unido son adecuadas para la era de las redes sociales…”

Y una vez más se citó al Primer Ministro el mes pasado:

“Ahora existen todos estos anti-vacunas”, dijo Johnson a los profesionales sanitarios en una consulta médica en Londres. “Están chiflados, están chiflados”.

Aunque hay mucha gente harta, tengo serias dudas de que haya un movimiento llamado “los anti-vacunas” o que estén publicando propaganda; en el mejor de los casos, esta es una afirmación simplista. En un momento en que el gobierno supuestamente está tratando de ganarse la confianza para una gama de posibles vacunas SAR-CoV-2, el continuo desprecio y represión que se dirige hacia las personas que plantean preguntas sobre una clase de productos, que después de todo no pueden ser inherentemente seguros, habla por sí mismo. Crea una atmósfera de prejuicio e intimidación, como se describe en la revisión de Cumberlege y debe verse y entenderse como lo que es.

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