Nuevos documentos sugieren que el Instituto Nacional de Salud (NIH) posee la mitad de la patente clave de la controvertida vacuna COVID de Moderna y podría cobrar la mitad de las ganancias por derechos. Además, cuatro científicos de los NIH han presentado su propia solicitud de patente que les permite obtener derechos de autor como co-inventores. Estas actuaciones son la fórmula perfecta para la corrupción regulatoria.